ella y su marido están pendientes de extradición

Habla la enfermera de Hugo Chávez: "Nos van a torturar y nuestra vida corre peligro"

Claudia Patricia Díaz aguarda la extradición a Venezuela otorgada en primera instancia. Confía en que la Audiencia Nacional no sea cómplice de un "régimen que viola los derechos humanos"

Foto: Patricia Díaz Guillén, en un momento de la entrevista con El Confidencial. (Carmen Castellón)
Patricia Díaz Guillén, en un momento de la entrevista con El Confidencial. (Carmen Castellón)

“Si España nos extradita, tememos por nuestra vida. A más de 6.000 personas se las ha encarcelado en Venezuela sin garantías jurídicas y a algunas se las mata. Quieren torturarnos para que confesemos unos delitos que no hemos cometido”.

Quien así habla es Claudia Patricia Díaz Guillén. Entre 2011 y 2013, ocupó puestos de mucho peso en la economía del Gobierno de Hugo Chávez hasta que el presidente falleció. Una economía que nadaba en la abundancia por los altos precios del petróleo y que generaba un gran excedente de divisas que Chávez quiso reinvertir en mejorar las infraestructuras del país, pero en muchos casos acabó en cuentas de países como Suiza o Andorra por la actividad ilícita de ciertos funcionarios corruptos.

En un periodo de dos años fue la segunda responsable de la Oficina Nacional del Tesoro y la secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo (Fonden). Por encima de ella solo estaba el ministro de Finanzas, Jorge Giordani. Nadie más. Antes, entre 2003 y 2011, había sido una de las enfermeras de mayor confianza de Chávez dentro de la estructura de su Guardia de Honor y oficial del ejército bolivariano.

Tal era la relación cercana con el líder bolivariano que este conocía al entonces bebé de Díaz Guillén, Adrián. “Tenía los cachetitos [mofletes] gorditos y dijo: ‘Ahí está, el Adrián, el comepán’. Cuando el presidente me preguntaba por el niño, lo hacía por ‘Adrián, el comepán’. Era muy afectuoso con los niños y con las personas débiles”, relata la enfermera, que confirma la relación de respeto y amistad con Hugo Chávez.

En la primera entrevista que concede a un medio de comunicación, Díaz Guillén afirma a El Confidencial que su gestión y la de Jorge Giordani fueron impecables al mando de la supervisión de las arcas públicas de Venezuela. Pero cuando Chávez estaba agonizando —murió en febrero de 2013—, los grupos de presión sucesorios comenzaron a posicionarse al calor del vacío de poder que se iba a producir tras el fallecimiento del presidente.

Patricia Díaz Guillén, entrevistada por El Confidencial en Madrid. (Carmen Castellón)
Patricia Díaz Guillén, entrevistada por El Confidencial en Madrid. (Carmen Castellón)

Entonces, a Díaz Guillén y a Giordani comenzaron a llegarles notificaciones para cometer corruptelas. Algunas empresas de personajes poderosos les solicitaban la devolución íntegra de los impuestos abonados. Ambos se negaron y fueron cesados por su rectitud en la gestión a las pocas semanas de que Nicolás Maduro llegara al poder. Eso cuenta Díaz Guillén.

Preguntada insistentemente durante la entrevista, la enfermera de Chávez no quiere dar nombres por temor a querellas que compliquen aún más su situación judicial. A finales de octubre, la Audiencia Nacional accedía a su extradición a Venezuela. Había sido detenida junto a su marido y uno de los responsables de la seguridad personal de Chávez, Adrián Velásquez, en abril de este año tras una orden de aprehensión emitida por un juzgado de Caracas. Los soltaron a las pocas horas. Los reclaman por presuntos delitos de “legitimación [malversación] de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito”.

