una bomba mató al concejal del pp de rentería

Zamarreño: 20 años del asesinato de ETA sin resolver que el juez da ahora por investigado

La Audiencia Nacional asegura en un auto remitido a Argentina que ya fueron "sancionados" los autores del crimen; la viuda, el Defensor del Pueblo y la Oficina de Víctimas lo niegan

Foto: Naiara, hija de Manuel Zamarreño, el concejal del PP asesinado hace 20 años en Rentería, durante un homenaje a su padre en junio de 2017. (EFE)
Naiara, hija de Manuel Zamarreño, el concejal del PP asesinado hace 20 años en Rentería, durante un homenaje a su padre en junio de 2017. (EFE)

Tal día como hoy hace 20 años los lectores de los diarios de papel desayunaban con la noticia de que la banda terrorista ETA había asesinado una jornada antes al concejal del PP de Rentería (Guipúzcoa) Manuel Zamarreño, un hombre casado, con cuatro hijos y que había sustituido seis meses antes en el cargo municipal a José Luis Caso, acribillado de un disparo en la cabeza el 11 de diciembre de 1997. Los etarras pusieron una bomba en una moto y la hicieron estallar cuando Zamarreño regresaba a su casa tras comprar el pan. Era el sexto concejal que la banda mataba desde que casi un año antes había acabado con la vida del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco.

El asesinato de este último edil del PP fue resuelto por la Justicia y el etarra Francisco Javier García Gaztelu alias Txapote -que fue quien apretó el gatillo y le metió dos tiros al joven concejal según sentencia de la Audiencia Nacional- cumple condena en prisión por este crimen. Los familiares de Caso y Zamarreño, sin embargo, no pueden decir lo mismo y 20 años después continúan sin saber quién mató a los dos ediles porque ningún juez ha condenado a nadie por ninguno de los dos asesinatos. Así lo destacaron con claridad las eurodiputadas Maite Pagazaurtundua y Teresa Jiménez Becerril ante el Parlamento Europeo el pasado 18 de junio.

"Tengo la suerte de que la policía detuvo a los asesinos de mi hermano y todos ellos cumplen condena desde 1999, pero las familias de Caso y Zamarreño no saben aún quién les mató a ellos; no saben ni quién apretó el gatillo", afirmó con rotundidad Jiménez Becerril justo después de que el presidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, Daniel Portero -hijo del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero asesinado por ETA en 2000-, compareciera ante la Eurocámara para reclamar a las autoridades comunitarias que pidan explicaciones a España por estos dos asuntos y los otros 377 casos sin resolver que se atribuyen a la banda terrorista.

Portero destacó que a petición de Dignidad y Justicia el Parlamento Europeo envió cuatro cartas a representantes institucionales españoles con el fin de que estos explicaran por qué había tantos crímenes sin autor conocido. "Solo tenemos dos respuestas a esas cuatro misivas", dijo Portero, quien calificó de "vagas y generales" las contestaciones de esas dos, del exministro de Justicia Rafael Catalá y la Fiscalía. "Ni el presidente de la Audiencia Nacional ni la fiscal Dolores Delgado -hoy sustituta de Catalá en el ministerio- han respondido", insistió el representante de la asociación de víctimas, que pidió reiterar la carta a esta última en su nueva condición de ministra, una iniciativa que respaldó Pagazaurtundua

Portero denunció esta falta de respuesta e insistió en que una comisión del Parlamento Europeo debe desplazarse a España para pedir explicaciones en persona a los responsables institucionales. Argumentó además que la Audiencia Nacional acaba de faltar a la verdad precisamente en relación a los casos sin resolver de Zamarreño y Caso. En un auto fechado el pasado 14 de febrero, sostuvo el representante de las víctimas, el titular del Juzgado Central 6, Manuel García Castellón, asegura que ambos asuntos "han sido sancionados". "Miente" en este punto el magistrado del alto tribunal, gritóPortero ante la Eurocámara el pasado 18 de junio (minuto 16.54).

En concreto, el auto al que se refiere el portavoz de Dignidad y Justicia -al que ha tenido acceso El Confidencial- fue dictado por el Juzgado Central 6 en respuesta a la petición del juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, que investiga los dos asesinatos y que reclamó toda la documentación relativa a ambos procedimientos judiciales. El escrito explica en su fundamento jurídico único que las conductas de quienes perpetraron los dos crímenes, si bien no han sido juzgadas por el delito de lesa humanidad que investiga el magistrado argentino, ya "fueron sancionadas por aplicación de otros tipos penales, fundamentalmente los previstos en el capítulo VII del título XXII que regula los delitos de terrorismo". "La Audiencia Nacional miente", subrayó Portero en referencia a este punto que utiliza como argumento el juez español, que rechazó entregar a Argentina la documentación reclamada al entender que no se pueden volver a investigar porque son "cosa juzgada". "La petición citada supondría en la práctica un juicio de revisión de la actuación jurisdiccional de nuestros tribunales en estos casos", insistió el auto del Juzgado Central 6.

