El fiscal reúne a las cúpulas policiales catalanas

Los Mossos d'Esquadra acatarán las órdenes del Tribunal Constitucional el 1-O

La Fiscalía de Cataluña les pide que eviten la "consumación del delito" y confisquen urnas, papeletas y ordenadores. La petición es extensible también a la Guardia Civil y a la Policía Nacional

Foto: El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, junto al 'major' de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. (EFE)
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, junto al 'major' de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. (EFE)

El Gobierno español está jugando sus cartas de manera milimetrada: la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reunió en la mañana del martes al responsable de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, al jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía, Sebastián Trapote, y al general jefe de la Guardia Civil, Ángel Gozalo, para comunicarles las órdenes del Tribunal Constitucional y darles instrucciones sobre los preparativos del referéndum del 1 de octubre. El mensaje es uno: cualquier preparativo es delito y los respectivos cuerpos, como policía judicial, están obligados a evitar cualquier delito.

Una nota de prensa de Fiscalía justifica la reunión “a fin de evitar la consumación o el agotamiento de los delitos”. La instrucción dada por escrito a los asistentes, de nueve páginas, detalla los pronunciamientos (“reiterados de forma clara y sin fisuras”) de los tribunales en el sentido de que el Gobierno catalán no tiene competencia “para convocar consultas que versen sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento mismo del orden constitucional”. Y resalta: “A partir de las resoluciones reseñadas, queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualesquiera actos dirigidos a la celebración del referéndum de autodeterminación”.

Por ello, da directrices claras: ante la existencia de cualquier hecho que implique desobediencia a las resoluciones judiciales, “se procederá a elaborar de forma urgente el informe o atestado oportuno, que contendrá todos los datos necesarios acerca de su ejecución, autoría, participación y circunstancias concurrentes”. También deberán realizar una ‘notitia criminis’, es decir, una nota informativa interna que “se remitirá con carácter urgente al fiscal jefe de la Fiscalía territorialmente competente”.

Los funcionarios policiales también “practicarán de forma inmediata las diligencias necesarias para acreditar los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales exigibles”. Y, para evitar la consumación de los delitos, “procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal”. El fiscal también obliga a remitir esta instrucción a todas las unidades policiales para que “todos los funcionarios pertenecientes a estas unidades sean conocedores del contenido de la misma”.

La verdad es que los independentistas no se esperaban esto. Minutos antes de que Trapero entrase en la reunión, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dejaba caer en una emisora de radio que las prioridades de los Mossos no serán retirar las urnas, sino garantizar el orden público. Algo así como una desafortunada bravata que puede actuar a modo de bumerán político.

Papeleta utilizada en la consulta del 9 de noviembre de 2014. (EFE)
Papeleta utilizada en la consulta del 9 de noviembre de 2014. (EFE)

La vuelta a la tortilla

Porque detrás de la comparecencia de Trapero, diga lo que diga Puigdemont, subyace una amenaza clara: si los Mossos saben dónde están las urnas, su cometido es retirarlas, ya que el Tribunal Constitucional y el TSJC han dictado resoluciones y enviado comunicados a responsables políticos y de la Administración sobre la suspensión del referéndum y de cualquier acción sobre sus preparativos.

Puigdemont partía de la base de que el 1 de octubre habrá colegios abiertos, de ahí que los Mossos deberían garantizar, especialmente, la seguridad ciudadana. O sea, vigilar que no haya altercados. Pero la tesis de la Fiscalía es otra: sin urnas, teóricamente, no hay colegios electorales abiertos y, por tanto, la misión de orden público desaparece. El ‘president’ Puigdemont había puesto su excusa perfecta: ante una cuestión de orden público, los Mossos se ‘olvidarán’ de las urnas. La Fiscalía, en cambio, le trocó los aparejos y volvió a poner los bueyes delante del carro: ante la ausencia de urnas, no puede haber cuestión de orden público.

¿Qué pasará si los Mossos no retiran las urnas? Los responsables del cuerpo, focalizados en Trapero, serán los responsables. Él tiene la orden de los tribunales y la instrucción de Fiscalía, y ha de darla a conocer a los agentes del cuerpo mediante las correspondientes circulares internas. Si no lo hace, habrá de asumir responsabilidades.

