El Gobierno formaliza la contratación del abogado belga que defenderá a Llarena

El Ministerio de Justicia ha ultimado este jueves la adjudicación del contrato de servicios para la defensa jurídica del Estado y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante los tribunales belgas en la demanda formulada en su contra por Carles Puigdemont y cuatro de sus 'exconsellers'. La contratación, por un valor de más de medio millón de euros, se formalizó por la tarde mediante su firma por la embajadora española en Bruselas y llega a tiempo para la vista en la que está previsto que se estudie la admisión a trámite de la acción civil contra el instructor del 'procés'.

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En concreto, el Ministerio de Justicia ha decidido encomendar al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación del Estado español y del magistrado. En una nota de prensa, ha informado de que una vez concluido el trámite de selección del despacho, se ha remitido la documentación a la embajada española, donde representantes legales de la legación diplomática y el bufete ya lo han firmado.

"El valor de la adjudicación asciende a 450.413,22 euros, a los que hay que sumar otros 94.568,78 en concepto de impuestos, lo que supone un total de 544.982 euros", especifica el comunicado. El letrado Hakim Boularbah, socio del área de derecho internacional privado del bufete y profesor de derecho procesal de la Universidad de Lieja, asumirá la dirección de la defensa. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial especifican que esta cantidad fija el presupuesto máximo, aunque es previsible que los honorarios finales supongan finalmente menos dinero.

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La formalización del contrato pone fin a una semana de crisis provocada por la primera decisión del departamento que dirige Dolores Delgado. Será ahora el letrado escogido el que, con las recomendaciones que reciba por parte de la Abogacía del Estado, se ocupe de representar al Reino de España ante un procedimiento de un país extranjero que viola la inmunidad de jurisdicción.

Las declaraciones del magistrado ante los medios quedan amparadas por la defensa, y Justicia empleará como argumento contra el 'expresident' los errores en la traducción de estas afirmaciones que aparecen en el escrito que presentó. En su versión francesa, la transcripción hace ver que el juez violó la presunción de inocencia de los investigados dando por hecho que cometieron delitos, cosa que no corresponde con lo que aseguró tras una conferencia en Oviedo.