Rato irá a la cárcel: puede obtener la condicional cuando cumpla 70 años

Rodrigo Rato pasa sus últimas horas en libertad. La Audiencia Nacional tiene en sus manos el cómo y el cuándo, pero el exvicepresidente económico popular tiene nulas opciones de escapar a un ingreso resultado de su responsabilidad en el uso de las tarjetas 'black' por parte de directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia. Fuentes jurídicas apuntan que tratará de apurar todas sus bazas y presentará un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, al estilo de la estrategia de defensa de otro preso ilustre, Iñaki Urdangarin. Solo después de que el alto tribunal falle en respuesta, podría acudir ante el Constitucional. En el intermedio, la Audiencia Nacional tiene en sus manos ordenar la ejecución de la condena. Lo habitual es que se le conceda un plazo de entre cinco y 10 días para ingresar en la cárcel de su elección, aunque puede también ordenar un ingreso automático en un centro penitenciario concreto.

El Tribunal Supremo confirmó este miércoles que debe cumplir cuatro años y seis meses de prisión por un delito de apropiación indebida. La atenuante de reparación del daño, aplicada al resto de condenados que depositaron las cantidades gastadas con este sistema, no ha servido en su caso debido a su responsabilidad en el aval de los plásticos. Dio continuidad y avaló un sistema "pervertido" ya desde su origen y ha quedado demostrado que las tarjetas se emitieron inicialmente por decisión de la presidencia ejecutiva, que él ocupaba. "Se aprovechó de su cargo y carecía de facultades para disponer de esa forma del patrimonio sobre el que tenía serias obligaciones de cuidado", dice la resolución, muy dura con el expresidente de Bankia.

Rato cargó 44.217,47 euros a la tarjeta de Caja Madrid y 54.837,12 euros a la de Bankia, aunque devolvió estos últimos. Entre los conceptos del uso del plástico figuran 1.849,23 euros en salas de fiesta, pubs, discotecas y bares.

Así, y a falta de conocer los términos del auto de ejecución de sentencia que debe dictar el tribunal de la Sección Cuarta, Rato pasará a ser un recluso más al que se aplique la normativa penitenciaria. Su edad puede apoyar una excarcelación más temprana. El que fuera también presidente del FMI cumplió 69 años el pasado marzo y, una vez alcance los 70, puede reclamar la condicional siempre que se le haya clasificado en tercer grado, cosa que tardará un mínimo de ocho meses y muy previsiblemente más de un año.

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Al margen de sus años, la norma establece que no podrá optar a permisos puntuales de salida hasta que cumpla un cuarto de la condena, es decir, 13 meses. Será a partir de esa fecha cuando pueda abandonar la prisión donde finalmente deba cumplir condena por un máximo de 36 días. La barrera para reclamar el tercer grado, régimen de semilibertad, se coloca en los tres años y un mes. Transcurrido un plazo de dos meses, debe clasificársele en un grado determinado, habitualmente el segundo, que se irá revisando cada medio año.

La encargada de proponer esta clasificación es la Junta de Tratamiento Penitenciario. Realiza una propuesta que resuelve la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ahora bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska. Se valoran circunstancias como el hecho de que se trate del primer delito y no existan antecentes, el riesgo de reincidencia o la existencia de un entorno familiar y laboral estable y adecuado.

Acudir al Tribunal Constitucional

Su defensa, que ejerce el abogado Ignacio Ayala, puede también optar por presentar un recurso ante el Constitucional que, según fuentes del tribunal de garantías, tiene difícil encaje en la doctrina adoptada en el pasado. El criterio consolidado del TC es el de rechazar la suspensión cuando la suma de las penas supera los cinco años. Debe, además, probarse algún tipo de violación en sus derechos fundamentales.

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También se tiene en cuenta para valorar este tipo de peticiones si parte de la pena está cumplida en prisión provisional. No es el caso de Rato, que nunca ha ingresado en preventiva, ni en esta causa ni en las otras en las que se le investiga. Y es que el expresidente de Bankia tiene otras dos causas en su haber que pueden engrosar la condena conocida tras la decisión del TS.

El próximo 26 de noviembre, se sentará en el banquillo junto a otros 33 procesados por la salida a bolsa de la entidad resultado de la fusión de las cajas. La Fiscalía Anticorrupción pide para él en este procedimiento cinco años de prisión por el fraude del ocultamiento de la situación real del banco. Además, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid investiga el origen de su patrimonio y le atribuye la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.