El pacto del agua incluye un nuevo impuesto "ambiental" para todos los caudales

El pacto del agua que negocian los partidos afecta al bolsillo. El documento de partida habla de "priorizar la adopción de un nuevo tributo ambiental que incluya los costes ambientales" y del agua, en línea con lo marcado por la Unión Europea. Se trata de una vieja aspiración del sector, pero de muy difícil aplicación. La gestión del agua está enormemente repartida (confederaciones, ayuntamientos, mancomunidades...) y además no hay la misma cantidad en Galicia que en Murcia. El documento liderado por la ministra Isabel García Tejerina blinda los trasvases existentes, pero hace casi imposible aprobar nuevas conexiones entre distintas cuencas al supeditarlo a que haya "el consenso suficiente para una respuesta de largo plazo", algo que en España hoy parece imposible.

El pacto nacional del agua es uno de esos "éxitos silenciosos" que busca el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras elaborar los planes de cuenca —que llevaban años pendientes—, el Ministerio de Medio Ambiente se lanzó a buscar un documento de consenso que puedan firmar partidos, ecologistas, regantes... Ahora que nadie quiere guerra con los trasvases —que tantos votos costaron al PSOE en Levante y al PP en Aragón y Castilla-La Mancha—, la apuesta ha sido un documento de mínimos, buscando algo asumible y genérico que siente las bases para futuras leyes.

El pacto del agua forma parte de lo que el Gobierno de Rajoy busca como "éxitos silenciosos"

El texto habla de dar una norma específica a los trasvases existentes, como el del Tajo-Segura o el Negratín-Almanzora. Eso los blindaría ante los intentos de derogar el trasvase al Levante que periódicamente surgen de Castilla-La Mancha. Además, habla de "ordenar" otros trasvases entre cuencas. Son conexiones más pequeñas y menos polémicas, por estar generalmente dentro de la misma comunidad autónoma (la polémica no es entre las cuencas sino entre las autonomías). Ahí entran "el bitrasvase del Ebro y la transferencia del Guadiana a las cuencas internas del Tinto-Odiel-Piedras, de la cual parte la transferencia de esa cuenca interna a la cuenca del Guadalquivir, conocido como el trasvase de los 4,99 hectómetros".

La posibilidad de recuperar grandes trasvases hacia el sur —como el del Ebro, el Ródano, el Tajo medio o el Duero, que los ingenieros han estudiado durante un siglo—, queda supeditado a la existencia de un consenso político hoy inviable. "En cuanto a las nuevas transferencias, se propone estudiar la viabilidad técnica, ambiental y económica de aquellas transferencias de agua entre las distintas demarcaciones hidrográficas siempre que cuenten con el consenso suficiente para una respuesta de largo plazo. Las nuevas transferencias aprobadas contarían con una regulación específica tanto técnica como jurídica y económica, y siempre garantizarían la preferencia de la cuenca cedente sobre cualquier otro uso", se lee en el documento de base que el ministerio ha enviado a las partes.

Cuando el PP llegó al poder en 2011, los barones del Levante presionaron para recuperar el trasvase del Ebro aprovechando la mayoría absoluta popular. El entonces ministro, Miguel Arias Cañete, les dijo que por supuesto, pero a la vez lo supeditó a un gran pacto del agua. Pero ese pacto necesitaba que antes estuvieran listos los planes de cuenca, las regulaciones de cada demarcación. Esos planes llevaban años de retraso y Bruselas estaba amenazando a España. Así que el ministerio primero elaboró esos planes y luego comenzó con el pacto nacional.

Así se fueron enfriando los barones y la polémica. Valcárcel ya no está en Murcia, el PP no gobierna en Valencia y las pancartas del 'Agua para todos' amarillean o han sido retiradas de los balcones. La sequía del otoño amenazaba con devolver el problema del agua a la primera línea, pero las últimas lluvias dan un respiro y van a permitir reabrir el trasvase Tajo-Segura. Así que el pacto nacional fía los nuevos trasvases a futuros y complejos acuerdos mientras blinda los existentes.

Cañete enfrió a los barones populares que pedían rescatar el del Ebro alargando el tema y ahora ya ha desaparecido de la agenda política

Además, el plan esboza líneas de trabajo en la gobernanza del agua, cuarteada en muchas instituciones, algunas de ellas con funcionamiento de siglos y opacas. "Tratándose de un recurso natural valioso y escaso, es imprescindible reforzar el rigor, control y transparencia en su gestión, procurando la máxima eficiencia y promoviendo los máximos incentivos para el ahorro y el uso sostenible, en beneficio del conjunto de la sociedad".

La directiva marco del agua, aprobada en 2000, ya hablaba de "tener en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales". Se trata de usar herramientas de precio para evitar el despilfarro y fomentar el buen uso. Citando ese artículo, el pacto habla de "priorizar la adopción de un nuevo tributo ambiental que incluya los costes ambientales y los del recurso, tal y como exige el artículo 9 de la directiva marco del agua".

El problema es que el mercado del agua no es uniforme. No cuesta lo mismo el agua de riego que la de consumo, ni en Murcia o en Galicia. Además, hay cantidad de instituciones implicadas (comunidades, ayuntamientos, mancomunidades, regantes, confederaciones...) que lo convierten en un sector muy difícil de homologar. En 2004, nada más llegar al Ejecutivo, el PSOE ya planteó una tasa para "incentivar el uso eficiente del agua y contribuir a la consecución de los objetivos ambientales". La propuesta fue retirada por las críticas de Agricultura y los regantes.

Opinión

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El texto incluye también enunciados con aroma ecologista pero con poca concreción: "Priorizar la eliminación de extracciones no autorizadas [pozos ilegales]", "impulsar los planes de gestión de las reservas naturales fluviales para garantizar su conservación y su puesta en valor", "avanzar en la mejora de la concertación de los caudales ecológicos para la preservación de nuestros ecosistemas"... Las comunidades autónomas han enviado un listado de humedales amenazados para que tengan su propio plan de gestión: Doñana, las Tablas de Daimiel, el Mar Menor, el lago de Sanabria, las Marismas de Santoña, la Albufera de Valencia.