Abogado de la enfermera de Hugo Chávez: "Si la extraditan, la torturan y la matan"

La enfermera particular que veló la agonía de Hugo Chávez a los pies de su cama, Claudia Patricia Díaz Guillén, recibió una mala noticia el viernes pasado. La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional accedía a su extradición a Venezuela. Había sido detenida junto a su marido y guardaespaldas del primer círculo de seguridad de Chávez, Adrián José Velásquez, en abril de este año tras una orden de aprehensión emitida por un juzgado de Caracas. Los reclaman por presuntos delitos de “legitimación [malversación] de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito”.

En el relato de los hechos, según las documentos judiciales a los que ha tenido acceso este diario, los escritos de las autoridades de Venezuela se limitan a enumerar los delitos citados y se refieren a los artículos escritos en la investigación de los papeles de Panamá sobre Díaz Guillén y Velásquez, entre otros medios, por El Confidencial. No detallan qué empresas en paraísos fiscales habría usado supuestamente la pareja de máxima confianza del líder chavista o cuánto dinero habría malversado de las arcas públicas del país sudamericano.

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Ella fue oficial de la Armada venezolana y una vez que llegó a ganarse la amistad del presidente Chávez ejerció como su enfermera personal cuando a comienzos de 2011 se le detectó el cáncer que acabaría con su vida en marzo de 2013. La confianza del presidente en Díaz Guillén provocó que la nombrara secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y administradora del Despacho de la República Bolivariana de Venezuela, cargos que ejerció durante menos de dos años entre 2011 y 2013. La primera institución gestionaba entonces cientos de miles de millones de dólares procedentes de los ingentes ingresos de la estatal petrolera PDVSA en esos años de bonanza del crudo.

En ese periodo, según las autoridades judiciales bolivarianas, consiguió “beneficios económicos propios”, lo que “le permitió adquirir bienes muebles e inmuebles en territorio nacional así como en el exterior, constituyendo empresas en la República de Panamá, con dinero obtenido de las presuntas actividades ilícitas durante su desempeño” en los cargos citados.

Las alegaciones oficiales de Venezuela no entran en mayores consideraciones, según los documentos recibidos en la Audiencia Nacional. Ismael Oliver es el abogado defensor de Díaz Guillén y su esposo. El letrado abunda en esa idea: “El relato de los hechos es insostenible porque no se detalla si ha malversado 10.000 euros o qué cantidad, tampoco habla de empresas concretas en Panamá o cualquiera otro país”.

El letrado defensor tiene claro que la petición de la extradición “es de carácter político, porque tanto Claudia Patricia como Adrián saben mucho de lo que se ha cocido en el régimen y los actuales dirigentes de su país no quieren testigos, los quieren cerca para silenciarlos”. Sostiene tajante Ismael Oliver lo siguiente: “La Audiencia Nacional y el Consejo de Ministros, si deciden extraditar a mi cliente, la torturan y la matan”. La extradición es la única resolución que requiere la doble vía judicial y administrativa (política).

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Van a recurrir el fallo dictado por la Audiencia Nacional. “Llegaremos hasta el final. En primer lugar, vamos a presentar el recurso ante el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, si hiciera falta, apelaremos la resolución ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo”, explica el abogado.

Europa avala a la defensa

Oliver comenta que no tiene sentido que se extradite a una persona desde Europa a un país sancionado por la Unión Europea como consecuencia de la vulneración sistemática de los derechos humanos. “Es absurdo que la orden de extradición la cursen Michael Moreno, presidente del Tribunal de Justicia de Venezuela, y el fiscal general, Tarek William Saab, cuando si estas dos personas pisaran suelo español serían automáticamente detenidas”, argumenta el abogado.

Recientemente, el pasado 25 de octubre, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que instaba “a las autoridades venezolanas a que detengan todas las violaciones de los derechos humanos y hagan que los responsables rindan cuentas, y a que velen por que se respeten plenamente todas las libertades fundamentales y todos los derechos humanos”.

La resolución sobre Venezuela, la octava de la actual legislatura de la Eurocámara, fue aprobada por 268 votos a favor, 25 en contra y 26 abstenciones. De los eurodiputados presentes en la votación, solo se mostraron en contra los representantes de Izquierda Unida, Javier Couso, Marina Albiol, Paloma López y Ángela Vallina, y los de Podemos, Miguel Urbán, Xabier Benito, Tania González y Lola Sánchez.

