Desfalco en la UNED: el fiscal va contra cinco docentes de Civil por lucrarse con cursos

El departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) tiene bajo sus pies otro escándalo universitario. Cinco de sus profesores han sido acusados por la Fiscalía Provincial de Madrid de desviar a sus cuentas fondos de los cursos que organizaban para la Fundación UNED, según fuentes jurídicas. No son títulos con validez oficial, sino propios de la universidad. Según la denuncia, desviaron 316.930 euros (el 39% de lo que ingresaban por cursos de enfermería) a sus bolsillos. Eso reducía la partida que debía ir a la UNED, una universidad pública dependiente del Ministerio de Educación. La denuncia partió del propio rector de la UNED, Alejandro Tiana, tras ser alertado por la Intervención General de la Administración del Estado. Los profesores afirman que es una denuncia sin fundamento que acabará sobreseída.

El departamento de Derecho Civil de la UNED desarrolló hace unos años un curioso interés por los cursos de enfermería. No son titulaciones oficiales sino cursos propios de la universidad. Profesoras de este departamento comenzaron a impartir cursos para la Fundación UNED. Son titulaciones de la fundación, que debe recibir un 24% de los ingresos del curso. Se celebraron entre enero y septiembre de 2015. El Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, el que dio a Cristina Cifuentes su falso máster, organiza cursos similares.

La Intervención General de la Administración del Estado alertó a la universidad pública del enriquecimiento de los profesores

En la Fundación UNED, la profesora María Paz Pous de la Flor dirigió los cursos 'Enfermería en prescripción, uso y manejo de fármacos' y 'Ciencias forenses para trabajadores sociales'; Juana Ruiz Jiménez fue responsable de 'Enfermería geriátrica' y 'Enfermería legal y forense'; Lourdes Carmen Tejedor Muñoz dirigió 'Enfermería de atención familiar y comunitaria' y 'Gestión de rrhh en enfermería', y finalmente Rosa Leónsegui Guillot fue responsable de los cursos 'Enfermería en la atención de cuidados de la enfermedad mental severa' y 'Enfermería en salud mental y psiquiatría'. En total, ocho cursos impartidos por cinco profesoras del departamento. En seis de ellos figuraba como colaborador el profesor Alfonso Serrano Gil. Lourdes Tejedor es subdirectora del departamento y Juana Ruiz es secretaria docente.

Los cursos fueron un éxito notable. Acuciadas por la asfixia financiera, las universidades públicas han buscado durante la crisis este tipo de cursos como fuente de ingresos. No son títulos oficiales sino títulos propios, sin efectos académicos: no están reconocidos por la Aneca, no dan acceso al doctorado y no se reconocen en la UE. Son, en definitiva, como los títulos de una academia pero con el sello de una universidad, lo que se ha prestado a la confusión.

La diferencia entre ingresos y gastos debe ir en buena medida a la UNED. Sin embargo, estas profesoras se dedicaban a engordar los gastos de los cursos, de forma que el dinero se perdía por el camino antes de llegar a la UNED. Al menos así consta en la denuncia que la Fiscalía de Madrid presentó el pasado 2 de agosto por malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. Aunque comenzó en la Fiscalía de Urbanismo, ahora lo lleva la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid.

La denuncia sostiene que estas profesoras inflaban los gastos utilizando sociedades de las que eran dueñas para "lucrarse ilícitamente a costa de la UNED". Habitualmente engordaban las partidas dedicadas a "publicidad y propaganda". El curso 'Enfermería en prescripción, uso y manejo de fármacos' tenía presupuestados 4.010 euros en este capítulo. Sin embargo, acabó pagando 66.544 euros por este concepto. El curso 'Enfermería y geriatría' no tenía presupuesto para publicidad y propaganda pero acabó destinando a eso 25.000 euros (5.000 para cada una de las cinco sociedades). Todos los gastos denunciados fueron a cinco firmas —Araciel Estudio, The Mind 2012 Asesoramiento, Devenir 2012, Lecol Iuris y Kefalos— propiedad cada una de ellas de un profesor o de alguien de su entorno. En algunos casos fraccionaron los contratos —siempre según la denuncia— para no llegar al tope de 18.000 euros que obliga a sacarlos a concurso.

Los docentes se defienden: "Se trata de una investigación inicial sin fundamento alguno y en la que estamos a la espera de que sea sobreseída"

Otras de las facturas infladas tenían títulos genéricos como 'material didáctico' o 'colaboración logística', 'preparación de materiales' e incluso 'otros gastos'. En algunos casos, las facturas se fraccionaron para no llegar a los 18.000 euros que obligan a sacarlo a concurso. En total, los cinco profesores denunciados se repartieron 316.930 euros (a una media de 63.386 para cada uno). Se llevaron por esta vía el 40% de lo que ingresaron estos ocho cursos.

La Fiscalía los ha denunciado por prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios. El Confidencial contactó por correo electrónico con todos los profesores denunciados. Contestaron a través de una de ellas, pero en nombre de todos: "Se trata de una investigación inicial sin fundamento alguno y en la que estamos a la espera de que sea sobreseída". La universidad está personada en la causa como perjudicada, representada por la Abogacía del Estado.

Alejandro Tiana, rector de la UNED desde 2013 (fue reelegido en 2017), responde al teléfono con todos los detalles de cómo se gestó el caso: "En una auditoría, la IGAE nos advirtió de posibles irregularidades. La inspección comenzó a mirarlo, pero vio que había casos que excedían nuestro ámbito de actuación y le dimos traslado a la Fiscalía porque ya no serían faltas disciplinarias", en alusión a los posibles delitos cometidos. Tiana, que fue secretario general de Educación con el primer Gobierno del PSOE, detalla que después esos cursos dejó de organizarlos la Fundación UNED y pasaron a la propia UNED, que está más fiscalizada. Este considera que no era algo generalizado: "Creo que es algo limitado. La universidad organiza 500 o 600 cursos al año y ni la IGAE ni el Tribunal de Cuentas detectaron nada antes. Ahora los controles son más exhaustivos". Tiana explica que su política es de máxima transparencia con este caso.

La universidad abrió inicialmente expediente a tres profesores del departamento, según explican Elena Moreno, directora del servicio jurídico de la UNED, y Jorge Montes, jefe del servicio de inspección. Esos expedientes quedaron congelados al pasar el caso a la Fiscalía, que al cruzar facturas y analizar sociedades —algo que la universidad no puede hacer— elevó el número de denunciados a cinco profesores. Además la denuncia se dirige contra otras cinco personas que figuraban en las sociedades que ingresaban el dinero. Es lo mismo que hizo la Universidad Rey Juan Carlos con el acta falsificada que avalaba el máster de Cifuentes. Enviarlo a la Fiscalía al ver indicios de delito, en ese caso, falsificación. Ahora, en el caso de la UNED, será el juzgado que investiga quien decida.