"Mis padres están legales en España y ahora les quieren quitar la tarjeta sanitaria"

Leticia llegó a España en 2003. Era profesora de universidad en Cuba, pero consiguió una beca en Sevilla para hacer un doctorado y, como en los programas de televisión, se quedó por amor. Aunque con el tiempo el noviazgo se acabó, ya había desarrollado una vida en su país de acogida y pidió también la nacionalidad.

Afincada ya como ciudadana española en Madrid, y con sus padres jubilados en Cuba, la familia optó por permanecer unida y en 2016 pidieron el reagrupamiento familiar. “Cumplimos todos los requisitos que nos solicitaron: mi contrato de trabajo, de alquiler, nóminas, pruebas de que dependían económicamente de mí… Todo”. Con todos los papeles en regla, Marino y Estela solicitaron el visado y volaron para reencontrarse con su única hija. “Allí ya no hacíamos mucho más que estar en casa y aquí podíamos echarle una mano”, cuentan en el salón de su nuevo hogar.

La sorpresa vino cuando fueron a inscribirse como residentes. “Me dijeron que necesitaban un seguro de salud, público o privado. No le di más importancia porque pensé que con ir a la Seguridad Social y ponerles como mis beneficiarios ya estaría”, recuerda Leticia. No fue así. Después de visitar dos oficinas con versiones contradictorias por parte de los funcionarios, la respuesta final de ambas fue que sus padres no tenían derecho a una tarjeta de sanidad. “Nos pusimos a llorar mi madre y yo, abrazadas en la puerta de la oficina. Fue un 'shock', porque no sabíamos qué iba a pasar. Pensamos que tendrían que volverse a Cuba”.

Pensé que con ir a la Seguridad Social y ponerles como mis beneficiarios ya estaría

Buscaron información y dieron con la plataforma YoSíSanidadUniversal, que desde 2012 protesta contra los recortes en el sistema de la Seguridad Social que introdujo el Partido Popular y que afectan, sobre todo, a inmigrantes. Con su asesoramiento, iniciaron un periplo judicial que se alarga hasta hoy. El juzgado de lo social y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les han dado la razón y han podido estar cubiertos este tiempo. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha recurrido ambos casos al Supremo y, después de la sentencia conocida esta semana por un caso similar al suyo que unifica doctrina y da la razón al sistema de salud, se temen lo peor cuando lleguen sus juicios. “Cuando pensábamos que ya estaba, que podrían quedarse, nos viene esto. No sabemos qué va a pasar ahora, si nos van a quitar la tarjeta, si vamos a pedir cita y nos van a decir que no… No tenemos ni idea”, se lamentan.

La sentencia del Supremo niega por primera vez el derecho a la sanidad pública a los ascendientes de personas de origen extranjero nacionalizadas españolas que hayan venido por reagrupación familiar. Se basa en el artículo 7 de la normativa de Extranjería de ciudadanos comunitarios, que recoge que los miembros de la Unión Europea sí deben contar con un seguro, en lugar del 8, que explica que este requisito no es necesario para los no comunitarios. Es en este segundo artículo en el que se han apoyado al menos otras 80 sentencias de distintos juzgados sociales y provinciales hasta ahora. Sin embargo, la sentencia del Supremo las contradice, por lo que el INSS puede recurrir ahora todos los casos que ha perdido en los tribunales superiores de Justicia sabiendo que la máxima instancia judicial les dará la razón.

TE PUEDE INTERESAR

Los familiares de inmigrantes reagrupados no tendrán derecho a la Sanidad Pública

M. Zuil

Seguros privados: la única opción

Cuando Leticia y sus padres ganaron en el TSJM, consiguieron que les dieran una tarjeta sanitaria, pero antes tuvieron que estar un año con sendos seguros privados en los que se iban 450 euros al mes de la economía familiar. Además, no les incluían las patologías que ya tenían. “A mi padre no le cubrían la hipertensión, problemas estomacales ni síntomas derivados de una operación de vesícula. A mi madre, ni sus problemas de alergias a alimentos ni de la piel”, explica sobre sus padres, de 74 y 69 años respectivamente.