El texto del Europarlamento también especifica el apoyo a la fiscal de la Corte Penal Internacional por su declaración preliminar de septiembre pasado para investigar “los crímenes generalizados y los actos represivos perpetrados por el régimen venezolano contra sus propios ciudadanos”.

La casa de Díaz Guillén y Velásquez en Venezuela ha sido allanada por adictos al régimen de Nicolás Maduro. "Su coche lo están usando fiscales, sí, fiscales", afirma el abogado defensor de la pareja.

“Huele a dinero de Chávez”

Según relata en su libro inédito 'Mis huellas', Díaz Guillén hacía guardias de 24 horas para cuidar a Chávez. En su obra agradece a Cuba su posgrado en Enfermería y detalla la íntima relación que guardaba con el mandatario: "Le acompañaba silenciosa hasta que él se durmiera... Mi lugar era sentarme a su lado en el vehículo donde él viajaba". Entre otras cosas, cuenta que ya trabajaba en la Oficina Nacional del Tesoro antes de ser nombrada presidenta, en sustitución de Alejandro Andrade, un exmilitar venezolano que vive entre caballos y lujosas propiedades en el sur de Estados Unidos.

Por su parte, su marido Adrián Velásquez fue entre 2005 y 2008 oficial de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar. Después, hasta la muerte de Chávez, ocupó la jefatura del Departamento de Seguridad de la Guardia del Palacio Presidencial, un cargo de la máxima relevancia para Chávez, que siempre sospechó de conspiraciones para derrocarlo mediante la fuerza.

Según un informe reservado del Ministerio Público de Venezuela al que tuvo acceso este diario, Velásquez "utilizó su investidura en los cargos ocupados para la obtención de beneficios económicos particulares, incrementando su capital de manera desproporcionada con respecto a sus ingresos". Para exportar ese patrimonio, entre febrero de 2011 y 2015, creó siete sociedades en Panamá, una en Florida y otra en Venezuela, informa el escrito de la Fiscalía venezolana que dirige Tarek Saab William.

Asimismo, en abril de 2016, cuando se publicó la primera entrega de la investigación de los papeles de Panamá, Díaz Guillén y Velásquez fueron señalados por los artículos de varios medios porque justo después de ser desposeídos de sus cargos por el nuevo Gobierno de Nicolás Maduro, tras el fallecimiento de Chávez, crearon en abril de 2013 sociedades en las Islas Seychelles y Panamá para supuestamente poner a salvo el patrimonio acumulado al calor del chavismo. La empresa de Seychelles, Bleckner Associates Limited, poseía una cuenta en la entidad de banca privada suiza Banca della Svizzera Italiana (BSI). Todo ello al mismo tiempo que se mudaban al enclave turístico de Punta Cana en República Dominicana.

En paralelo, directivos del propio despacho Mossack Fonseca renunciaban a representar en su sede de Seychelles a la sociedad de la que eran beneficiarios Adrián Velásquez y su hermano Josmel José. Las comunicaciones internas de Mossack Fonseca exponían que tenían que salir de cualquier relación con Bleckner Associates porque los fondos de la cuenta suiza asociada a esa sociedad olían "a dinero de Chávez".

Entretanto, en noviembre de 2012, Velásquez abría una cuenta en el banco BSI de Lugano, integrado en EFG Bank desde 2016. Así lo atestigua un certificado que emite el propio banco en junio de 2015 y que remite a Mossack Fonseca.

Después de ser cesados de sus puestos por el Gobierno de Maduro, los hermanos Adrián y Josmel José Velásquez crearon en Seychelles Bleckner Associates Limited para gestionar de forma anónima su cuenta en Suiza.

El abogado del matrimonio alega que sus clientes jamás han tenido empresas en Panamá ni en paraíso fiscal alguno. Añade que su fortuna procede de que Velásquez heredó y que tiene negocios con su hermano. “Ellos eran funcionarios, pero eso no es un delito. El régimen venezolano quiere obtener dos trofeos políticos”, concluye Ismael Oliver.

Al contrario que en el caso de su esposo, nunca se ha probado que Claudia Patricia Díaz Guillén haya sido beneficiaria de ninguna sociedad en Panamá u otra jurisdicción. El abogado defensor muestra a este diario una auditoría timbrada con papel de notaría del Estado español en que se certifica que la enfermera de Chávez nunca ha sido directora ni dignataria de sociedad panameña alguna, al contrario de lo que aseveran las autoridades venezolanas.

Adrián Velásquez comparecerá ante la Audiencia Nacional el 15 de noviembre.