Dispositivo especial

De momento, los Mossos han diseñado un dispositivo especial hasta después del 1 de octubre: los efectivos de la Brigada Móvil (Brimo) y de las áreas regionales de recursos operativos (ARRO) han sido puestos en alerta: deben trabajar 10 horas diarias durante cuatro días seguiros para luego tener dos días de fiesta. La excusa para este dispositivo es la cantidad de conciertos, eventos deportivos “y un eventual referéndum”.

Fuentes de la cúpula de los Mossos también señalan a El Confidencial que “las leyes son interpretables, pero si hay órdenes judiciales claras, se han de acatar”. Estas fuentes afirman que no existe preocupación dentro del cuerpo, aunque “otra cosa es la repercusión mediática que puedan tener declaraciones políticas”. Y ello se debe a que “nos regiremos por las normas de policía judicial. No hay que olvidar tampoco que estamos obligados a cumplir las leyes y las resoluciones de los tribunales, ya sean de tipo político, penal o administrativo. Nosotros aplicaremos los tres principios por los que nos regimos siempre: oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

Sobre si los Mossos deberán o no retirar urnas, las fuentes manifiestan que “lo óptimo sería que antes del día 30 se solucionase el conflicto. En caso contrario, deberemos esperar a ver qué nos ordenan. Desde luego, si hay orden judicial, debemos acatarla. Nosotros siempre actuaremos con racionalidad, aplicando el famoso ‘seny’. Luego, hay otra circunstancia: convocar y organizar el referéndum no es delito. Hace años que desapareció del Código Penal. Pero a la policía no se le puede preguntar sobre lo que hará. La policía está para garantizar el cumplimiento de las leyes y obedecer las órdenes judiciales, si las hay. De hecho, en verdad somos los que lo tenemos más fácil”.

Agentes de los Mossos d'Esquadra. (EFE)
Agentes de los Mossos d'Esquadra. (EFE)


Autos del TSJC

Precisamente hoy, la Sala Civil y Penal del TSJC dictó dos autos de admisión de querellas presentadas por la Fiscalía, una contra todos los miembros del Gobierno catalán, y otra contra los miembros de la Mesa del Parlamento que presuntamente ignoraron y desobedecieron las instrucciones del Constitucional. Esta última querella se adjuntó a una anterior que ya existía contra los mismos diputados interpuesta en febrero de 2017, porque el año pasado ya desobedecieron al TC.

Los autos recuerdan que el alto tribunal ha dejado “meridianamente claro” que “en el marco de la Constitución, una comunidad autónoma no puede, unilateralmente, convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España, y solo el Estado ostenta, con arreglo al artículo 149.1.32 de la Constitución, la competencia exclusiva para la autorización de consultas populares por vía de referéndum y también, de conformidad con los artículos 81.1, en relación con el artículo 23.1 y 92.3 de la Constitución, para la regulación de la institución del referéndum cualquiera que sea la modalidad o el ámbito territorial sobre el que se proyecte”.

Ajeno a estas cuestiones jurídicas, Puigdemont insistía desde la radio en que él tiene potestad para convocar un referéndum, que el del 1 de octubre es legal y que la Constitución no lo prohíbe. Puro autismo jurídico o, simplemente, mala fe. Eso sí, echó mano de que se acogerá al Estatuto, que él mismo ha derogado 'de facto' con la aprobación de la ley del referéndum (el Estatuto también prohíbe expresamente a la Generalitat organizar referéndums, en un artículo que no fue modificado por el TC), para decir que no dejará el cargo aunque el Constitucional le inhabilite. Es más: a pesar de condenar al Estatuto a la hoguera, hoy afirmó en la radio que lo defenderá. Lógicamente, solo para sostener que nadie le puede cesar de su cargo excepto el Parlamento que lo eligió. Esta curiosa manera de entender las leyes es lo que resta credibilidad y legitimidad a las actuaciones del Gobierno catalán.

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