Se confirman las sospechas de malversación en el Centro Gallego de Buenos Aires

El histórico Centro Gallego de Buenos Aires está en pleno proceso de desintegración. El gran hospital que dio cobertura a tantos emigrantes durante tan largo tiempo es hoy un sanatorio semiderruido, lo mismo que el resto de instalaciones de una propiedad de 34.000 metros cuadrados que arrastra las consecuencias de la falta de mantenimiento. Desde que la Xunta pagó 11 millones de euros para desvincularse definitivamente de la sociedad, el CGBA aceleró su declive, ahora gestionado por un interventor judicial nombrado en 2016 para sanear su economía. Por supuesto, eso no solo no ha ocurrido, sino que las relaciones con las agrupaciones de socios se han deteriorado de forma notable, ahora dirimidas en los juzgados.

La Embajada de España en Argentina tiene conocimiento de ese clima de crispación y desconfianza. Confirma que las agrupaciones de socios han presentado "varias" denuncias penales contra el interventor, Martín Moyano Barro, tanto por "malversación" como "por actuaciones que podrían calificarse como desmantelamiento". Son cargos que avanzan "muy lentamente", y que fueron replicados por Moyano con denuncias por calumnias a los acusadores. Pero la Embajada no tiene intención de intervenir. "Evidentemente, no tiene margen alguno de intervención en esto", explica en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de En Marea, Miguel Anxo Fernán Vello.

La impresión de muchos empleados y socios del centro es que el interventor ha procedido a un vaciamiento de la institución, por lo que, lejos de reflotar económicamente la institución, lo que ha hecho es acentuar su expolio. Además del gran hospital, el edificio dispone de un teatro con capacidad para 400 personas, una biblioteca con más de 20.000 volúmenes —algunos de ellos, incunables— y la más importante pinacoteca privada gallega del siglo XX, con cuadros de Laxeiro, Seoane, Maside o Castelao. Pero sobre todo es un inmueble de cinco plantas céntrico y apetitoso para el sector inmobiliario, levantado en una zona cotizada de la avenida de Belgrano.

De los 120.000 socios que hicieron de él la entidad más importante del mundo de estas características solo quedan 4.000

De los 120.000 socios que hicieron de él la entidad más importante del mundo de estas características solo quedan 4.000, mientras la galopante deuda se ha disparado hasta una cantidad de entre 50 y 70 millones de euros. En septiembre del pasado año, los socios apoyaron mayoritariamente a la candidatura de la Agrupación A Terra, que apuesta por deshacerse del inmueble de forma urgente como única solución a la agonía. Habían iniciado conversaciones para ejercer la venta por 50 millones de euros al gigante español de la sanidad privada Ribera Salud, en alianza con la Fundación Favaloro, pero la operación se ha visto frustrada.

El presidente electo del centro, Ramón Suárez Álvarez, ha decidido no tomar posesión de su cargo hasta que no se resuelva la deuda de la entidad con los trabajadores, de los que unos 400 permanecen activos. A muchos de ellos se les adeudan hasta diez pagas. "No se han dado las condiciones necesarias" para la toma de posesión, sostiene el candidato elegido en las elecciones de septiembre de 2018, que certifica que el deterioro del centro no tiene freno, y que la situación es peor incluso a la de 2012, cuando el Estado argentino se hizo cargo del hospital.

En su respuesta a la pregunta parlamentaria, el Gobierno español se muestra preocupado por la crisis de la institución, pero asegura no tener "ninguna señal de que el patrimonio pictórico y bibliográfico del CGBA corra ningún peligro". Sostiene que tampoco las agrupaciones ni los socios han alertado en este sentido, "como sí lo han hecho sobre otro tipo de cuestiones". La Xunta y el Ministerio de Cultura argentino, añade, están en contacto "para explorar posibles escenarios de futuro que permitan mantener ese patrimonio en su integridad", aunque tendrá que ser necesariamente en Argentina, "porque la legislación local impide a la sanidad del país ceder bienes de esa clase".

La intervención del Gobierno fue solicitada incluso por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que instó a Pedro Sánchez a actuar ante la delicada situación del centro y a "observar el estado del patrimonio cultural gallego", que considera "severamente afectado", pese de la promesa de la Xunta de protegerlo. Todo ello, lamentó, se traduce en deterioro y en "la pérdida del importante acervo cultural". Pero también puso el foco en el impago de empleados y el "vaciamiento del hospital", hasta el punto de alertar de que la falta de fármacos pone "en riesgo de muerte" a pacientes del centro.

No parece que el Ejecutivo español esté dispuesto a seguir sus consejos, de acuerdo con lo que expresa a través de su embajada. Señala que el centro es propiedad de sus socios, "y son estos los que deben decidir su futuro", con el matiz de la figura del interventor. "El Gobierno español no tiene legitimidad de ninguna clase para intervenir en los asuntos del centro, más allá de manifestar su preocupación por la situación actual y de ofrecerse a colaborar en la búsqueda de soluciones, en la medida de sus posibilidades", afirma.

Respecto a la protección sanitaria, la embajada precisa que los emigrantes de origen gallego cuentan con servicio "en función de diferentes esquemas": la sanidad pública argentina, seguros privados o instituciones creadas en su tiempo por grupos de emigrantes, como es el caso del CGBA. Según sus datos, de los 4.000 socios del mismo, apenas 900 son españoles, "y cuentan con atención a través del Centro Gallego". "Si esta dejara de prestarse, cosa que de momento no ha ocurrido (aunque sí se ha deteriorado), tanto el Gobierno como la Xunta de Galicia disponen de instrumentos para asegurar su asistencia por otras vías", añade.

Los hospitales de las colectividades tuvieron que transformarse para subsistir

Las opiniones del Gobierno español sobre la viabilidad del sistema sanitario de la entidad contrastan con la del propio interventor judicial, que en agosto de 2018 manifestó a 'Clarín' que es inviable: "El centro no se podía mantener solo con el aporte de los socios. Hoy puedo decir que la viabilidad, como mutual, es nula, no existe. Porque se trata de un modelo de gestión sanitaria previo al nacimiento de la seguridad social, que es de 1969. Los hospitales de las colectividades tuvieron que transformarse para subsistir. El gallego no lo hizo y ahora su viabilidad es nula".

El personal sanitario comparte el pesimismo, pero culpa al Gobierno argentino. Así lo explicaba la enfermera Yolanda Guitian, que lleva 25 años trabajando en el hospital de la avenida Belgrano, en el mismo reportaje: "Hace dos años comenzó un proceso de vaciamiento. Se cerraron los servicios de pediatría, cirugía, neonatología y se despidió a muchos empleados. El interventor es la mano del Estado, nosotros pedimos que el sitio pase a ser parte de la red de hospitales de la ciudad".