Un juzgado suspende de forma cautelar la licencia urbanística para exhumar a Franco

El Gobierno se enfrenta a un nuevo obstáculo para exhumar a Francisco Franco. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Madrid ha suspendido cautelarmente el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que permite sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, documento que resulta necesario para poder seguir adelante con la promesa estrella de Pedro Sánchez. El juez José Yusty Basterreche sostiene para ello que, sin ser urgente la medida, las autoridades no han elaborado los preparativos necesarios para garantizar que la exhumación se realiza con seguridad suficiente.

En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado defiende que "no se aprecia especial urgencia en la exhumación del que fue Jefe del Estado, puesto que lleva enterrado en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos desde el día 23 de noviembre de 1975, es decir, más de 44 años". Tras descartar la premura, el juez sostiene entonces que el proyecto no presenta la seguridad suficiente para los trabajadores, argumento en el que basa la suspensión cautelar del informe del consistorio.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Madrid responde así a la demanda de un particular y da tres días al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para presentar alegaciones, lo que supone retrasar una vez más el proyecto de Moncloa. De forma paralela, los nietos de Franco trabajan además en un recurso contra la decisión del Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero, cuando se les dio 15 días para elegir un nuevo lugar en el que enterrar a su abuelo.

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A la hora de suspender cautelarmente el informe del consistorio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 se apoya en el informe pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto, quienes sostienen que "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco". Partiendo de este argumento, el auto considera "evidente, claro y palmario que una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas", subrayando en este sentido que pueden "poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación".

En la misma línea, el auto precisa que "es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso", por lo que "no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar, y por tanto peligroso". El juez Yusty Basterreche argumenta además que en el proyecto de exhumación hay riesgo de "caída, rotura o cualquier otro accidente", posibilidad que puede "causar daños a las personas" que participen en la citada maniobra.

La semana pasada, el Ejecutivo manifestó la posibilidad de que se produjesen retrasos en la exhumación de los restos de Franco, pero en ningún caso se esperaban este obstáculo por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Madrid. "Si el Gobierno tiene tiempo, procederá a hacer lo que ha sido su intención desde el principio", se afirmó tras el Consejo de Ministros del 22 de febrero. Con este nuevo varapalo judicial, "el tiempo" para exhumar a Franco se acorta una vez más. Y ya solo quedan dos meses para las elecciones.

Yusty Bastarreche, un juez polémico

No es la primera vez que el juez José Yusty Basterreche salta a los titulares. El magistrado ha mostrado su oposición a la ley de Memoria Histórica en diversos artículos académicos, escritos en los que asegura que "no se trata de reconciliación ni monsergas semejantes, sino de ajustar las cuentas a la derecha".

En septiembre de 2017, el magistrado tomó además una polémica decisión que le llevó a ser criticado tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por el bloque independentista: suspendió de manera cautelar el acto en favor del derecho a decidir que se iba a celebrar el 17 de septiembre en una sala del centro cultural Matadero, propiedad del consistorio. "No es posible que un acto que abiertamente se dirige contra lo dispuesto por la Constitución y las resoluciones del Tribunal Constitucional pueda contar con el apoyo de un municipio", defendió entonces el magistrado.