El grupo de trabajo de la ONU exige poner en libertad a Forn, Romeva, Rull y Bassa

El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU ha pedido la libertad "inmediata" de los 'exconsellers' Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que están en prisión preventiva por el proceso independentista y han sido juzgados por el Tribunal Supremo acusados de un presunto delito de rebelión.

El informe del grupo concluye que el encarcelamiento de Forn, Rull, Romeva y Bassa "contraviene" varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y pide que se les ponga inmediatamente en libertad y se les conceda una indemnización y otros tipos de reparación.

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EFE

Este es el segundo dictamen del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU sobre los presos soberanistas: en mayo ya emitió un informe en el que pedía la libertad del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el diputado de JxCAT y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez.

El dictamen también pide al Gobierno hacer una "investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad" de los cuatro 'exconsellers', que adopte las medidas pertinentes contra los responsables de su encarcelamiento, y difundir el informe por todos los medios posibles.

El grupo sostiene que las acciones de Forn, Rull, Romeva y Bassa "no fueron violentas, ni tampoco buscaron incitar a la violencia, ni sus conductas dieron como resultado hechos u actos de violencia", sino que considera que ejercieron pacíficamente los derechos y libertades recogidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Hace referencia a la decisión del tribunal alemán, que dejó en libertad al expresidente Carles Puigdemont, ya que señaló que no hubo violencia en los hechos imputados a los presos soberanistas, y considera "relevantes" las declaraciones de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, cuando dijo que habían descabezado al movimiento independentista.

Así, el informe llega a la conclusión de que el encarcelamiento de Forn, Rull, Romeva y Bassa, y el juicio del 1-O "tienen por objeto coaccionarlos por sus opiniones y expresiones políticas en torno a la independencia de Cataluña e inhibirlos de perseguir ese fin por medios políticos".

"La detención es arbitraria por ser el resultado del ejercicio del derecho a las libertades de opinión, expresión, asociación, reunión y participación. Por otro lado, no se ha podido constatar que los jueces o el Gobierno hayan analizado y concluido que existan bases legítimas, necesarias y proporcionales para restringir esos derechos humanos", subraya.

Además, sostiene que el juicio del 1-O debería hacerse en tribunales catalanes y no en el Tribunal Supremo porque los hechos que se juzgan ocurrieron en Cataluña, y que la privación de libertad de los presos ha ido en "detrimento de las garantías fundamentales" del juicio.