Desde 2018, según datos del propio INSS, se ha denegado la tarjeta sanitaria al menos a 700 personas

El caso de Lily es más dramático. A ella sí le pidieron un seguro privado para poder traerse a sus padres desde Colombia en 2017, después de 10 años intentándolo. Lo contrató y todo iba bien hasta que hace seis meses le descubrieron un cáncer de mama a su madre, luego de endometrio y hace unas semanas de colon. Su póliza cubre el tratamiento, pero no los medicamentos que necesita, que rondan los 400 euros al mes, más los 232 de la póliza. “Solicité la cobertura de la sanidad pública como beneficiaria mía, pero me dijeron que no. El problema es que lo hicieron como un acto informativo y no administrativo, y no lo he podido recurrir. Estoy en un túnel sin salida”, dice al teléfono desde Ávila, donde vive. En esta provincia no figura ningún recurso a la Seguridad Social por este motivo, porque a todos los que la solicitan les dan la misma respuesta que no puede elevarse a los tribunales.

Una trabajadora social me dijo que no podían hacer nada porque están legalmente en España. Si no tuviesen papeles, sí

“He pensado hasta en irme a vivir a Madrid y reclamarlo allí, pero tras la sentencia del Supremo tampoco parece una opción”, se queja. “Mucha gente nos dice que nos volvamos a Colombia, pero mi madre solo me tiene a mí, y yo no puedo dejarlo todo. Llevo 20 años viviendo aquí, soy profesora en un colegio, y estoy casada con un español. Mi vida está aquí”.

Desde 2018, según datos del propio INSS, se ha denegado la tarjeta sanitaria al menos a 700 personas, pero en esta cifra no se incluyen los casos que, tras una negativa telefónica o en el mismo mostrador, no siguieron adelante con las reclamaciones o no han podido, como es el caso de Lily.

Lo que les espera después es un laberinto burocrático sin salida. Los padres de Lily tampoco pueden ponerse a trabajar y tener así su propia sanidad, porque entonces perderían el permiso de residencia. “Una trabajadora social me dijo que no podían hacer nada porque están legalmente en España. Si no tuviesen papeles, sí les acogía la ley de universalidad de la sanidad. Es que no tiene ningún sentido”, denuncia.

Todavía no sabe si el último cáncer que le han descubierto a su madre se lo cubrirá o no el seguro, pero sí que no podrá estar en esa situación mucho tiempo más: “Me he quitado de todo: ni me voy de vacaciones, ni me compro ropa ni salgo… No sé cuántas cosas he vendido ya por Wallapop. ¡Y Hacienda ni siquiera me deja desgravarme los gastos por tenerles a mi cargo!”.

Una “carga”, según la sentencia

En España, el 30% de las autorizaciones de residencia se otorga bajo el criterio de reagrupación familiar, en total, 103.060 casos a junio de 2018. Sin embargo, el fallo del Supremo afecta solo a los ascendientes de nacionalizados españoles (ni a hijos ni a cónyuges), porque es uno de los colectivos que se quedaron sin cobertura sanitaria cuando el Partido Popular aprobó sus recortes en Sanidad en 2012. Además, cuando el PSOE intentó devolver la universalidad de la Sanidad en 2018, que revertía en parte las medidas impopulares, tampoco les incluyeron. “En este colectivo, el problema es más flagrante porque es gente mayor, con problemas de salud inherentes a su edad y a los que muchas veces les es imposible acceder a seguros privados porque las empresas no quieren asegurarles”, denuncia Manuel Maroto, del equipo jurídico del colectivo de YoSíSanidadUniversal.

No se ha probado que las medidas de exclusión supongan un beneficio para las arcas públicas

El texto de la sentencia califica hasta en seis ocasiones de “carga” para el Sistema de Salud la cobertura a estas personas como argumento para emitir su fallo. “Indica cuál es la comprensión que tiene el Supremo del derecho a la salud, que parece que es algo supeditado absolutamente al presupuesto”, explica Maroto. “Pero es que es un argumento que no tiene mucho sentido porque no se ha probado que las medidas de exclusión supongan un beneficio para las arcas públicas, sino que de hecho suponen más gasto, por ejemplo, en urgencias”.

Tanto Leticia como Lily se indignan al saber que ellas o sus padres son vistos como una “carga” para el Estado. “Llevo en este país desde 2003 y nunca he dejado de pagar nada, porque son mis principios. Pero hay gente con mucho más dinero que se va a paraísos fiscales, ¿y ellos no son cargas?”, dice Leticia. “Además, me parece que es tener muy poca memoria histórica, porque este país también ha tenido que emigrar a México, Cuba, Argentina o Guatemala. Seremos una carga, pero voy a seguir luchando por los derechos de mis padres. Aunque tengan que volverse a Cuba, pensamos seguir adelante”.