Artillería pesada contra los alcaldes y los miembros de la junta electoral catalana

La Fiscalía y el Tribunal Constitucional van a por el eslabón más débil de la cadena engarzada para el referéndum del 1 de octubre. En una acción combinada, ambas instituciones han descargado toda su artillería contra los 787 alcaldes soberanistas adscritos a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y contra los cinco juristas que integran la Sindicatura Electoral designada por el Govern de Carles Puigdemont. La amenaza inconcreta de que podrían enfrentarse a responsabilidades penales si desobedecen la prohibición de promover la consulta es ya una realidad.

A golpe de instrucciones, el fiscal general del Estado ha ido subiendo la intensidad de sus órdenes día tras día. En la última, pone contra las cuerdas a los primeros ediles que han mostrado públicamente su rebeldía ante la anulación de todo el entramado del referéndum. Aquellos que han firmado decretos de apoyo a la convocatoria en respuesta a la carta de Puigdemont, y en solidaridad con su acto y el de sus 'consellers', serán citados a declarar por las fiscalías de las cuatro provincias catalanas y si no comparecen, se ordenará a los Mossos d'Esquadra que se les detenga.

Al mismo tiempo, el TC pone contra las cuerdas a los juristas del órgano que emula a la junta electoral. Tienen 48 horas para demostrar por escrito que no solo están obedeciendo la prohibición de desarrollar actos pro-referéndum sino que tratan de evitar su desarrollo. Si no logran probarlo por escrito, el tribunal de garantías procederá a imponerles multas que pueden llegar hasta los 30.000 euros. También reclamará a la Fiscalía que investigue si están incurriendo en los tres delitos que se han convertido en un mantra en los últimos días y que están penados con inhabilitaciones de por vida (20 años) e incluso la cárcel.

La acción pende de un tronco común. Los primeros en estrenar la petición de imputación por la tríada delictiva (desobediencia, prevaricación y malversación) han sido los cabezas de cartel. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya tiene en sus manos las querellas presentadas contra Puigdemont, sus 14 'consellers', la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, los cuatro miembros de la Mesa, que puso alfombra roja a la tramitación de todas las normas en la Cámara autonómica. La posibilidad de recibir un imputación similar amenaza ahora a las tres cuartas partes de los alcaldes catalanes. Además de los adscritos a la AMI, otros ediles han mostrado ya su adhesión, por lo que la lista podría ampliarse en las próximas horas.

Por el momento, las fiscalías de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona abrirán investigaciones sobre más de 700 personas. Tras interrogarles en compañía de sus abogados, los fiscales de cada provincia tendrán que decidir si presentan querella en su contra ante los jueces competentes. Los ediles no son aforados, por lo que serían los tribunales penales correspondientes a sus municipios los que se ocuparían de estos centenares de causas.

El elevadísimo número de afectados no solo supone un riesgo de colapso en los juzgados. También ha obligado a Maza a establecer un cierto orden. Su instrucción concreta: que primero desfilarán los de las localidades más importantes por su número de población. Encabeza la lista Girona, donde su alcaldesa, Marta Madrenas, ya ha firmado un decreto en el que muestra su "pleno apoyo" al referéndum y su disposición a proporcionar locales para colocar urnas.

La CUP quiere arrestos

Otros municipios que ya han apoyado públicamente la consulta son Vic, Manresa y Martorell. También están Villanova i la Geltrú, Reus, Vilafranca del Penedés e, incluso, algunos relacionados con los atentados de las Ramblas de Barcelona y Cambrils, como Ripoll, Alcanar o Subirats. La mayoría de los 712 pertenecen a la provincia de Barcelona, donde la capital se ha desmarcado de la corriente que empuja el camino al 'procés'. La treintena de municipios de la CUP ya ha anunciado que no acudirá a las citaciones fiscales y se enfrentará a los arrestos.

Los síndicos tampoco se quedan atrás. No solo pueden ser obligados directamente por el Constitucional a pagar multas sino que también pueden subirse al carro de los investigados por los tres delitos y sumar incluso uno más. Fuentes jurídicas recuerdan que ejercen unas funciones que no son legales en un 'paripé' de junta electoral que coincide con la comisión de suplantación de funciones.