INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL ESTADO

Viajes en puente y cheques de El Corte Inglés: las facturas origen del caso UNED

La Intervención detectó gastos irregulares en los cursos de la UNED denunciados por fiscalía. Una sentencia obliga a reponer en la dirección a las docentes por la presunción de inocencia

Foto: Imagen: EC.
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Viajes en fines de semana con puente incluidos, algunos anteriores o posteriores a los cursos, miles de euros en cheques regalo de El Corte Inglés y multitudinarias comidas en restaurantes en fines de semana. Son algunos de los gastos de los cursos de la UNED que detectó la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que en 2016 dio origen al caso que ha acabado con cinco profesores de Derecho Civil denunciados por la fiscalía por desviar dinero a sus cuentas. Aun así, la UNED se ha visto obligada a reintegrar a tres de las docentes en sus puestos porque una sentencia ha considerado que hay que respetar su presunción de inocencia.

El 3 de marzo de 2016, la Intervención General de la Administración del Estado concluyó su informe sobre la UNED. Incluía un punto de "análisis de los cursos gestionados por la Fundación UNED", que organizaba numerosos títulos propios, no oficiales. El documento, de 75 páginas y al que ha tenido acceso El Confidencial, advierte desde el principio de la dificultad de analizar las cuentas porque la fundación "al actuar como intermediaria, no registra en sus cuentas de ingresos y gastos, los derivados de la gestión de estos cursos, salvo el ingreso que corresponde a la comisión que esta se reserva por la gestión realizada. En definitiva, los ingresos totales de matrícula de estos cursos no figuran ni en la cuenta de resultados de esta entidad, ni en el presupuesto de ingresos de la UNED, ni, por deducción, en la cuenta del resultado económico patrimonial de esta".

En la práctica, los profesores que organizaban cursos manejaban el presupuesto y luego daban un porcentaje a la UNED, que, asfixiada por los recortes, había multiplicado estos cursos. El departamento de Derecho Civil fue especialmente activo en cursos relacionados con la enfermería. Estos cursos a distancia daban puntos a los enfermeros interinos de algunas comunidades autónomas de forma que al hacerlos podían escalar en la bolsa de trabajo, según fuentes conocedoras de la universidad. Además de la matrícula, los alumnos tenían que pagar el manual de las mismas profesoras, un clásico en muchas universidades y en especial en la UNED, donde hay profesores críticos que denuncian que eso supone un conflicto de intereses.

La IGAE analizó una muestra de los gastos cargados a estos cursos. En el curso de 'experto universitario en enfermería legal y forense', la intervención encontró "691 euros por desplazamientos en tren, ida y vuelta los días 20 de septiembre y 24 de septiembre de 2012 (El Puerto de Santa María)". Esos viajes coinciden con un fin de semana y el curso había terminado en junio de 2012, tres meses antes. Hay más gastos que señala como irregulares: "Combustible, 206 euros los días 2 y 27-10-2012 junto con varias facturas de restaurante, en algunos casos para varios comensales, por 371 euros, sin embargo el curso finalizó en junio de 2012".

La denuncia de la fiscalía sostiene que estas profesoras inflaban los gastos utilizando sociedades de las que eran dueñas para "lucrarse ilícitamente a costa de la UNED". Habitualmente engordaban las partidas dedicadas a "publicidad y propaganda" y facturaban a través de sus sociedades en el curso 2014/2015. La fiscalía cifra la cantidad desviada en 316.930 euros.

La denuncia no menciona otros cargos extraños de los que alertó la IGAE en ejercicios anteriores. Como ejemplo, los "gastos de fecha anterior al inicio del curso sin que conste explicación motivada de los mismos", entre ellos: "Liquidación de gastos de fecha 14-12-2011 por importe de 2.878 euros, correspondientes a combustible, hotel (días 6 al 8-12-2011 [durante el puente de la Constitución] en Úbeda), billetes de tren y restaurante, de los meses de octubre, noviembre y diciembre".

Un profesor ayudante de Derecho Civil pasó 2.194 euros de alojamiento en Pontevedra del 19 al 24 de agosto; carburante y facturas de restaurantes de julio a septiembre. El curso había terminado en junio. En otros de los cursos hay un cargo de 5.000 euros en 10 tarjetas regalo de El Corte Inglés "sin incluir documentación justificativa de la relación de este gasto con la actividad del curso".

En el curso 'Experto universitario de enfermería de salud mental' hay 335.000 euros abonados a empresas "sin que exista constancia de haberse llevado a cabo un procedimiento previo de selección y adjudicación de las empresas". También hay 6.400 euros en comidas, aparcamientos, billetes de tres de profesores de la UNED sin justificación y además de otros 5.000 euros en tarjetas regalo de El Corte Inglés.

