La Audiencia Nacional rechaza la extradición de dos altos cargos de Hugo Chávez

El pleno de la Audiencia Nacional se reunió este viernes para dilucidar si se extraditaba o no a dos altos dirigentes del último Gobierno de Hugo Chávez.

Se trata del matrimonio formado por Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián Velásquez. El fue uno de los oficiales encargados de los anillos más próximos de la seguridad personal de Chávez. Ella, entre 2011 y hasta que murió por cáncer el comandante en marzo de 2013, ocupó puestos de la mayor responsabilidad de Venezuela. Ejerció como segunda de la Oficina Nacional del Tesoro y fue secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo (Fonden). Por encima de ella solo estaba el ministro de Finanzas, Jorge Giordani. Antes, entre 2003 y 2011, había sido una de las enfermeras de mayor confianza de Chávez dentro de la estructura de su Guardia de Honor y oficial del ejército bolivariano.

En octubre pasado, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) había accedido a su extradición tras la petición de la Fiscalía venezolana que dirige Tarek William Saab, pero su letrado recurrió. Hoy el pleno de la AN, compuesto por 20 magistrados, rechazó entregarlos por la posible vulneración de sus derechos fundamentales ante la situación que se vive en el país sudamericano. Por las mismas razones, también revocó el pleno la extradición de José Ramón Sánchez Rodríguez, exdirigente de la estatal petrolera PDVSA. Ninguna de las tres decisiones es difinitiva, ya que Venezuela puede aún recurrir.

El letrado defensor, Ismael Oliver, apunta que la petición de la extradición por parte de la Fiscalía de Venezuela “tiene un carácter político, porque tanto Claudia Patricia como Adrián saben mucho de lo que se ha cocido en el régimen y los actuales dirigentes de su país no quieren testigos, los quieren cerca para silenciarlos”.

Habían sido detenidos en Madrid en abril de 2018 tras una orden de aprehensión emitida por un juzgado de Caracas. Los soltaron a las pocas horas. Los reclaman por presuntos delitos de “legitimación [malversación] de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito”.

Las autoridades judiciales bolivarianas sostienen que Díaz Guilén consiguió “beneficios económicos propios”, lo que “le permitió adquirir bienes muebles e inmuebles en territorio nacional así como en el exterior, constituyendo empresas en la República de Panamá, con dinero obtenido de las presuntas actividades ilícitas durante su desempeño” en los cargos citados.

En noviembre pasado Díaz Guillén ofreció una entrevista en exclusiva a El Confidencial, la primera que daba en su vida a un medio de comunicación. Durante el encuentro, la economista negó todas las acusaciones de corrupción realizadas por miembros del Ejecutivo de Nicolás Maduro y por la judicatura venezolana. Aseveró Díaz Guillén: “Si España nos extradita, tememos por nuestra vida. A más de 6.000 personas se las ha encarcelado en Venezuela sin garantías jurídicas y a algunas se las mata. Quieren torturarnos para que confesemos unos delitos que no hemos cometido”.

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Leídas las alegaciones de la Fiscalía y el juzgado de Caracas que remitieron a Interpol y que llegaron a la Audiencia Nacional, en el relato de los hechos no existen acusaciones sólidas sobre esos delitos: ni se citan fechas ni la cuantía de la supuesta malversación de fondos públicos, ni se ofrecen datos sobre la estructura de la organización para delinquir. En el relato de los hechos imputables, solo se hace referencia a las informaciones aparecidas en 2016 y 2018 en el trabajo periodístico de los 'papeles de Panamá', coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y en el que colaboró El Confidencial.

En los artículos publicados, se evidenciaba que Adrián Velásquez y su hermano Josmel José habían creado en abril de 2013 la sociedad ‘offshore’ Bleckner Associates Limited en las Seychelles, con una cuenta asociada en el banco suizo BSI de Lugano.

Su relación con el magnate Raúl Gorrín

El día 19 de noviembre, la Fiscalía del Juzgado del Distrito Sur de Florida hizo público un auto de acusación contra el empresario venezolano Raúl Gorrín, presidente de la cadena de televisión Globovisión y de Seguros La Vitalicia. El escrito le acusa de haber blanqueado 160 millones de dólares. Los beneficios ilegales los habría logrado en esquema irregulares de cambios de divisas y mediante asegurarse contratos con la Oficina Nacional del Tesoro. Habría actuado siempre con la connivencia y la complicidad de altos cargos del Ministerio de Finanzas entre los años 2008 y 2017. También se le imputan los delitos de organización criminal y sobornos a empleados públicos.

Entre esos funcionarios estarían Claudia Patricia Díaz Guillén, citada en el auto como "Foreign Official 2", y su esposo Adrián José Velásquez, "Co-Conspirator 1". Según el escrito de la Fiscalía de Florida, habrían recibido dinero en sobornos de Gorrín desde cuentas en Suiza y en República Dominicana. El auto asegura que Gorrín habría pagado al menos 65 millones de dólares en sobornos a "Foreign Official 2" entre 2011 y 2013. Ese es justo el periodo en que Díaz Guillén actuó como secretaria ejecutiva de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela.

Los abogados de la pareja niegan que se les haya comunicado nada por parte de la Fiscalía de Estados Unidos y que Díaz Guillén y Velásquez tuvieran relación alguna con Gorrín.