25 para el responsable de manos limpias

Fiscalía pide más de 100 años de prisión para Pineda por el caso Ausbanc

Solicita sentar en el banquillo a 11 acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada a la extorsión a través de la acción en los tribunales

Foto: El presidente de Manos Limpias, Miguel Bernard (izq.), y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda. (EFE)
El presidente de Manos Limpias, Miguel Bernard (izq.), y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda. (EFE)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de 118 años y cinco meses de prisión para el presidente de la Asociación de Usuarios de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda y casi 25 para el responsable de Manos Limpias Miguel Bernad por liderar una trama destinada a la extorsión a través de su acción popular en los tribunales. El Ministerio Público reclama para la abogada Virginia López Negrete, que acusó en el caso Nóos a la infanta Cristina, una pena de cerca de 12 años de prisión. En total, formula acusación contra 11 personas por delitos de integración en organización criminal, extorsión continuada, estafa, delito contra Hacienda y blanqueo, hasta una veintena en el caso de los cabecillas de la trama.

El escrito, en el que se solicita la apertura de juicio oral, especifica que Pineda ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" y en "defensa de los consumidores", pero con la que en realidad tenía la intención de lograr un enriquecimiento ilícito personal, así como de sus dirigentes. Una de sus principales fuentes de financiación era realizar campañas públicas de desprestigio o ejercitar acciones legales en caso de no aceptar sus peticiones económicas. También contaba con subvenciones y ayudas públicas conseguidas a pesar de no reunir los requisitos para obtenerlas.

Dirigía este "entramado" -dice el fiscal- que utilizó para extorsionar a bancos y entidades y, para reforzar la presión y lograr los acuerdos económicos pretendidos, a partir de finales del año 2012 empleó al sindicato Manos Limpias que además financiaba, para ejercer la acusación popular contra determinadas personas, contando con el apoyo y beneplácito del secretario general Miguel Bernad.

La relación entre ambas organizaciones se intensificó a partir del año 2013, en el que Bernad convirtió el "sindicato" en una organización puesta al servicio de Ausbanc para obtener beneficios económicos mediante el ejercicio de acciones penales. Dicha actividad se ha concretado al menos en los casos de Caja Madrid y Miguel Blesa, el conocido como caso Sevilla,el caso Sabadell y el célebre Nóos.

La acusación contra la infanta

La acusación popular contra la infanta tuvo un papel protagonista en sus planes, dice el fiscal José Perals que asegura que utilizaron la estrategia de intentar negociar la retirada de la acusación contra la hermana del rey a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa. Bernad propuso a la Fundación del banco donde trabaja la esposa de Iñaki Urdangarin un pago de dos millones de euros para dejar de ir en su contra en los tribunales. Pineda subió después la cantidad hasta los tres millones. El fiscal especifica que López Negrete era conocedora de esta estrategia.

El dinero recaudado por Ausbanc como consecuencia de los delitos cometidos se destinaba, además de para hacer frente a los gastos propios de la asociación y de enriquecer ilícitamente a sus dirigentes, a mantener en parte a una serie de sociedades vinculadas que eran controladas por varios de los miembros de la Junta Directiva.

Así pues, la mayor parte del dinero recaudado no redundaba en beneficio de la asociación, sino que se distraía entre las sociedades creadas al efecto por los dirigentes para ocultar todo el patrimonio generado por los delitos cometidos. Además de las penas de prisión, el fiscal pide la disolución de las dos asociaciones.

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