El Tribunal de Cuentas alerta sobre los pagos en metálico de IU y los batzokis del PNV

El último informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de los partidos políticos durante los ejercicios 2014 y 2015 destaca diversas irregularidades contables, que en su mayoría afectan a casi todas las formaciones y que van desde facturas no presentadas, en su mayoría referentes a cuantías menores, hasta la inexistencia de cuentas específicas para el ingreso de donativos. Sin embargo, de entre las irregularidades que se detallan en el informe de casi un millar de páginas, sin incluir los anexos, sobresalen las que se señalan a Izquierda Unida por sus pagos en metálico, a Ciudadanos por infravalorar los resultados de su ejercicio y al PNV por actividades mercantiles paralelas.

El foco sobre IU corresponde con la época anterior a Alberto Garzón, en la que era coordinador federal Cayo Lara, periodo en el que se entregaron los informes contables fuera de plazo, tanto el correspondiente a 2014 como a 2015. En estos ejercicios el Tribunal de Cuentas remarca como irregularidad que no fueron identificados los cargos públicos "que han realizado aportaciones ni los donantes de la federación de Madrid por un importe conjunto de 286.094,79 euros". Con todo, lo que más llama la atención es que el partido realizó hasta 19 pagos en efectivo por importes superiores a 2.500 euros, llegando a sumar un importe total de 154.833,27 euros.

Estas prácticas incumplen con lo dispuesto en la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, como remarca el Tribunal de Cuentas. En su mayoría, estos pagos en metálico por cantidades superiores a lo permitido por la ley se concentran en la federación madrileña (17 de 19), mientras que los otros dos restantes corresponden a la federación de Castilla y León. El órgano fiscalizador alerta finalmente sobre la "falta de un sistema de auditoría o control interno que establece el referido artículo 15 de la LOFPP podría constituir una irregularidad sancionable tipificada en el artículo 17 de dicha Ley Orgánica".

Las actividades mercantiles desarrolladas en las sedes sociales y políticas del PNV, los denominados batzokis, también están en el punto de mira del informe. El Tribunal de Cuentas recuerda que la ley de financiación de partidos prohíbe a estos "desarrollar actividades de carácter mercantil de ninguna naturaleza, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 2 de dicho artículo en lo referente a los productos de sus actividades propias". En el caso de los batzokis del PNV, que suman alrededor de 200 por todo Euskadi, se matiza que "los ingresos que la formación obtiene de la explotación de su patrimonio inmobiliario mediante la realización por terceros de actividades de restauración en locales de su propiedad o gestionados por sociedades mercantiles vinculadas, así como los ingresos procedentes de las máquinas recreativas que se ubican en dichos locales, se derivan de forma directa o indirecta del tráfico mercantil y, por consiguiente, el partido no se ajustaría a lo dispuesto en el citado precepto".

El Tribunal de Cuentas exige a la formación jeltzale que revise por tanto "la actividad desarrollada por las sociedades participadas, recuperando la gestión directa de los inmuebles afectos a la realización del objeto o finalidad propia del partido y circunscribiendo su participación a aquellas sociedades en que, prestando servicios preferentemente a sus afiliados y dentro del marco de sus fines específicos, se considere imprescindible llevar a cabo una gestión diferenciada para la eficaz prestación de los servicios, sin que estén orientadas a la obtención de lucro, siempre que no menoscabe la transparencia y control de la actividad económico-financiera de los partidos".

De entre las irregularidades señaladas en la contabilidad de Ciudadanos, destaca que los resultados del ejercicio están infravalorados, como les ocurre a otras formaciones, pero en su caso en una cantidad mucho más elevada, que supera el millón de euros. Según el Tribunal de Cuentas se debe a la falta de registro contable de las subvenciones para gastos de funcionamiento y para gastos de seguridad otorgadas por el Ministerio del Interior (220.996,92 euros), de las subvenciones para gastos de funcionamiento otorgadas por la Generalitat Valenciana (145.271,89 euros), de las subvenciones por los resultados obtenidos en las elecciones al Parlamento Europeo (42.169,31 euros) y de parte de la subvención al grupo parlamentario en Cataluña (678.023,15 euros).

La formación presidida por Albert Rivera presentó una alegación posterior, que figura en los anexos, justificando que el partido no contabilizó las subvenciones otorgadas en el año 2015, sino que procedió a su registro en el año 2016, momento en el que fueron percibidas, "atendiendo a un criterio de prudencia en la contabílízacíón de los ingresos hasta que pudieran determinarse con fiabilidad teniendo certeza del importe a percibir". Asimismo, y atendiendo a las indicaciones del órgano fiscalizador, Ciudadanos también regularizó a posteriori los ingresos correspondientes a la totalidad de la asignación al grupo político en la Diputación Provincial de Málaga (41.788,68 euros) y parte de las asignaciones de otros grupos políticos en las diputaciones (21.642,65 euros), así como en los ayuntamientos de capitales de provincia (91.377,27 euros).