La UCO implica a Aguirre en la caja B del PP de Madrid y confirma los pagos de Indra

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que el Partido Popular de Madrid se financió con donaciones ilegales de Indra. El dinero llegó a la formación a través de una red societaria controlada por testaferros y empresarios amigos. El flujo de estos fondos irregulares se habría mantenido activo al menos entre 2008 y 2013, y permitió a los populares madrileños inyectar en su caja B un total de 1.054.247 euros. Los investigadores implican en la trama a Esperanza Aguirre y a sus hombres de confianza en el Gobierno regional, Ignacio González y Francisco Granados.

Así consta en un nuevo informe de la UCO incorporado al sumario del caso Púnica, al que ha tenido acceso El Confidencial, que se centra en las relaciones comerciales de Indra con un grupo de mercantiles dedicadas teóricamente a la formación de empleados, la comunicación y la publicidad. Los agentes sostienen que la tecnológica española, participada por el Estado, pagó a esta red de sociedades, controladas por el empresario Óscar Sánchez Moyano, servicios que en realidad nunca se prestaron. Como adelantó este diario, la propia Indra admitió que había localizado las facturas bajo sospecha pero no había encontrado ningún elemento que probara que efectivamente había recibido alguna contraprestación a cambio.

Una vez estaba el dinero en las empresas de Sánchez Moyano, se ponía en marcha la segunda fase. Los fondos de Indra eran nuevamente transferidos a otro grupo de compañías gestionadas por un administrador distinto, el publicista Juantxo Madoz, proveedor habitual de Génova. Una vez allí, el dinero de la cotizada se usaba para sufragar costes no declarados de campañas electorales del PP o para asumir otros gastos ordinarios del partido.

En realidad, el dinero de las donaciones no salía de Indra, sino del presupuesto madrileño. La UCO vincula esas aportaciones con las adjudicaciones millonarias concedidas a la tecnológica por un ente público tutelado por el Gobierno de Aguirre, la antigua Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, más conocida por sus siglas, ICM. En concreto, esta empresa pública asignó contratos por importe de 16,1 millones de euros en 2011; de 13,2 millones en 2012, y de 15 millones en 2013.

Según los expertos en delitos económicos del Instituto Armado, la salida de fondos desde Indra hacia el PP comenzó al menos en 2008 para sufragar presuntos gastos contraídos por el PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2007. A partir de ese momento, la red habría estado funcionando de manera ininterrumpida. El análisis de los movimientos entre Indra y estas mercantiles demostraría el carácter ficticio de sus relaciones comerciales. En cuanto los fondos de la multinacional llegaban a las empresas de Sánchez Moyano, las mismas cantidades salían automáticamente hacia las mercantiles de Madoz.

La continuidad en el tiempo de estos pagos ilegales habría sido posible por la implicación en la trama de los máximos dirigentes del Gobierno regional y del PP madrileño. La UCO recuerda en las conclusiones del informe la declaración que prestó en sede judicial Isabel Gallego, antigua directora general de Medios. Gallego manifestó que se celebraron reuniones en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, con los empresarios involucrados en el desvío de fondos, y desveló que en algunos de esos encuentros participó la propia Esperanza Aguirre.

Los investigadores también otorgan un papel decisivo a Francisco Granados y a Ignacio González. Sobre este último, la UCO recurre al testimonio del ex consejero delegado de ICM José Martínez Nicolás, que admitió haber asistido a una reunión celebrada en 2012 en la Asamblea de Madrid en la que presuntamente recibió instrucciones de González para elevar la asignación presupuestaria a Indra con el objetivo de que el excedente permitiera sanear la delicada situación que atravesaban en ese momento las cuentas del PP. Según Martínez Nicolás, en esa reunión también estuvo presente Borja Sarasola, entonces viceconsejero de Medio Ambiente y mano derecha de González.

El informe, que resume en 65 páginas los indicios recabados hasta el momento, incide especialmente en las evidencias documentales "de la aquiescencia de directivos de Indra a pagar gastos vinculados a la formación política Partido Popular de Madrid". Complementa informes anteriores y especifica que la empresa "pagó servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral del PP en 2007 y 2011". Esa inyección económica se cerró durante "una secuencia de reuniones" con el publicista Madoz en la sede de Vicepresidencia, a las que siguieron otras en la propia Indra para cerrar el acuerdo.

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Una de las compañías de Madoz ofertó así a Indra "formación 'in company' en dos trimestres, abril-junio por 324.500 y septiembre-noviembre por 242.000 €, con una suma total de 566.497,58 € para el año 2012". "Dichos servicios, según documentación de la propia Indra, no habrían sido efectivamente acometidos", concluye la UCO. También recuerdan los investigadores que los contactos con otra de las empresas del experto en publicidad, Swat, se remontaban a la campaña del PP en el año 2007. Fue a estos últimos encuentros a los que asistió, en ocasiones, Aguirre.

El informe destaca también las dificultades con las que se ha topado la investigación. "La complejidad del análisis de estos movimientos de dinero diseñados por Moyano reside en la escasa disponibilidad de documentación hallada en los registros y en los equipos electrónicos de Moyano y Madoz por encontrarse la misma borrada o encriptada, como las comunicaciones vía 'e-mail' entre ambos mediante el 'software' de pago Enigmail", dice el informe.

Acaba con una contundente conclusión: "Los fondos aportados por Indra a petición de altos cargos de la CAM habrían servido para retribuir los trabajos que dicho entramado había prestado para el Partido Popular de Madrid, sirviéndose de la empresa pública ICM".