La Unesco entra en la polémica de los lazos: "Hay que proteger el patrimonio"

El último episodio de la guerra de los lazos en Cataluña se ha producido este sábado frente al Parque de la Ciutadella de Barcelona cuando un hombre ha agredido a la mujer de un militante de Cs que estaba retirando estos símbolos de apoyo a los políticos presos. A este acto se suma también la denuncia contra Arcadi Espada por haber pintado la bandera española sobre un lazo amarillo. Pero el hecho clave que propició la petición directa a la UNESCO para que la organización se pronunciara fue el de la semana pasada después de que decenas de bolsas de basura amarillas permanecieran enganchadas a la red de protección de los muros de dos mil años de antigüedad de la muralla romana de Tarragona, que forma parte del conjunto arqueológico de Tarraco, declarado Patrimonio Mundial en 2000. La brigada de limpieza municipal los retiró en la noche del martes entre críticas de partidos como Ciudadanos y PP (que gobierna con el PSC en el Ayuntamiento).

Según ha podido confirmar este diario, por ahora el Ministerio de Cultura —del que depende la secretaría general de Protección del Patrimonio Histórico, que trabaja con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en todos los bienes protegidos en España— no tiene "información suficiente" para evaluar si la colocación de los lazos "ha podido afectar la integridad material de la misma". Desde la cartera que dirige José Guirao reprochan el "uso inadecuado" de este tipo de acciones en el patrimonio histórico, sobre todo porque la UNESCO exige los más altos estándares de conservación en todos estos bienes, e insiste en que su única finalidad debe ser "transmitir los valores constructivos para la sociedad".

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Así consta en las directrices pactadas en la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de París firmada en 1972, de la que forma parte España, y a partir de la que todos los estados miembros adquirieron el compromiso de "conservar y difundir de manera adecuada" los bienes inscritos en la lista. Según explican fuentes del Ministerio de Cultura, las pautas marcadas para estos lugares protegidos pasan por "contar con medidas de protección legislativas y reglamentarias, sistemas de gestión adecuados y uso sostenible de los bienes". Lo que el Gobierno tiene claro es que los "fines políticos" no pueden figurar de ninguna manera y reprochan que "puedan afectar a la integridad" de los bienes.

Precisamente y en plena polémica por la ocupación de espacios públicos catalanes con símbolos independentistas en apoyo a los políticos encarcelados en la causa del 'procès', la semana pasada la muralla romana de Tarragona amanecía con bolsas amarillas. Ciudadanos fue el primero en protestar públicamente. Dirigentes de la formación que dirige Inés Arrimadas en esta comunidad insistieron en exigir al consistorio gobernado por el PSC (y apoyado por el PP) que tomara cartas en el asunto cuanto antes.

Las denuncias públicas se unieron a las de los populares que, según ha podido saber este diario, presionaron directamente al alcalde para actuar. En concreto, el segundo teniente de alcalde, José Luis Martín, fue el encargado de comunicar a la brigada de limpieza municipal que debía descolgar todos los símbolos de la muralla. El martes por la noche se retiraban las decenas de bolsas instauradas en el Portal del Roser sin que trascendiera ningún detalle del operativo por parte del consistorio.

La guerra de los lazos

Esta polémica conocida como guerra de los lazos comenzó el pasado mes de mayo cuando miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) llenaron varias playas catalanas de cruces amarillas. La iniciativa se contagió en las principales ciudades. Si desde los círculos soberanistas se defendía seguir colocando lazos y otros símbolos en calles y plazas en defensa de los políticos encarcelados y de la continuidad del proceso separatista, Ciudadanos inició hace semanas una campaña institucional y política para retirar todas estas insignias de los espacios públicos.

Como adelantó este diario, la formación naranja lanzó un llamamiento a cargos, militantes y simpatizantes para "limpiar" las calles de lazos, insistiendo en la necesidad de mantener "la neutralidad" en las calles "de todos", tras la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se pronunció en esa línea.

Desde entonces, el cruce de acusaciones entre miembros del Govern —incluido también el 'expresident' Puigdemont— y dirigentes del partido naranja ha sido continuo. Pero la actuación de los Mossos en la madrugada de este pasado sábado, identificando a 14 personas que llevaban a cabo la retirada de símbolos en varias calles de Tarragona, supondrá un antes y un después. Según explicó la propia policía autonómica, se abrieron diligencias y, en estos momentos, continúan pendientes de las denuncias que puedan ponerse por parte de ayuntamientos o particulares por posibles daños al dominio público, que podrían incurrir en sanciones de entre 601 y 30.000 euros.