De las calles a los escaños: Jordi Cuixart y Carme Forcadell se sientan en el banquillo

El tribunal del 'procés' afronta este martes su tercera semana y en la primera de las jornadas, antes de que se abra la fase de los testigos, que abarcará el grueso del juicio, tendrán lugar las declaraciones del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. En un solo día, la vista oral hará un recorrido por dos de las ramas que, según la teoría de la Fiscalía sobre la estrategia para la independencia, sirvieron como puntal del 'procés'.

La importancia que da el Ministerio Público a los dos procesados se refleja ya desde las penas que solicitan para ambos. Les sitúa un escalón por encima de los 'exconsellers' que fueron interrogados en las pasadas semanas y al nivel de Oriol Junqueras y Jordi Sànchez, con peticiones de 17 años de prisión por rebelión y malversación. Alcanzan, en el escrito de acusación, la categoría de "máximos dirigentes", conjurados para acordar como "principales promotores" junto al 'exvicepresident' una estrategia de ruptura mediante "la acción combinada y sincronizada de los tres pilares básicos".

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Forcadell personifica así la 'pata' parlamentaria, cuyo epicentro se situaba en la actuación de la Mesa del Parlamento autonómico, que presidía, y cuya función consistía en permitir la tramitación y facilitar la aprobación de resoluciones, leyes y normas jurídicas "abiertamente inconstitucionales", a modo de cobertura normativa del nuevo Estado que sustituyera a la legalidad democrática vigente. Por su parte, Òmnium "desarrollaba un papel crucial mediante la movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de esa nueva república".

Como ya sucedió durante la última de las sesiones del juicio, gran parte del interrogatorio fiscal al primero de los dos procesados en sentarse en la silla reservada a las declaraciones -que en esta ocasión no conducirá Javier Zaragoza sino Jaime Moreno- se dedicará a lo sucedido durante el día 20 de septiembre de 2017, donde la asociación que dirige tuvo un papel dinamizador en la protesta, si bien secundario en comparación con el desarrollado por Jordi Sànchez desde la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Otro de los bloques de preguntas irá dirigido al referéndum del 1 de octubre. El Ministerio Público asegura que, antes de celebrarse la votación y "conociendo los graves enfrentamientos que podían derivarse de una movilización ciudadana" y en ejecución del plan inicialmente diseñado, "aprovecharon su liderazgo para favorecer una movilización colectiva impulsando a todos los catalanes a que acudieran a los diferentes centros de votación e impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido". La asociación ha convocado a sus socios para que sigan la declaración desde una pantalla gigante instalada en Barcelona. Cuixart es el primero de los acusados que no contestará a las preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane.

Forcadell y la Mesa

De las concentraciones callejeras a los pasillos del Parlament, los interrogatorios de la jornada del martes se aproximarán a los escaños. Desde las sucesivas decisiones que fue tomando la Mesa hasta la votación secreta de la independencia. Según los fiscales, todo el impulso legislativo fue "tendente a crear el marco legal que sustentara la construcción de la república catalana, a sabiendas de que eran abiertamente inconstitucionales, de manera que dieran aparente cobertura jurídica al proceso de independencia diseñado y querido por todos los acusados". Este andamiaje legal se retrotrae, en el escrito de acusación, hasta 2015 y llega hasta las más sensibles de las semanas previas a la Declaración Unilateral de Independencia. Forcadell responderá a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, encargada de esta parte del interrogatorio.

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Tanto la Propuesta de la Ley de Referéndum de Autodeterminación como la de Transitoriedad Jurídica se impulsaron aun cuando los informes del letrado mayor del Parlamento y de su secretario general expresaron que la admisión a trámite de ambas proposiciones de ley resultaba contraria a las resoluciones prohibitivas del Tribunal Constitucional, recordará la fiscal. Otro de los momentos clave del interrogatorio será la votación del 27 de octubre, realizada en urna y con mantenimiento del secreto del voto para los parlamentarios participantes.

La declaración de independencia se aprobó con 70 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco. La última de los procesados en intervenir, la expresidenta parlamentaria, servirá curiosamente de puente hacia la fase de testigos. Precisamente una de las personas clave en ese momento, Roger Torrent, que fue el encargado de solicitar aquella votación, está citado el miércoles. No obstante, y según apuntan fuentes jurídicas, su declaración se aplazará debido a que, para ese día, la Cámara catalana prevé la celebración de un pleno.