Así salvaron los funcionarios a los cinco presos más peligrosos de la cárcel de Huelva

El interno Brahim M. A. estaba condenado por delitos de robo y de narcotráfico. Era considerado muy peligroso. El juez de vigilancia penitenciaria ordenó su traslado al módulo de aislamiento de la cárcel de Huelva después de que tratara de fugarse del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde ingresó en 2017. Los funcionarios de prisiones de la instalación onubense ya le conocían, porque había protagonizado varios episodios violentos que mostraban su inestabilidad emocional, pero nunca le habían visto hacer lo que hizo el pasado miércoles.

Ese día, el recluso cogió un mechero y prendió el colchón en el que descansaba habitualmente en su pequeña celda de régimen cerrado que solo él ocupaba. Muy pronto comenzó a llenarse de humo todo el módulo, conformado por seis celdas destinadas a presos especialmente peligrosos. Los funcionarios comenzaron a aplacar ellos mismos el incendio, pues como admite uno de ellos a El Confidencial, "no había tiempo para esperar a los bomberos". Utilizaron los medios que estaban a su alcance en el propio centro penitenciario y se empeñaron en aplacar las llamas.

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Hasta nueve funcionarios actuaron para contener el fuego. El humo, sin embargo, había impregnado ya toda la instalación cuando llegaron los funcionarios. Se había introducido en otras celdas y estaba poniendo en peligro la salud de sus ocupantes, todos internos considerados peligrosos y clasificados en primer grado, un régimen cerrado que limita al máximo tanto las visitas como las salidas al patio o lo que pueden hacer los que están definidos de este modo. De ahí que los empleados de la prisión decidieran sacar a los reclusos a toda velocidad y reubicarlos en otro módulo.

En especial, el humo afectó seriamente a Brahim y a otros cuatro compañeros de galería, una zona que estaba casi llena (cinco de las seis celdas que la conforman estaban ocupadas). Todos los reos fueron trasladados al módulo de ingresos, donde permanecen aún hoy. El iniciador de las llamas fue el único que fue enviado al hospital de Huelva. Lo acompañaron una decena de policías a modo de escoltas. Fuentes sanitarias aseguran que el paciente no presentaba quemadura alguna, que únicamente ingresó por inhalación de humo y que fue pronto estabilizado.

La galería incendiada ha quedado inservible y ahora tendrá que ser sometida a diferentes obras de reforma. El interno que protagonizó el incendio, por su parte, será provisionalmente reubicado junto a sus cuatro compañeros de régimen cerrado. Brahim, oriundo de Melilla, cometió sus robos con violencia en la zona de Torremolinos. Su vida seguirá adelante entre rejas gracias a la actuación de los funcionarios de prisiones que, según explican desde el sindicato Acaip, aplacaron las llamas y "salvaron la vida de los internos más peligrosos de la prisión (...) en un tiempo récord".

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Fuentes del sindicato califican de "magnífica" la actuación de los trabajadores del centro y aprovechan para resaltar que fue el propio instinto de los funcionarios lo que permitió que la historia acabara bien, ya que "existe una clara falta de formación en extinción de incendios" en el cuerpo. Las mismas fuentes se quejan del "sentimiento de impunidad" que rige entre los internos más peligrosos, que saben que sus actuaciones luego no tienen consecuencias. En concreto, en relación con Brahim, se muestran seguros de que su decisión de incendiar la celda no tendrá "prácticamente ninguna incidencia desde el punto de vista penal ni penitenciario".

Las mismas fuentes protestan también porque, además de la falta de formación, la labor de los funcionarios de prisiones apenas es reconocida. En los últimos días, incluso son ninguneados por la Administración, como muestra el plante que dio el pasado miércoles la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea Aranguren, a los representantes de los sindicatos Acaip, UGT y CCOO, que habían sido citados para tratar las seis jornadas de huelga declaradas por el sector durante los meses de octubre y noviembre como muestra de protesta contra la decisión del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska de retirar la oferta de 123 millones de euros destinados a equiparar el salario de los funcionarios de prisiones con sus homólogos catalanes.