Villarejo espió a una jueza de Pozuelo por la guerra entre los promotores de La Finca

La "organización parapolicial" de Villarejo espió a la jueza de Pozuelo Mónica Gómez Ferrer, explican fuentes jurídicas a El Confidencial. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha tomado declaración este jueves a la jueza y a otros cinco de los perjudicados en el marco de la pieza 'Land', que indaga en la guerra familiar de los Cereceda, promotores de la urbanización La Finca. La causa versa sobre la contratación de Villarejo por parte de Susana García Cereceda para supuestamente espiar a su hermana y conseguir así la herencia millonaria del padre de ambas, Luis García Cereceda, usando para ello datos confidenciales a los que se accedía ilegalmente.

Las pruebas recabadas apuntan a que entre las personas espiadas por el comisario jubilado se encuentra Mónica Gómez Ferrer, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón. Aunque las fuentes consultadas apuntan a que todavía es demasiado pronto para saber con certeza los motivos por los que se recabó información sobre ella, la principal hipótesis apunta a que llevaba varios procedimientos relacionados con la familia García Cereceda.

El arquitecto Joaquín Torres sospecha que Villarejo se encuentra también tras los ataques que sufrió para que dejara de ser colaborador en Telecinco

La jueza ha sido informada en sede judicial de que los investigadores han hallado un informe sobre el seguimiento al que fue sometida, lo que permitió a la organización de Villarejo averiguar, entre otros aspectos, dónde se encontraba su vivienda. Tras tener conocimiento de los hechos, la propia Gómez Ferrer ha decidido personarse como perjudicada en la causa, lo que le permitirá emprender sus propias acciones para reclamar posibles daños.

Los otros cinco perjudicados que han comparecido este jueves ante el juez han sido Yolanda García Cereceda, hija de Luis García Cereceda; su viuda Silvia Gómez-Cuétara; el chófer de la familia, de apellido Garzón; una amiga suya, Marta María Fernández Vázquez-Figueroa, y el arquitecto Joaquín Torres. Durante su declaración, Torres ha insinuado la posibilidad de que la organización de Villarejo también se encuentre tras los ataques que sufrió para que dejara de colaborar con el programa del corazón Sálvame, una línea de investigación que se mantiene abierta por el momento.

Entre los investigados en esta pieza se encuentran Juan Carlos Garcés Pérez, jefe de la sección de informática del Consejo General del Poder Judicial, así como el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño y el inspector jefe jubilado Juan José Díez Álvarez. El listado lo cierran Juana Navas Mendiola e Isabel González Cabezas, a las que también se considera sospechosas de haber "facilitado datos reservados" de las víctimas. El auto señala en este sentido que se han hallado "archivos documentales en los que figuran hojas de encargo para la obtención de datos de carácter personal", idea que se refuerza con "los extractos de transcripciones literales de archivos de audio".