López Madrid pasa al ataque: acusa a la UCO de cometer "defectos graves" en sus informes

El consejero delegado del Grupo Villar Mir y exconsejero de OHL Javier López Madrid, imputado en el caso Púnica por el presunto pago de donaciones ilegales al PP y el supuesto amaño de adjudicaciones públicas para su constructora, acaba de presentar un escrito en la Audiencia Nacional en el que cuestiona las conclusiones de un informe de la UCO que le acusa de haberse concertado con Francisco Granados y el conseguidor David Marjaliza para repartirse una comisión millonaria.

Según López Madrid, los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil demuestran un "desconocimiento grave de las prácticas comerciales y datos agregados del sector de la construcción" y han emitido "conclusiones no debidamente fundadas sobre supuestas prácticas empresariales dudosas al albur de un análisis carente de rigor metodológico". Por ello, reclama al instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, que llame a declarar al autor del informe policial para que sea cuestionado por sus abogados y sus hallazgos sean sometidos ya a contradicción.

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El escrito supone el inicio de una nueva estrategia de defensa por parte de López Madrid, que la semana pasada fue acusado en un nuevo informe incorporado a la causa de haber utilizado a su hermana para participar junto a Granados y Marjaliza en una consultora de ingeniería, Bustrem PM SL, que habría percibido 800.000 euros en comisiones solo de OHL, y que arrastra además la acusación de haber pagado al expresidente de la Comunidad de Ignacio González una supuesta comisión de otros 1,4 millones de euros para que su constructora se llevara el contrato de construcción y gestión del Cercanías de Navalcarnero.

El industrial se centra ahora en desmontar un informe anterior de la Guardia Civil que fue incluido en el sumario de Púnica en agosto de 2018 y que se centró en las presuntas irregularidades detectadas en otro contrato ferroviario: la construcción del metro ligero de Boadilla del Monte por 134 millones de euros, un proyecto licitado por la Comunidad de Madrid en 2004 y que concluyó con un sobrecoste del 56%. La UCO desveló en ese documento una operación mercantil con la que presuntamente López Madrid habría favorecido a Granados y Marjaliza y se habría asegurado un importante beneficio personal.

En concreto, los investigadores de la Guardia Civil ponen el acento en la venta de una filial de OHL, Asfaltos y Construcciones Elsan SL, que resultó adjudicataria de parte del metro ligero. Semanas después de ganar el contrato, OHL transfirió los activos de Elsan a una nueva mercantil, Grabitum SL, y esta sociedad fue adquirida por otra constructora que estaba participada por Marjaliza, Obrum. La UCO sostiene que ese sistema permitió a la red de Granados, que en aquel momento formaba parte del Gobierno de Esperanza Aguirre, entrar por la puerta de atrás en un proyecto adjudicado por ese mismo Ejecutivo.

El informe también añade que Marjaliza se llevó por esa gestión 418.304 euros y, López Madrid, otros 812.000 euros. Además, señala que Obrum pagó por Grabitum más de lo que costaba esta mercantil. En concreto, la adquisición se cerró por 2,9 millones, con un presunto sobreprecio de 647.555 euros, que habría servido para encubrir un pago adicional al consejero delegado del Grupo Villar Mir.

Niega las irregularidades

López Madrid no rechaza que se produjeran esas operaciones pero niega que encierren ningún tipo de irregularidad. Según sus abogados, la comisión que recibió por la venta de Grabitum está dentro de los márgenes de las comisiones comerciales que refleja la Central de Balances del Banco de España, "que procesa anualmente datos de 600.000 sociedades españolas, lo que aporta información de máxima fiabilidad". "El documento policial, incomprensiblemente, no analiza esta importante fuente oficial para opinar con fundamento sobre las comisiones analizadas", censura la defensa del industrial.

También denuncian sus abogados que se considere elevado el precio de venta de Grabitum, ya que los 647.555 euros pagados supuestamente de más por Obrum estarían justificados por conceptos como "imagen de marca u otros activos intangibles", así como por "beneficios expectantes", que en este caso sería la entrada en un proyecto de 134 millones de euros, de los que 28,8 millones correspondían a la antigua filial de OHL. López Madrid recurre de nuevo a la Central de Balances del Banco de España para concluir que los 2,9 millones pagados por la mercantil fueron un "precio de mercado razonable".

El directivo del holding presidido por Juan Miguel Villar Mir critica que los investigadores no hayan analizado estas operaciones con una visión global, algo que habría permitido constatar su "lógica económica". Adolecen, según el escrito que han remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, de un "desconocimiento grave de cómo se valoran las empresas en las transacciones de compraventa de las mismas" y les acusa de incurrir en "defectos metodológicos graves", entre otras críticas.

López Madrid concluye su escrito pidiendo al juez que cite a declarar "al autor del atestado policial para que, de forma contradictoria, las partes puedan formularle las aclaraciones y preguntas complementarias en relación a las conclusiones emitidas y el proceso metodológico seguido al efecto".