informe de los servicios jurídicos

Los letrados del Parlament: las medidas del 155 son "aberrantes" e inconstitucionales

El informe de 12 páginas precisa que con el acuerdo del Ejecutivo se busca que el Parlament no pueda investir a ningún presidente de la Generalitat durante un plazo de seis meses

Foto: El Parlamento de Cataluña. (EFE)
El Parlamento de Cataluña. (EFE)

Los servicios jurídicos del Parlament lo tienen claro. Las medidas acordadas por el Consejo de Ministros del sábado para la aplicación del artículo 155 de la Constitución son contrarias a la Carta Magna. Resultan "irreconciliables con la Constitución y el Estatut" ya que eliminan los derechos característicos del sistema parlamentario que quedaría pervertido con su aplicación de forma "aberrante".

El informe de 12 páginas precisa que con el acuerdo del Ejecutivo se pretende que el Parlament no pueda investir a ningún presidente de la Generalitat durante un plazo máximo de seis meses y, además, quiere impedir que la cámara impulse comisiones de investigación o que fije comparecencias relacionadas con las autoridades designadas para desarrollar las medidas aprobadas por el Senado o que exija responsabilidades políticas, mantenga debates, presente interpelaciones o preguntas...

"En resumen, estas medidas implican que lo que definimos como sistema parlamentario queda suspendido y anulado de manera aberrante porque, en el parlamentarismo, un Parlamento sin capacidad de crear, mantener, controlar y cesar al Gobierno constituye una decisión de todo punto desorbitada que no tiene ningún sentido en términos jurídicos", dice el escrito que servirá para sustentar los recursos que el Govern va a presentar ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Todo queda condicionado, prosigue el informe, al uso de un control previo ejercido por una autoridad designada directamente por el Gobierno del Estado lo que sólo puede interpretarse como "un control político de oportunidad" que fuerza que no exista oposición alguna por parte de la cámara parlamentaria. "De hecho, la propuesta del Consejo de Ministros completa la suspensión de la autonomía de Cataluña ya que cesa al Gobierno, sitúa a la adminitración bajo su dependencia y, si bien mantiene formalmente el Parlament, lo sitúa en una posición de subordinación casi jerárquica ante el Ejecutivo estatal.

Ante las medidas, los servicios jurídicos recomiendan que se presenten recursos como los ya anunciados, dos ante el TC y uno ante el Supremo, y sugiere otra vía a los diputados autonómicos. Ante la imposibilidad que supone el acuerdo de que puedan ejercer sus funciones como diputados, pueden interponer de forma personal recursos de amparo ante el TC para exigir que se les permita "ejercer con plenitud sus cargos públicos como representantes del pueblo de Cataluña".

También cuestiona la destitución del president Carles Puigdemont y del Govern en pleno y precisa que la facultad de dar de instrucciones a todas las autoridades de una comunidad autónoma, que sí recoge el 155, no puede implicar su destitución o cese ya que el ejecutivo autonómico obstenta "la suprema representación de la Generalitat y la ordinaria del Estado". "Para el caso de que se tratara de una medida para asegurar el cumplimiento de las instrucciones dadas al Gobierno, hay que tener presente que el ordenamiento jurídico ya prevé los mecanismos de exigencia de responsabilidades políticas y, en su caso, penales, atribuidos a órganos distintos del presidente del gobierno español”, añade.

Pone en duda otro extremo de la articulación del polémico artículo: el referido al "interés general". "La excepcionalidad de esta medida comporta, por tanto, la existencia de un presupuesto difícil de precisar: la actuación de la comunidad autónoma ha de atentar gravemente contra el interés general de España. Por otra parte, se hace necesario agotar los sistemas de control ordinarios, jurídicos pero sobretodo políticos, e interpretar restrictivamente un mecanismo que sería la última ratio".

El informe fechado este miércoles, está firmado por cinco letrados y repasa los antecedentes del artículo 155, fijando su atención en los trabajos de elaboración de la Constitucional y las propuestas que se realizaron entonces para articularlo. Servirá de base también a las alegaciones del Govern ante el Senado que tiene previsto aprobar el acuerdo este viernes.

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