El fiscal pide tres años para Cifuentes por inducir a falsificar un documento oficial

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido tres años y tres meses de prisión para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por un delito de falsedad en documento oficial en el marco del caso máster. El Ministerio Público considera que la exdirigente del PP indujo a la falsificación de un acta “a sabiendas” de que con ese gesto estaba acreditando una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) “que jamás se produjo”.

La Fiscalía recuerda que Cifuentes exhibió posteriormente en varios medios de comunicación y a través de sus redes sociales el mencionado documento "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse". Según el escrito fiscal al que ha tenido acceso El Confidencial, fue la profesora y directora del Máster en Derecho Autonómico y Local del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2011-12 Cecilia Rosado quien falsificó el acta y por eso también pide para ella una pena de prisión de 21 meses. Entiende el texto que el castigo debe ser menor porque esta última reconoció los hechos y colaboró con la investigación, extremo que no hizo la expresidenta madrileña.

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En la misma línea, el Ministerio Público acusa al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y director del Instituto de Derecho Público del mismo centro Enrique Álvarez Conde de ser coautor indirecto del delito, por lo que reclama para él tres años y nueve meses de cárcel. Para la entonces asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria del centro universitario María Teresa Feito, por su parte, solicita otros tres años y tres meses de prisión.

Según la Fiscalía, en marzo de 2018 la prensa informó de que Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas ni el TFM de su máster en Derecho Público del Estado Autonómico del mencionado Instituto de Derecho Público que había cursado en 2011-12. "Dada la situación que dicha noticia le provocó a la acusada, ésta se puso en contacto con la también acusada Feito, dado que la misma había sido profesora en la citada universidad durante años y tenía una buena relación con muchos de sus profesores, el rector y el catedrático Álvarez Conde, para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado", relata el escrito.

Feito, continúa el Ministerio Público, accedió a lo solicitado por Cifuentes y de acuerdo con Álvarez Conde "y a sabiendas" de que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid "no había superado todas las asignaturas, no había hecho el TFM y no había procedido a su defensa", decidió confeccionar un acta con "apariencia de verosimilitud" para acreditar ante los medios que la exjefa del ejecutivo regional había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites para la obtención del título sin problema alguno.

No en vano, prosigue el escrito, el 21 de marzo de 2018 el rector de la universidad dio una rueda de prensa junto a Álvarez Conde. Tras ella, este último llamó a Rosado y le dio "instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase que la acusada Cifuentes había defendido el TFM el 2 de julio de 2012 ante el tribunal conformado por Rosado, como secretaria, Clara Souto, como vocal, y Alicia López de los Mozos, como presidente". Rosado, apabullada por la "fuerte jerarquía" del catedrático sobre ella y "ante el temor a las posibles consecuencias negativas" que no obedecer podría tener para su trabajo, accedió a cumplir lo encomendado.

Hizo constar "mendazmente", relata la Fiscalía, todos los datos de la alumna, el catedrático y los miembros del tribunal y comenzó a redactar. "Reunidos el tribunal de evaluación con fecha 2/7/2012, acuerda otorgar al alumno la calificación global de notable (7,5)", escribió antes de estampar su propia firma y falsificar la de las otras dos compañeras, Souto y López de los Mozos. Luego creó un email a nombre de Álvarez Conde y envió el acta al correo electrónico del rector, Javier Ramos López, que -según el Ministerio Público- "ignoraba las manipulaciones realizadas".