Trapero, el mayor de los Mossos, citado por la Audiencia Nacional por sedición

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar como investigados por un delito de sedición al mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y otra responsable de la policía autonómica, la intendente Teresa Laplana. La magistrada, que se encarga de investigar los incidentes provocados durante las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre contra la detención de cargos de la Generalitat, interrogará también como imputados a los responsables de la ANC y Onmium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a los que la Fiscalía sitúa a la cabeza de los desórdenes que provocaron daños en vehículos de la Guardia Civil e impedieron el normal desarrollo del trabajo de la comisión judicial. Los cuatro declararán el próximo viernes.

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A. Fernández. Barcelona

La magistrada admitió hace unos días la denuncia presentada por la Fiscalía en que se le instaba a investigar la presunta comisión de delitos de sedición durante los incidentes que tuvieron lugar en las manifestaciones tras los registros y arrestos. En un auto hecho público este miércoles, aseguró que la finalidad última de las manifestaciones era "romper la organización territorial del Estado" y agrega que atentaron contra la actual forma de gobierno.

Lamela, que fue la instructora de la causa por la agresión a los guardia civiles de Alsasua, ya ha recibido el atestado policial sobre los hechos ocurridos en distintos puntos de la ciudad, que, según la tesis del Ministerio Público, responden a la "existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas", que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o "movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación".

La magistrada explicaba que esas conductas de los manifestantes podían encajar en el artículo 544 del Código Penal que sanciona el alzamiento tumultuario, dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquiera de las personas que el mismo se relacionan en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales.

La sedición castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o para "impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". El tramo de pena más alto se destina a las autoridades que incurran en este alzamiento público y tumultuario.