nombrados en los meses previos al referéndum

Responsables de los servicios jurídicos de la Generalitat del 155, investigados por el 1-O

Dos de los abogados de la autonomía están bajo la lupa judicial por su presunta cooperación en el impulso del 'procés'

Foto: Registros policiales por el 1-O. (EFE)
Registros policiales por el 1-O. (EFE)

La Generalitat se encuentra bajo la supervisión reforzada impuesta por el 155 y así será, al menos, hasta la formación de un nuevo Gobierno en Cataluña. Su puesta en marcha desencadenó el cese de varios cargos, pero no afectó a los servicios jurídicos del Govern, que aún cuentan con los mismos responsables nombrados el pasado verano por el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Dos de ellos se encuentran implicados en los sumarios sobre el 'procés', informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

Se trata en concreto de su director de Gabinete, Francisco Esteve, y del director general de Asuntos Contenciosos, Xavier Urios. El primero de ellos figura como imputado por su participación como secretario general de Gobernación en las contrataciones destinadas a la celebración del referéndum del 1 de octubre; mientras que el segundo, que era jefe de la asesoría jurídica de Gobernación, se encuentra bajo el foco de la Guardia Civil en la causa que sigue el Juzgado 13 de Barcelona sobre las estructuras del 'procés'.

En 2017 Puigdemont cesó a la jefa y a la directora del Gabinete Jurídico y nombró a dos personas más identificadas con la causa independentista

A finales de julio de 2017 Puigdemont cesó a la jefa y a la directora del Gabinete Jurídico y nombró en su lugar a dos personas más identificadas con la causa independentista. La decisión coincidió con la crisis de Gobierno por la que salieron de la Generalitat los 'consellers' más 'templados'. El PDeCAT apartó a Neus Munté, Jordi Jané y Meritxell Ruiz en la recta final hacia la consulta que después declararía ilegal el Tribunal Constitucional.

Los servicios jurídicos se ocupan en concreto de la coordinación jurídica de todas las unidades con funciones consultivas o contenciosas asistidas por los abogados de la Generalitat y también pueden asumir personalmente la representación y la defensa. Están presentes, por ejemplo, en la causa por jurisdicción contable que lleva el Tribunal de Cuentas por el gasto ocasionado a las arcas públicas destinado a la organización de la consulta ilegal de autodeterminación del 9 de noviembre de 2014. También son responsables de acciones penales, como la denuncia presentada en los juzgados de Barcelona por las cargas del 1-O.

Carles Puigdemont, en una reunión de JxCAT en Bruselas. (Reuters)
Carles Puigdemont, en una reunión de JxCAT en Bruselas. (Reuters)


Aviso de sanción

Precisamente en el procedimiento del Tribunal de Cuentas, la instructora avisó recientemente a uno de los responsables, Urios, de que se exponía a una posible sanción si continuaba argumentando sin respaldo la falta de responsabilidad de la Generalitat en la cuestión. En un auto dijo que la sala no podía admitir "que unos profesionales que, según ellos mismos afirman, son guiados en su actuación bajo el principio de servir con objetividad los intereses generales sirvan de caja de resonancia de afirmaciones tendenciosas".

La instructora se refería, en concreto, a un escrito en el que estos servicios jurídicos cuestionaban las razones, a su entender 'políticas', de la investigación sobre las finanzas del 9-N. A continuación advertía (sin sanción, por el momento) a los abogados de la Generalitat y los conminaba a abandonar y enmendar estas "alegaciones impertinentes".

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