Podemos lleva al Congreso una ley para que el 'top manta' no conlleve penas de cárcel
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tras la muerte de mame mbaye en lavapiés

Podemos lleva al Congreso una ley para que el 'top manta' no conlleve penas de cárcel

Se aplicaría en los casos de distribución al por menor, estableciendo que "en ningún caso los hechos resultarán punibles cuando el beneficio obtenido sea inferior a 400 euros"

placeholder Foto: Venta ambulante en el Puerto Olímpico de Barcelona. (EFE)
Venta ambulante en el Puerto Olímpico de Barcelona. (EFE)

Mientras Manuela Carmena trata de apaciguar los ánimos dentro y fuera de Ahora Madrid tras la muerte de Mame Mbaye prometiendo una "tarjeta de vecindad" a los 'sinpapeles' que les permita acceder a un trabajo o a una vivienda, Unidos Podemos mueve ficha en el Congreso de los Diputados. La coportavoz del grupo confederal, Ione Belarra, presentará este lunes en el registro de la Cámara baja una proposición de ley para despenalizar la venta ambulante, con el objetivo que no recaigan penas de cárcel sobre los manteros por la venta de productos en la calle, sino que vuelva a suponer una falta, esto es, una multa administrativa, como ocurría hasta la reforma de 2016. La propuesta de ley a la que ha tenido acceso este diario ha sido bautizada con el lema 'Ssobrevivir no es delito'.

[Lea aquí el texto íntegro de la propuesta de ley 'Sobrevivir no es delito']

La iniciativa de urgencia que se presenta tras los luctuosos sucesos ocurridos en el madrileño barrio de Lavapiés, y sobre los que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto anunciar mañana los resultados de una investigación interna, busca poner fin a lo que desde Unidos Podemos se tilda como "criminalización" de la forma en la que se gana la vida este colectivo. Según los datos del Ayuntamiento de Madrid, alrededor de 150 ciudadanos se dedican a esta actividad que en la actualidad está castigada con penas de cárcel de entre seis meses a dos años.

Desde Izquierda Unida se ha reclamado asimismo la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique en la comisión parlamentaria que corresponde a este departamento todos los datos de los que disponga sobre "la brutal agresión por parte de efectivos de la Policía Nacional al ciudadano Arona Diakhate el pasado jueves, día 15, por la noche en el barrio madrileño de Lavapiés, la actuación irregular posterior por parte de determinados agentes al no socorrerlo adecuadamente, así como las actuaciones abiertas internamente en este Cuerpo para depurar las responsabilidades pertinentes". Se trata de un vecino del barrio que, según recoge un vídeo grabado desde una vivienda en el momento de las cargas policiales durante la concentración espontánea que se produjo en las inmediaciones del lugar donde falleció Mbaye, fue golpeado por un agente y posteriormente trasladado a la comisaría, desde donde se llamó a la ambulancia, sin constar en el registro de heridos.

Podemos plantea despenalizar la venta de productos falsos tras el caso de Lavapiés

El texto sostiene en su exposición de motivos que "la venta callejera recae en su mayoría sobre personas migrantes y migradas en situación de irregularidad administrativa, sin permiso de residencia, como modo muchas veces exclusivo de supervivencia. Dicha realidad y el tratamiento punitivo de la misma se vio agravada con la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal, lo que ha venido a reforzar el escenario de estigmatización y exclusión social de difícil salida de estas personas que innegablemente forman parte de nuestra sociedad".

El "endurecimiento punitivo" no comporta para Unidos Podemos "una mayor protección de los bienes jurídicos que se pretenden tutelar, pues la relevancia de esta forma de venta ambulante resulta insignificante frente a otras conductas, como las descargas a través de internet, e incluso ha podido verse minorada con el desarrollo de plataformas digitales que ofertan los contenidos objeto de dicha práctica". En esta línea se concluye que la situación actual supone "una regresión respecto a la regulación anterior y condena a personas migrantes en situación administrativa irregular a una suerte de muerte social porque, al mismo tiempo, tipifica como delito la única forma de ganarse la vida, y les genera unos antecedentes penales que les imposibilita regularizar su situación en nuestro país mediante los procedimientos legalmente establecidos en nuestro ordenamiento".

Revisión de condenas

En la modificación del articulado propuesto por Podemos se introduce en el apartado referente a las penas de cárcel por venta ambulante lo siguiente: "Los anteriores hechos no serán punibles en los casos de distribución al por menor atendidas, las circunstancias del culpable, y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido. En ningún caso los hechos resultarán punibles cuando el beneficio obtenido sea inferior a 400 euros”.

En una disposición transitoria sobre revisión de sentencias se determina que el Consejo General del Poder Judicial "podrá asignar la revisión de las sentencias firmes dictadas antes de la vigencia de esta ley a uno o varios de los juzgados de lo Penal, o secciones de las audiencias provinciales, dedicadas en régimen de exclusividad a la ejecución de sentencias penales. Dichos jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes, aplicando la disposición más favorable establecida por la presente reforma".

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