Portero y el abogado Rodríguez Arias antes de viajar a Argentina a denunciar los casos sin resolver. (RRB)
Portero y el abogado Rodríguez Arias antes de viajar a Argentina a denunciar los casos sin resolver. (RRB)

Portero se quejó también de la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que apoyó esta respuesta del magistrado García Castellón. "La Fiscalía se contradice a sí misma", arguye, ya que en un informe de 15 de enero de 2017 el ministerio público sostuvo que los asesinatos de Caso y Zamarreño aún no están resueltos. El propio Defensor del Pueblo, que remitió un informe a la Fiscalía General del Estado con el listado de los 379 asesinatos de ETA sin resolver, confirma en una carta remitida al abogado que representa a Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias, que los asuntos de Zamarreño y Caso estaban en esa extensa relación y que no hay información nueva sobre ellos.

"La Fiscalía viene informando regularmente al Defensor del Pueblo de los avances procesales que se producen en relación a los crímenes no resueltos; no se ha recibido información en estos años respecto a Zamarreño y Caso, por lo que no consta en esta institución que se haya producido, en estos casos, un cambio procesal con respecto al momento en que se presentó la queja (2014)", arguye la institución en la misiva remitida al letrado y fechada el pasado 9 de mayo. En la misma línea se pronunció la Oficina de Asistencia a las Víctima de la Audiencia Nacional en noviembre de 2015 en una carta enviada a Dignidad y Justicia. "Le comunico que en las bases de datos de esta oficina no existe constancia de la existencia de alguna condena penal por los atentados mortales contra José Luis Caso y Manuel Zamarreño", subrayó el departamento sobre la firma de la coordinadora Carmen Alba Figuero.

Zamarreño: 20 años del asesinato de ETA sin resolver que el juez da ahora por investigado

El mismo 9 de mayo pasado, además de la carta del Defensor del Pueblo, las viudas de Caso y Zamarreño, Juana Pérez Cabello y Marisol Fernández Roperuelo, rubricaron sendas misivas dirigidas al juez Canicoba Corral, responsable de la investigación de los casos sin resolver por el delito de lesa humanidad en Argentina, con el fin de dejarle claro al magistrado que aún no se conoce quién o quiénes asesinaron a sus maridos ni hay tribunal alguno que haya esclarecido cómo se produjeron los hechos que acabaron con ambos concejales muertos. "Tras 20 años esperando justicia en España, los asesinatos de nuestros difuntos esposos continúan sin resolverse y sin que nadie haya sido condenado por su participación, ni como delito de terrorismo ni mucho menos como delito de lesa humanidad", aclaran ambas viudas, que respaldan la iniciativa del juez argentino.

"Queremos expresarle nuestro completo apoyo a la causa iniciada por Dignidad y Justicia en Argentina en nuestra defensa y en la de todas las víctimas de casos sin resolver que ninguna de las dos hubiésemos podido iniciar por nosotras mismas por carecer de los medios necesarios", subrayan las dos viudas, que se ofrecen a declarar y se muestran partidarias de que la Audiencia Nacional facilite toda la documentación reclamada por Canicoba Corral, quien puso en marcha el procedimiento tras la denuncia de la asociación de Portero que pedía investigar los casos sin resolver por la vía de la autoría mediata, que pretende enjuiciar a los jefes de ETA como autores intelectuales de los asesinatos ante la imposibilidad de encontrar a quienes apretaron el gatillo.

La Audiencia Nacional abrió una causa por esta vía pero únicamente contra los responsables que tuvo la banda desde el 1 de octubre de 2004 hasta la actualidad, dado que fue ese año cuando entró en vigor en el Código Penal la normativa que regula el delito de lesa humanidad, ilícito por el que Dignidad y Justicia pretende condenar a los jefes de ETA en relación a los asesinatos sin resolver. El caso abierto en la Audiencia Nacional investiga por lo tanto a los responsables de la organización desde ese año y llevó al procesamiento de cinco de ellos. La postura poco clara de la Fiscalía en este caso, sin embargo, llevó a episodios esperpénticos como el que protagonizó uno de los procesados cuando cumplió condena en Francia, las autoridades galas lo entregaron pero ningún miembro de las fuerzas de seguridad le esperaba en el aeropuerto.

España

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
3 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios