Junqueras: si un preso puede salir a un funeral yo puedo ir al Parlament

Oriol Junqueras insiste en su derecho a acudir al Parlament para asistir a los Plenos. En un nuevo escrito en el que recurre la decisión del juez Pablo Llarena de impedirle la asistencia al Parlament por su estancia en prisión provisional argumenta que los presos obtienen permisos para ir a los hospitales o para asistir al funeral de un pariente próximo y asegura que esto demuestra que la jurisdicción penal es capaz de articular medidas que garanticen la "custodia" y el ejercicio de derechos políticos.

El exvicepresident rechaza que el magistrado apele a la existencia de un riesgo asociado a la movilización o apoyo popular que pudieran tener sus conducciones hasta la cámara autonómica y se compara con los diputados en situación de libertad provisional. "A ellos se les puede se puede apoyar públicamente de forma masiva", recuerda. Reprocha a Llarena que "desnaturalice" sus derechos fundamentales e insiste en que impedirle ir al Pleno no le deja participar en los debates o ejercer la discusión parlamentaria, la interpelación directa al gobierno...

"La configuración de la voluntad popular genuina, que es la que representa el concreto diputado", indica para a continuación criticar que se cree una nueva causa de incapacidad inexistente en la legislación, acordada sin procedimiento específico y por una jurisdicción inhabitual. También rechaza la propuesta para la delegación de voto que -dice- parte de una interpretación ajena al sentido gramatical de la norma parlamentaria, ajena a los precedentes, contraria a la filosofía que inspira el precepto reglamentario e interpretada "por un órgano de otro poder del Estado distinto del legislativo".

El escrito vuelve a referirse ta las Reglas Nelson Mandela y reitera que los diputados son insustituibles y su voto es indelegable. "Un diputado electo ha de poder emitir su voto y, por tanto, participar en el Plenario. No hacerlo modificaría la aritmética parlamentaria y alteraría la voluntad popular que se expresa a través de sus representantes en las cámaras legislativas", dice.

El abogado del que fuera 'dos' de Puigdemont refleja en el recurso un estudio jurídico del actual fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, en el que éste defiende la necesidad de garantizar al máximo las funciones del representante político y protegerlas y se refiere a "la injerencia de otros poderes del Estado que supondrían un desgaste de los principios democráticos".

Anna Gabriel cuestiona la competencia

Por otra parte, la defensa de la dirigente de la CUP Anna Gabriel, imputada también en la causa del Supremo sobre el procés en una segunda tanda en la que él juez también incluyó a Artur Mas y Marta Rovira, ha presentado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo una cuestión de competencia en que defiende que deben ser los Juzgados de Instrucción de Barcelona los que se ocupen del procedimiento.

Dudan de que Pablo Llarena deba ser el competente para instruir la causa contra el denominado 'procés' debido a que fue compañero de Sala del fallecido fiscal general del Estado José Manuel Maza y apuntan la posibilidad de presentar un incidente de recusación.

En su opinión, existe una "falta de apariencia de imparcialidad objetiva" provocada por el hecho de que el fiscal que firmó la querella contra el exGovern y la Mesa del Parlament fuera durante catorce años "miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el órgano judicial encargado de su instrucción y enjuiciamiento". También señalan al sucesor de este, Sánchez Melgar, quien ha sido miembro de la misma hasta su elección como máximo representante del Ministerio Público.