Leídas las alegaciones de la Fiscalía y el juzgado de Caracas que remitieron a Interpol y que llegaron a la Audiencia Nacional, en el relato de los hechos no existen acusaciones sólidas sobre esos delitos: ni se citan fechas ni la cuantía de la supuesta malversación de fondos públicos, ni se ofrecen datos sobre la estructura de la organización para delinquir. En el relato de los hechos imputables, solo se hace referencia a las informaciones aparecidas en 2016 y 2018 en el trabajo periodístico de los 'papeles de Panamá', coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y en el que colaboró El Confidencial.

En los artículos publicados, se evidenciaba que Adrián Velásquez y su hermano Josmel José habían creado en abril de 2013 la sociedad ‘offshore’ Bleckner Associates Limited en las Seychelles, con una cuenta asociada en el banco suizo BSI de Lugano.

Constitución de Bleckner Associates en Seychelles por Mossack Fonseca.
Constitución de Bleckner Associates en Seychelles por Mossack Fonseca.

Origen de su patrimonio

Díaz Guillén tiene una explicación para rebatir la motivación de la Justicia venezolana y las informaciones de los 'papeles de Panamá'. Es una persona formada que se explica con elocuencia en el despacho de su abogado defensor en España, Ismael Oliver. No en vano, tiene en su haber las licenciaturas en Enfermería y Derecho por la Universidad Central de Venezuela, es mayor del ejército en situación de excedencia voluntaria y también se formó en economía internacional. “Como mujer que se quería superar, por mis propios méritos ocupé altos cargos, pero no por mis amistades políticas, unos vínculos que nunca tuve”, apunta Díaz Guillén.

Poco después de la muerte de Chávez, a mi marido lo llamaron y le dijeron: "Salga de Venezuela o es usted hombre muerto"

En primer lugar, quiere subrayar que ella nunca ha tenido sociedades en ninguna jurisdicción, tampoco en Panamá, como alega Venezuela para su extradición. Hemos comprobado en el Registro Público del país centroamericano que ese relato es veraz. Sobre su patrimonio, señala: “Obtuvimos buenos contratos e ingresos con la empresa MJ Tool Box, una compañía de la familia de mi esposo que se dedica a la construcción y a la ingeniería. Eso nos permite llevar una vida cómoda, pero no somos ricos como se dice”. Agrega que Adrián Velásquez también heredó de su padre adoptivo, un acomodado empresario judío que tuvo que abandonar Venezuela porque se vio sometido a varios intentos de secuestro.

“Yo tuve salarios altos en mis puestos. Cuando viajaba me pagaban dietas, pero no gastaba nada de esos dólares y adquirí un apartamento con mi sueldo en una zona popular de Caracas”, cuenta la entrevistada.

Sobre la acusación de la Fiscalía venezolana que encabeza Tarek William Saab, no tiene duda alguna: se debe a un móvil político porque ella nunca se plegó a firmar actividades ilegales desde altos cargos en el Ministerio de Finanzas. “Poco después de la muerte de Chávez, a mi marido lo llamaron y le dijeron: ‘Salga de Venezuela o es usted hombre muerto’. Supuestamente ese mensajero le estaba haciendo un favor, lo estaba avisando”, narra emocionada. Ella aún ocupaba sus puestos e interpreta esa llamada como una advertencia para que dejara sus responsabilidades. Unas semanas después, en abril de 2013, fue cesada. Mientras, el miedo empujó a Adrián Velásquez al exilio en República Dominicana.

La familia llegó a España en 2016. En Madrid, el matrimonio convive con la madre de Claudia Patricia Díaz Guillén, su hijo y los padres de Velásquez. “Vinimos acá por la proximidad cultural y también nos llamó la atención porque mis bisabuelos eran canarios”, dice la ex secretaria ejecutiva del Fonden.

El decomiso de sus bienes

Desde que se publicaran las primeras piezas periodísticas en la primavera de 2016, según refiere la enfermera de Chávez, su familia y la de su esposo residentes en Venezuela han recibido todo tipo de represalias por parte del Gobierno de Maduro y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Ello a pesar de que sus hermanos, padres o sobrinos no tienen relación alguna con sus actividades militares y políticas.

