El TC deja en manos de Ciudadanos la actividad legislativa

Ciudadanos ha hecho valer sus 32 diputados y, pese a ser el cuarto grupo parlamentario del Congreso, ha logrado convertirse en el árbitro habitual de la actividad de la Cámara, en las votaciones y también en sus ritmos y trámites. Ahora, el Tribunal Constitucional ha aumentado el poder del partido y, al tiempo, le ha dado más responsabilidad para dejar en su mano el grifo del control del ritmo legislativo. El Constitucional ha dado a Ciudadanos otra arma para condicionar al Gobierno del PP.

Lo ha hecho en la sentencia que da capacidad a la Mesa del Congreso para rechazar los vetos que presenta el Gobierno a las proposiciones de ley de los grupos de la oposición en virtud del artículo 134.6 de la Constitución.

Hasta ahora y desde la investidura de Mariano Rajoy, el Gobierno ha vetado 62 proposiciones de ley de los grupos. En la Mesa del Congreso, el partido de Albert Rivera ha apoyado siempre al PP de forma automática con la idea de que no era posible frenar esos vetos y con la mayoría de los representantes de ambos grupos se han aceptado todos los vetos. Ahora, el Tribunal Constitucional le ha dado capacidad para decidir entre apoyar a los representantes del PP o sumarse a los de PSOE y Podemos, al determinar que la Mesa puede rechazar los vetos.

El Ejecutivo puede seguir vetando, pero sometido a la decisión de la Mesa, donde los dos representantes de Cs tienen capacidad de decidir

Al tiempo, la resolución hace más débil al Gobierno en el Parlamento, porque ya ha quedado sentenciado que la Mesa puede rechazar los vetos. Es decir, se limita su capacidad de condicionar la actividad de las Cortes. También en esto, el Ejecutivo del PP queda en manos de Ciudadanos y, por tanto, recibe un serio varapalo jurídico, a falta de que pueda concretarse en asuntos concretos futuros. El Ejecutivo puede seguir vetando, pero sometido a la decisión de la Mesa, donde los dos representantes de Ciudadanos tienen capacidad de decidir.

La importante sentencia fija, por primera vez, jurisprudencia sobre este asunto y rechaza el conflicto de atribuciones del Gobierno de Mariano Rajoy contra el Congreso. El Ejecutivo pretendía que su poder de veto es ilimitado, pero el Constitucional certifica que la Mesa de la Cámara puede rechazar los vetos si los considera infundados o si, por ejemplo, afectan a ejercicios presupuestarios futuros.

"La capacidad de veto del Gobierno a la que se refiere el art. 134.6 de la Constitución tiene límites: por un lado, solo puede afectar a aquellas medidas que 'incidan directamente sobre el Presupuesto aprobado, esto es, sobre los gastos e ingresos del sector público estatal’; por otro, dicha incidencia sobre las cuentas públicas debe ser 'real y efectiva' y, además, debe referirse al presupuesto en vigor, no a presupuestos futuros”, asegura la sentencia.

El TC certifica que la Mesa de la Cámara puede rechazar los vetos si los considera infundados o si afectan a ejercicios presupuestarios futuros

"El tipo de control que la Mesa debe ejercer ha de ceñirse a comprobar que el veto ejercido es efectivamente de índole presupuestaria, de manera que encuentra encaje en los contornos del art. 134.6 CE. Para ello, la Mesa debe verificar la motivación aportada por el Gobierno, pero sin que le corresponda sustituir al mismo en el enjuiciamiento del impacto, sino tan solo constatar que el mismo es real y efectivo, y no una mera hipótesis", explica el Constitucional en su sentencia.

Los magistrados fallan por unanimidad sobre un caso muy concreto, referido a la reforma de la Lomce, pero previo a la investidura de Rajoy, cuando Ciudadanos aún no había firmado su pacto con el PP. Desde la investidura, ha aplicado el automatismo para colaborar con el PP en el bloqueo de iniciativas parlamentarias. También lo ha hecho con las ampliaciones de los plazos de enmiendas mantenidos indefinidamente en colaboración con los populares. Solo puntualmente han abierto PP y Ciudadanos el grifo legislativo en asuntos concretos, como la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza. Ese bloqueo llega al absurdo de que la reforma de un artículo concreto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el 324, lleva más de un año parada, con una treintena de ampliaciones de plazo de enmiendas.

La resolución es coherente con la posición que el Constitucional ha mantenido en casi toda su historia, al amparar casi siempre al Parlamento frente al Ejecutivo. Por ejemplo, toda su jurisprudencia ha establecido criterios muy restrictivos para el uso de decretos en lugar de proyectos de ley. Y tiene pendiente la resolución del recurso del Congreso que presidía Patxi López contra el Gobierno de Rajoy, cuando estaba en funciones y se negaba a someterse al control parlamentario, con plantones reiterados de ministros citados a comparecer.