le advierte de que le puede abrir expediente

El Colegio de Abogados de Madrid rechaza amparar a Boye, letrado de Puigdemont

En un comunicado hecho público este jueves, la junta señala que no concurren en este caso "los hechos objetivos que hipotéticamente pudieran justificar" la concesión del citado amparo

Foto: El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. (EFE)
El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. (EFE)

La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, "por unanimidad y sin reservas", ha rechazado amparar al abogado Gonzalo Boye —que forma parte del equipo de letrados que defienden al 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont y a sus exconsejeros huidos— por los ataques que denuncia haber sufrido a cuenta de la presentación de una demanda en Bélgica contra el instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

En un comunicado hecho público este jueves, la junta señala que no concurren en este caso "los hechos objetivos que hipotéticamente pudieran justificar" la concesión del citado amparo. Fuentes del órgano colegial han señalado a Europa Press que la decisión ya se le ha comunicado a Boye, a quien se ha advertido además de que a raíz de una queja presentada contra él, el comité deontológico estudia la apertura de un expediente que podría concluir en sanción.

El abogado solicitaba que se le amparara frente a las amenazas que afirma haber recibido vía redes sociales como Twitter por parte de personalidades como el periodista Alfonso Rojo y los políticos Toni Cantó (Ciudadanos) y la exmiembro de Vox Cristina Seguí. Tras conocer la decisión, ha señalado a Europa Press que para él no ha sido ninguna sorpresa.

La actuación del comité deontológico del colegio se produce a raíz de una queja presentada por el eurodiputado Enrique Calvet, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. El parlamentario pide que examine el comportamiento deontológico de Boye para aclarar su "nivel de responsabilidad" en la traducción errónea de las declaraciones de Llarena utilizadas para armar la demanda civil presentada contra el magistrado ante los tribunales belgas.

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