Podemos ultima una ley para legalizar el cannabis con puntos de venta autorizados

Podemos pisa el acelerador para acabar de perfilar en las próximas semanas una ley con el objeto de regular el cannabis, siguiendo el modelo canadiense, que desde este miércoles permite la venta al público. El proyecto de ley, que se pretende llevar al Congreso en los primeros meses de 2019, busca legalizar el consumo y la venta, no solo medicinal sino también recreativo. Según los borradores del proyecto en que trabaja el grupo parlamentario, y a los que ha tenido acceso este diario, el acceso a esta sustancia se haría vía licencias y control estatal de las mismas. Licencias tanto para la producción como para la distribución y la venta, pero no para los consumidores, como sí ocurre por ejemplo en Uruguay a través de un sistema de registro de usuarios.

La legalización se pretende acompañar de una política punitiva "contundente" para quien incumpla la legislación, principalmente si se vende a menores. Lo locales de venta en el circuito legal que se salten las normas establecidas en la ley tendrán como castigo inmediato la retirada de la licencia. Desde Podemos, se fijan en los resultados que estas medidas han tenido en EEUU para concluir que la mayoría de puntos de venta no se arriesgaría a perder la licencia por vender a menores, lo que dificultaría el acceso de estos al cannabis.

La desaparición del mercado negro es otra de las consecuencias que se destacan como valor preventivo. Todo ello iría acompañado, además, de programas de prevención y educación en base a la información para el control de riesgos. La publicidad y el consumo en la calle estarían prohibidos por ley. La regulación integral se asocia asimismo a un avance en la lucha contra el tráfico y la criminalidad ligada a este fenómeno.

La publicidad y el consumo en la vía pública estarían prohibidos por ley

Uno de los puntos fuertes que destacan los impulsores de esta futura iniciativa legislativa, estancada durante meses en la comisión mixta para el estudio del problema de las drogas, es el económico. La recaudación para el Estado estimada se calcula por encima de los 1.000 millones de euros. A ello hay que sumar los gastos asociados a la política prohibicionista. Unas cifras aproximativas, y basadas en otros países donde la marihuana es legal, que se desarrollarán este jueves en el Congreso durante el foro 'Hacia la regulación integral del cannabis'. Pablo Iglesias será el encargado de inaugurar estas jornadas y en ellas participarán expertos, colectivos y asociaciones para debatir y construir los cimientos de una futura regulación integral del cannabis en España.

El impacto en el mundo rural de la legalización es otro de los beneficios que se derivarían de esta legislación, según quienes serán sus redactores, "principalmente en regiones cuya agricultura es monocultivo, pero no solo". Con todo, para que tenga un impacto real y positivo, se apuesta por garantizar derechos laborales asociados y criterios de sostenibilidad. "Para ello, se deben fomentar el autocultivo, el cooperativismo y el cultivo en pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. De esta forma, se evitan los monopolios y oligopolios de las grandes empresas, y el dinamismo económico que se genera produce riqueza social".

En lo referente al uso terapéutico, se defiende que se trata de "una cuestión de derechos humanos", argumentando que hay evidencias científicas de que el cannabis "posee propiedades que son paliativo para determinadas patologías graves, y solo a través de la regulación se puede garantizar al paciente acceso a un tratamiento médico que mejora de forma considerable sus condiciones de vida". Por otro lado, se apuesta por implementar la I+D vía convenios de investigación con las universidades públicas.

Las licencias serían tanto para la producción como para la distribución y la venta, pero no para los consumidores, como sí ocurre en Uruguay

PP y PSOE han remado juntos hasta ahora en la comisión del Congreso en contra de la regulación integral del cannabis. Ciudadanos apuesta por su despenalización, al menos del uso medicinal. De hecho, la formación liderada por Albert Rivera ya registró en febrero de 2017 una proposición no de ley en el Congreso para regular el uso medicinal de esta sustancia. Una posición en la que se encuentran también PDeCAT y PNV, mientras que ERC y Unidos Podemos apuestan por la despenalización también del uso recreativo.

El propio Pedro Sánchez ya se opuso recientemente a seguir el modelo canadiense. Durante su visita al país norteamericano, el presidente del Gobierno fue preguntado por este extremo, limitándose a responder: "Estoy en lo que estoy. Tengo ya suficientes problemas, y ahí me quedo". Su homólogo canadiense, Justin Trudeau, replicó que "cada país debe tomar su decisión", defendiendo que el suyo apostó por la regulación integral para dificultar el acceso de la marihuana a los jóvenes y evitar que el crimen organizado mueva unos 6.000 millones de dólares canadienses al año.

Los defensores de la regulación integral se apoyan en varias encuestas para defender que la mayoría de la población española es partidaria de permitir la venta controlada y el consumo privado de esta sustancia. Entre ellas, una investigación llevada a cabo por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y financiada por el Plan Nacional sobre Drogas del año 2014 en la que se aseguraba que el 52% sería partidario de la despenalización.