La Fiscalía pide para Torra un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeras, ha solicitado este martes en su escrito de acusación un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia al no haber retirado los lazos amarillos de los edificios públicos tras los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) durante la campaña de las elecciones municipales del 26 de mayo.

En un escrito presentado ante el instructor del procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Ministerio Público precisa que la inhabilitación que reclama debe extenderse al ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo así como para el ejercicio de funciones de gobierno. "La inhabilitación conlleva la privación definitiva de estos empleos o cargos públicos y los honores que le sean anejos", dice el escrito.

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Así, una condena en el futuro juicio que se espera el próximo otoño, supondría una retirada temporal del escenario político del actual president de la Generalitat. El escrito describe los hechos y asegura que pese "a la claridad de la orden" que dio la Junta Electoral para que el Govern retirada la simbología política del Palau y otros puntos, "este decidió desatenderla" a sabiendas de que era firme en vía administrativa y que debía proceder "sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento".

La Fiscalía señala que Torra se agarró a la excusa de un supuesta imposibilidad de cumplimiento de la instrucción dada la multitud de edificios que exhibían lazos y pancartas de apoyo a los presos del 'procés' y se escudó en un informe reclamado al Síndic de Greuges cuya opinión "resultaba de todo punto intrascendente aunque no inane". Incide en que, además, el informe en cuestión obraba en poder del 'president' desde días antes.

Tras reiterar, incluso en una nota de prensa a los medios, que no retiraría los símbolos, "evidenciando su desprecio a acatar la orden, sustituyó en el balcón del Palau la pancarta con el lazo amarillo por otra idéntica con el lazo en color blanco". "Vista la contumacia del acusado", describe de forma irónica el escrito, la JEC dictó un nuevo acuerdo en el que ordenaba a los Mossos d'Esquadra la retirada. A lo largo del día 22, se dio cumplimiento a la orden requerida.

El procedimiento se abrió en marzo a instancias de la Fiscalía General del Estado que ya apuntaba en su querella a delitos similares. Las partes disponen ahora de un plazo para que informen. Acabado el trámite, la presumible decisión de continuar adelante coloca la celebración de la vista a finales de septiembre o principios de octubre. En plenos fastos del aniversario del 1-O y en la horquilla en la que también se espera la sentencia del 'procés'. Solo otro de los juicios pendientes, el que debe celebrarse contra la Mesa del Parlament por el 'procés' puede alterar este calendario. El abogado del 'president', Gonzalo Boye, ha socilitado ya la recusación del instructor.

La sentencia, avisan las fuentes consultadas, no se hará esperar. El procedimiento no es complejo y solo se acusa a una persona por lo que el juicio se espera rápido y la resolución también. A finales de año, Torra podría llevar sobre los hombros una prohibición de ejercer cargo público. En caso de resultar condenado, le quedaría la carta de acudir en amparo al Tribunal Supremo.