A mi cuñado estuvieron a punto de matarlo. Ahora los militares usan la casa de mi mamá para hacer fiestas y llevar allí a detenidos

“Mis padres eran trabajadores de clase media, nos dieron todo a los hijos. Construyeron su casa en San Cristóbal [estado de Táchira] cuando yo era niña. Pero allanaron la casa en julio de 2016 y les quitaron todos sus enseres”. Describe cómo los agentes de la DGCIM llegaron con armas de guerra y granadas y se apostaron 39 días a las puertas limitando los movimientos de su madre, su hermana, su cuñado y su sobrino menor de edad. Les incautaron teléfonos móviles, ordenadores, ‘pendrives’, documentación... “Aún estamos reclamando el expediente judicial que explique los motivos del allanamiento y del decomiso de la casa”, afirma Díaz Guillén. Añade: “A mi cuñado lo golpearon y estuvieron a punto de matarlo. Ahora los militares usan la casa de mi mamá para hacer fiestas y llevar allí a detenidos”.

Díaz Guillén, en un momento de la entrevista con El Confidencial. (C. Castellón)
Díaz Guillén, en un momento de la entrevista con El Confidencial. (C. Castellón)

A su vez, los dos estudios comprados por el matrimonio en Caracas también fueron confiscados sin garantías procesales, según informan Díaz Guillén y su letrado defensor. “Viven en nuestra casa personas autorizadas por el Gobierno”, apunta ella.

La sede de la empresa familiar de su marido, MJ Box Tools, también ha sido incautada por las autoridades sin mayores explicaciones oficiales. Ya no está operativa en Venezuela.

La que fuera una colaboradora muy cercana a Chávez respira hondo para decir: “Estamos seguros de que España no va a permitir esta extradición. Confiamos en la Justicia española y nos negamos a ser rehenes políticos”. Y concluye: “Sería una incongruencia que España, habiendo firmado tantos tratados internacionales en favor del respeto de los derechos humanos, nos extraditara a un lugar donde se están violando sistemáticamente”.

Van a recurrir el fallo dictado por la Audiencia Nacional para la extracición de Díaz Guillén y —si lo hubiere similar— contra su esposo, cuyo caso está en una sala diferente de ese tribunal superior. “Llegaremos hasta el final. En primer lugar, hemos presentado el recurso ante el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, si hiciera falta, apelaremos la resolución ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo”, explica el abogado de ambos, Ismael Oliver.

INVESTIGADOS TAMBIÉN EN ESTADOS UNIDOS

El día 19 de noviembre, en la noche de España, la Fiscalía del Juzgado del Distrito Sur de Florida hizo público un auto de acusación contra el empresario venezolano Raúl Gorrín, presidente de la cadena de televisión Globovisión y de Seguros La Vitalicia. El escrito le acusa de haber blanqueado 160 millones de dólares. Los beneficios ilegales los habría logrado en esquema irregulares de cambios de divisas y mediante asegurarse contratos con la Oficina Nacional del Tesoro. Habría actuado siempre con la connivencia y la complicidad de altos cargos del Ministerio de Finanzas entre los años 2008 y 2017. También se le imputan los delitos de organización criminal y sobornos a empleados públicos.

Entre esos funcionarios estarían Claudia Patricia Díaz Guillén, citada en el auto como "Foreign Official 2", y su esposo Adrián José Velásquez, "Co-Conspirator 1". Según el escrito de la Fiscalía de Florida, habrían recibido dinero en sobornos de Gorrín desde cuentas en Suiza y en República Dominicana. El auto asegura que Gorrín habría pagado al menos 65 millones de dólares en sobornos a "Foreign Official 2" entre 2011 y 2013. Ese es justo el periodo en que Díaz Guillén actuó como secretaria ejecutiva de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela.

Los abogados de la pareja niegan que se les haya comunicado nada por parte de la Fiscalía de Estados Unidos y que Díaz Guillén y Velásquez tuvieran relación alguna con Gorrín.

*Nota del redactor: Este despiece fue añadido a las 15:45 h del 20 de noviembre de 2018.

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