Las víctimas reclaman a Ternera por lesa humanidad: "El delito es prioritario"

Los padres de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz, asesinatos por ETA el 30 de julio de 2009 en Palmanova (Mallorca), y la Fundación Luis Portero -creada en honor al que fuera fiscal jefe de Andalucía acribillado por la banda en 2000- han solicitado a la Audiencia Nacional que reclame a Francia la extradición inmediata del que fuera jefe de la banda terrorista José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera, con el fin de que sea juzgado por lesa humanidad en el marco de la causa que sigue el alto tribunal.

Los reclamantes alegan en el escrito que han presentado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que sobre Tenera, detenido ayer por la Guardia Civil y las autoridades francesas después de estar 17 años huido de la justicia, pesa una orden de busca y captura del Juzgado 3 de la Audiencia Nacional por lesa humanidad desde el 27 de octubre de 2015 y que este delito tiene "carácter prioritario" sobre el resto, según estableció una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1973.

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"Todo estado tiene el derecho de juzgar a sus propios nacionales por crímenes de guerra o de lesa humanidad", reza el punto número dos de esa resolución que recuerdan los apelantes. "Los estados cooperarán bilateral y multilateralmente para reprimir y prevenir los crímenes de guerra y lesa humanidad y tomarán todas las medidas internas e internacionales necesarias a ese fin", subraya el punto tres al que también se refieren los reclamantes, que sostienen que este ilícito es considerado prioritario por Naciones Unidas porque "atenta contra la propia comunidad internacional, contra el conjunto de la humanidad".

El Juzgado número 3 mantiene procesado a Ternera por crímenes de lesa humanidad cometidos supuestamente bajo la dirección del que fuera jefe de ETA. Los argumentos esgrimidos por los denunciantes vienen a sostener que Urruticoechea Bengoechea sería culpable de este delito por autoría mediata; es decir, por ser el dirigente que dio la orden de perpetrar los asesinatos que tuvieron lugar bajo su mandato. Junto a él, han estado procesado por este mismo ilícito otros cuatro dirigentes de la organización armada, los que coordinaron la banda desde el año 2004.

Bajo el mandato de todos ellos ETA asesinó al concejal socialista Isaías Carrasco, al brigada del Ejército Luis Conde, al empresario Ignacio Uría, al inspector de Policía Eduardo Puelles, a los guardias civiles Juan Manuel Piñuel, Carlos Enrique Sáenz y Diego Salvá y a los ciudadanos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, víctimas estos últimos de la bomba que explotó en la T4 de Barajas.

Ternera era el único dirigente de la banda al que no se pudo comunicar el procesamiento por encontrarse huido. El sumario está concluido y solo falta designar fecha de juicio. Junto a Ternera, se sentarán en el banquillo Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', Mikel Carrera Sarobe 'Ata' y Ángel Iriondo Yarza 'Gurbitz'. La Audiencia Nacional se declaró competente para investigar a los jefes que tuvo la banda desde 2004 porque consideró que fue ese año cuando el ordenamiento jurídico español integró el tipo penal de la lesa humanidad. Antes de ese momento, entendió el alto tribunal, no podía enjuiciar a nadie.

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Esta limitación que se impuso la Audiencia Nacional provocó que la asociación Dignidad y Justicia, presidida precisamente por uno de los hijos de Luis Portero, Daniel Portero, interpusiera una denuncia ante los tribunales argentino que pedía a éstos investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los etarras que dirigieron la banda antes de 2004. La justicia argentina aceptó la propuesta y reclamó a la Audiencia Nacional toda la documentación sobre dos de los atentados cometidos por la organización terrorista que no fueron enjuiciados -los de los concejales de Rentería José Luis Caso y Manuel Zamarreño-, pero el tribunal español rechazó por tres veces remitir la información.

Además de la causa de lesa humanidad, Ternera tiene otros tres procedimientos pendientes, todos ellos con órdenes de detención y entrega activas. Se trata del asesinato del directivo de Michelín Luis María Herguera Guinea en 1980, el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza que acabó con 11 muertos y 88 heridos y la macrocausa de las herriko tabernas. Desde la Audiencia Nacional aseguran que ya han puesto en marcha los trámites para reclamar por todos estos asuntos al histórico dirigente etarra, aunque no concretan la viabilidad de las posibilidades de extradición.