"NO HE TENIDO NUNCA INTERÉS DIRECTO EN EL DESENLACE DE UNA CAUSA"

Marchena planta cara al indepentismo: "La imparcialidad debe vincularse a mis actos"

Asegura que el mensaje de Cosidó sólo expresa su "personal criterio" sobre las consecuencias políticas de un pacto entre dos fuerzas parlamentarias

Foto: Manuel Marchena. (EFE)
Manuel Marchena. (EFE)

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha rechazado este viernes en un escrito de cinco páginas apartarse del juicio del procés por los wasaps enviados por Ignacio Cosidó. Asegura que la imparcialidad de un magistrado "ha de vincularse a sus propios actos o resoluciones" y no puede hacerse depender de la opinión de terceros que expresan "su personal criterio". "No tengo -mi he tenido nunca- un interés directo en el desenlace de una causa penal", añade.

El magistrado, que ha sido recusado por seis defensas de los políticos presos que consideran que los mensajes del cargo popular le inhabilitan para dirigir el próximo juicio, atribuye estas solicitudes a una estrategia reiterada y dice que esta es la séptima ocasión en que cuestiones la imparcialidad de los magistrados de la Sala. "Se trata de una estrategia defensica que obliga una y otra vez a razonar el distanciamiento del objeto del proceso", lanza.

Aprovecha estas cinco páginas para realizar una reflexión sobre el poder judicial y la organización de su gobierno que califica como "controvertida". Explica que la polémica ha acompañado a cada una de las reformas del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente y dice de forma rotunda que "a su juicio" el argumento central sobre el que se construye la recusación es "inaceptable". Oriol Junqueras le atribuían un sesgo político por su elección tras la negociación entre el PSOE y el PP que él descarta tras analizar los distintos sistemas europeos.

Así, especifica que todos los modelos contemplan distintas formas de contacto y relación entre el poder judicial y el legislativo "y, no en pocos casos, con el poder ejecutivo". Se refiere, con ironía, a las menciones que realizan los procesados que quieren apartarle a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dos tribunales -asegura- cuya composición no es ajena a una participación directa del poder político.

"En definitiva, la idea de que cualquier forma de participación del poder político en la designación del órgano de gobierno del poder judicial justifica la prevención ciudadana por la falta de imparcialidad de sus jueces, no se sostiene", argumenta e insiste en que los países de nuestro entorno contemplan una intervención más o menos directa en este tipo de nombramientos.

Pone como ejemplo Bélgica, país donde se refugió Carles Puigdemont y cuya justicia investiga la imparcialidad del intructor Pablo Llarena. Allí, recuerda, el Senado designa a 22 de los vocales del Consell Supérieur de la Justicie. También menciona Portugal, donde los jueces son minoría y la elección depende en parte del presidente de la República. Lo mismo sucede con la Justicia francesa, con un modelo fuertemente gubernamentalizado, o la italiana.

Un sistema mejorable

En opinión de Marchena, el sistema español "es tan mejorable" como cualquier otro de los mencionados pero resulta evidente que la elección directa por parte del Congreso y el Senado en la designación, "no puede conducir a la descalificación" de los magistrados del Supremo. Para él, no es este mecanismo el que "conduce al escepticismo colectivo" sino "las disfunciones que puedan surgir durante el proceso".

En este punto, recuerda la nota en la que anunció que se retiraba de la candidatura a la presidencia en la que no se refería directamente al mensaje del 'popular' Cosidó pero sí deslizaba el verbo "controlar", empleado en esa afirmación del portavoz en el Senado. Éste aseguraba que su designación permitiría "controlar por atrás" la Sala de lo Penal mientras que el comunicado de Marchena indicaba: "jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal".

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