El rector de la UNED, Alejandro Tiana, denunció a la fiscalía el caso tras recibir el informe de la IGAE. Después, la fiscalía de Delitos Económicos denunció el caso en un juzgado. También presentó una querella contra el catedrático de Economía Eduardo Pérez Gorostegui por asignarse medio millón de euros en cursos similares a través de sus hijos y de su esposa. Además el 27 de julio de 2017, el Consejo de Gobierno de la UNED retiró los cursos de las profesoras que estaban siendo investigadas en la fiscalía de Madrid.

La Intervención detectó cargos de 10.000 euros en tarjetas regalo de El Corte Inglés sin explicación

La decisión afectaba a la profesora María Paz Pous de la Flor, que dirigió los cursos 'Enfermería en prescripción, uso y manejo de fármacos' y 'Ciencias forenses para trabajadores sociales'; Juana Ruiz Jiménez; responsable de 'Enfermería geriátrica' y 'Enfermería legal y forense'; a Lourdes Carmen Tejedor Muñoz, que dirigió 'Enfermería de atención familiar y comunitaria' y 'Gestión de RRHH en enfermería', y finalmente a Rosa Leónsegui Guillot, responsable de los cursos 'Enfermería en la atención de cuidados de la enfermedad mental severa' y 'Enfermería en salud mental y psiquiatría'. En total, ocho cursos impartidos por cinco profesoras del departamento. En seis de ellos figuraba como colaborador el profesor Alfonso Serrano Gil, también denunciado. Lourdes Tejedor es subdirectora del departamento y Juana Ruiz es secretaria docente.

Este diario ha intentado sin éxito obtener su versión. Hace unos días sí respondieron con un escueto correo en el que señalaron que "se trata de una investigación inicial sin fundamento alguno y en la que estamos a la espera de que sea sobreseída". Tres de las afectadas recurrieron a la justicia alegando que se encontraban en "situación de total y absoluta indefensión" porque cuando les notificaron la suspensión no habían sido aún citadas por la fiscalía ni conocían las acusaciones, según explica una sentencia del pasado 31 de enero. Alegaron una "vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, ya que han transcurrido 10 meses desde que los expedientes disciplinarios fueran suspendidos sin que exista constancia alguna de que hayan sido o estén siendo investigadas por la comisión de delito alguno, ni de que exista un proceso penal sobre esos hechos". Y añadieron que en otros casos al repetirse los cursos la renovación de los directores era automática.

La Abogacía del Estado, que defiende a la UNED, replicó que "no es un hecho controvertido que a cada una de las recurrentes se le ha incoado expediente disciplinario ante la concurrencia de irregularidades en la gestión de sus respectivos cursos. A la vista de la importancia de tales irregularidades y ante la posibilidad de que las mismas pudieran ser constitutivas de hechos delictivos, los órganos competentes de la UNED remitieron las actuaciones al Ministerio Fiscal, quién incoó diligencias de investigación en todos los supuestos emitidos, con la consiguiente suspensión de los correspondientes expedientes disciplinarios" y consideraba que la no renovación en la dirección de un curso no es una sanción.

Las docentes señalan que la UNED vulneró su "derecho fundamental a la presunción de inocencia" y auguran que el caso será sobreseido

El tribunal dio la razón a las profesoras. "Conforme a los hechos descritos (suspendidos los expedientes disciplinarios y sin que conste la existencia de un procedimiento penal abierto por los citados hechos, ni siquiera ha sido alegada por la Administración en su contestación a la demanda la existencia de dicho procedimiento penal ni que el Ministerio Fiscal haya formulado denuncia o querella contra las actoras), es evidente que debe prevalecer el derecho fundamental a la presunción de inocencia". La Abogacía no aportó que el 2 de agosto de 2017 la fiscalía denunció el caso a un juzgado, que lo tramita por prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Esa es la razón por la que algunos cursos siguen impartiéndose en la UNED por las mismas profesoras. Después del escándalo, la UNED cambió los cursos y se los retiró a la fundación UNED, cometida a menos controles de fiscalización. Tras revelar El Confidencial el caso, el vicerrector de centros asociados, Tomás Fernández, envió un escrito a los centros asociados en el que explicaba lo sucedido. "En estos momentos en que parece ponerse en duda el buen hacer de las universidades públicas como instituciones de todos, quiero transmitirte la incuestionable decisión que tiene este equipo de gobierno de hacer las cosas bien, con transparencia y con rigor". El correo calificaba la noticia de este diario como "de titular alarmante y cuerpo de texto correcto".

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