El acta de un cliente implica a Garrigues en asesorías para burlar a Hacienda

La Agencia Tributaria ha presentado un informe ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos (Lugo), que investiga el fraude presuntamente cometido por la empresa de seguridad Alcor, que pretende mostrar la mecánica utilizada por esta mercantil para no abonar las horas extras de sus empleados vía nómina, sino como falsas dietas y kilometraje, para evitar así el control de Hacienda. El informe se basa en una serie de documentación entre la que se encuentra una supuesta acta de una reunión que habrían mantenido los representantes de Alcor con un abogado de Garrigues (R. B.) en la que el letrado le estaría indicando a su cliente los movimientos que este tiene que hacer para burlar el control de la Agencia Tributaria.

Garrigues se desmarca de este documento y niega tajantemente haber asesorado jamás a esta mercantil más allá de un trabajo puntual que se prolongó durante 2014 y 2015, pero que no tendría nada que ver —según explican desde la compañía de abogados— con este procedimiento judicial. El despacho, en concreto, defiende que el papel no es suyo "ni responde a ningún asesoramiento" que haya realizado. Fuentes de la firma, de hecho, niegan haber sido nunca asesores fiscales de Alcor.

Un documento que describe la mecánica para el pago de retribuciones a los trabajadores con el fin de ocultarlas ante posibles inspecciones

El documento, encontrado durante los registros que efectuó la Policía Nacional en la sede de la mercantil, fue entregado por el Juzgado a la Agencia Tributaria con el fin de que esta elaborara el mencionado informe, que concluye que es imposible para el organismo calcular la cantidad presumiblemente defraudada, pero que sí puede confirmar la mecánica utilizada por la empresa para eludir el control de la Hacienda Pública en el abono de las horas extra. Para probar esta línea, en concreto, la Agencia Tributaria se basa en el mencionado papel, que describe como "un documento que describe la mecánica para el pago de retribuciones a los trabajadores con el fin de ocultar a posibles inspecciones su existencia o su verdadera naturaleza".

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El documento haría referencia a una supuesta reunión mantenida el 1 de diciembre de 2010 entre el abogado de Garrigues R. B., que la firma confirma que existe y que actualmente se encuentra jubilado, y los representantes de la sociedad en la que el primero indicaría a los segundos las pautas que estos tendrían que seguir para evitar el control de Hacienda.

"Las dietas y los gastos por desplazamiento tienen la consideración de suplidos y, por lo tanto, no cotizan a la Seguridad Social; tampoco tributan por el IPRF; por consiguiente, no se aplican retenciones en la nómina sobre estas cantidades", explicaría el letrado de Garrigues, según señala el principio del documento con el fin de sentar las bases para diseñar el plan que pretendía supuestamente trasvasar dinero a estos conceptos. El abogado detallaría a continuación las "cantidades máximas" que se pueden incluir en estos apartados y las condiciones que contempla la legislación. Señalaría además que "hay que evitar la contabilización de todos los recibos" dado que, en el caso de hacerlo, "Hacienda levantaría actas al no considerarlos como gastos en el Impuesto de Sociedades", apuntaría el letrado según el mismo papel.

"Para evitar posibles contingencias fiscales o con la Seguridad Social —continúa— es fundamental poseer elementos de prueba concretos que sirvan de comprobación en una hipotética inspección". Se trata, especifica, de "estadillos, cuadrantes, partes de trabajo o documentos similares debidamente firmados... que casen perfectamente con las dietas y gastos de desplazamiento que figuran en las nóminas por cada trabajador y mes". "Estos documentos tienen que ser absolutamente verosímiles, de tal forma que convenzan al inspector de una forma indubitada", insistiría el abogado, que según el acta de la reunión elabora incluso una "propuesta" concreta para calcular cuánto colocar en estos conceptos por trabajador.

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"Una vez conocidos los importes de dietas y kilometraje, se generan los documentos internos que servirán de base demostrativa de la veracidad de las cantidades, manteniendo una coherencia a lo largo del tiempo (idéntica o parecida dieta por trabajador a lo largo de varios meses, gastos de kilometraje realistas) y teniendo en cuenta el lugar exacto en donde desarrolló el servicio el trabajador", explicaría el abogado de Garrigues, que hasta tendría previstos los desajustes. "Se producen pequeñas diferencias entre lo que resulte a cobrar a un trabajador y el importe que figura en la nómina, lo ideal sería abonarle esa diferencia en B y en efectivo", asegura literalmente esa supuesta acta de la reunión.

La supuesta acta sostiene los argumentos del Juzgado de Instrucción número 2 de Monforte de Lemos, que consideró constatada en su auto de 16 de octubre de 2015, previo a la entrada y registro de la sede de Alcor, la existencia de "abono a los trabajadores de los excesos de jornada u horas extraordinarias fuera de nómina, en metálico, a la firma de recibos, o cheque nominativo, sin practicar retenciones de IRPF y con dinero de opaca procedencia. Además, el mismo escrito judicial entendió que la mercantil "imponía a los trabajadores la obligación de aportar facturas procedentes de su ámbito personal (restaurantes, repostaje de vehículos, compra de mobiliario, billetes de viaje, etc.) por importe equivalente a dicho concepto salarial, a nombre de Alcor, cuyo CIF previamente habría sido facilitado, que podrían estar utilizando para deducir como gasto".

No en vano la Agencia Tributaria explica en el mismo informe en el que adjunta el documento de la supuesta acta de Garrigues que "efectivamente se produjo abono a los trabajadores de retribuciones por excesos de jornada u horas extraordinarias sin incorporarlas en nómina, sin practicar retenciones de IRPF, y la obligación en algunos casos para los trabajadores de aportar facturas procedentes de su ámbito personal por importe equivalente a dicho concepto salarial como requisito para su cobro".

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El escrito de Hacienda a su vez apunta en la misma línea que lo hicieron empleados de Alcor durante sus declaraciones ante la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional, responsable de investigar los hechos bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Monforte de Lemos. Estos vigilantes explicaron que, cuando la empresa los llamaba para ocupar un puesto de acuerdo a su categoría, todos ellos se desplazaban a las oficinas de la sociedad para mantener una entrevista con un directivo de la mercantil. Este último, contaron, les obligaba a firmar, junto al contrato, un montón de folios en blanco. Estas horas, según uno de los declarantes, eran utilizadas posteriormente por la compañía para "coaccionar a los trabajadores" en caso de que estos expusieran alguna queja.