Golazo de uno de los jeques del Málaga: se queda con el tesoro hotelero de Marsans

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Jamal Satli Iglesias (presidente de BlueBay Hotels) y acaba de confirmar la sentencia absolutoria del empresario hispano-sirio que ya dictó el año pasado la Audiencia Nacional. El Supremo, máxima instancia judicial en España, ha desestimado así los recursos de casación que presentaron Meliá Hoteles, Pullmantur y AC Hoteles (competidores de BlueBay), y concluye que fue legal la compra por parte de Jamal Iglesias de los hoteles de la ya extinta Marsans, que en su día fueron la joya de la corona del conglomerado empresarial que perteneció a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal española.

Pero aunque para BlueBay la sentencia del Supremo supone un punto y final en este periplo judicial que ya dura años, para los denunciantes (Meliá, Pullmantur y AC) es solo un punto y aparte. Aunque la vía penal ha quedado cerrada, van a recurrir ahora a la vía civil, según señala un portavoz. "Es falso que este asunto esté zanjado. No vamos a permitir que se quede con toda la cadena hotelera de Marsans a precios ridículos a costa de los acreedores". Jamal Iglesias, que también es uno de los dueños del Málaga Club de Fútbol (tiene el 49% de las acciones), no lo ve así, y en un comunicado asegura: "La desestimación de este recurso confirma que las adquisiciones y contratos realizados por mis sociedades se efectuaron conforme a la ley y bajo la tutela de los jueces de lo mercantil, tal y como exige la norma".

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El Supremo, en una sentencia fechada el pasado 11 de julio y que acaba de ser enviada a las partes, condena al pago de costas a las empresas que presentaron los recursos. La sentencia, en principio, acaba con la pesadilla judicial del empresario hotelero (su grupo es el séptimo de España, con 10.000 camas en nuestro país), a quien los denunciantes llegaron a reclamar 1.200 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Pero al parecer solo finiquita la vía penal, ya que ahora las firmas hoteleras que eran acreedoras de Marsans quieren seguir por la vía civil.

La Audiencia Nacional ya había rechazado las pretensiones de los recurrentes (los acreedores) en tres sentencias (7 de septiembre de 2015, 24 de septiembre de 2015 y 22 de julio de 2016). Esta sentencia del Tribunal Supremo (la cuarta) rechaza los argumentos procesales de las empresas hoteleras que denunciaron la compra. "El recurso de Meliá, AC y Pulmantur obviaba las cuestiones de fondo, singularmente que todos los contratos y adquisiciones hechos por las sociedades de Jamal Satli Iglesias habían sido efectuados, refrendados, convalidados o directamente ordenados por las diferentes administraciones concursales, por consiguiente, dentro de procedimientos bajo la tutela de los diferentes jueces de lo mercantil y sin que ningún acreedor, ni siquiera los recurrentes, hubiera realizado objeción alguna a dichas operaciones dentro de los citados procesos judiciales concursales", señala un portavoz de BlueBay.

La última sentencia de la Audiencia Nacional (la del 22 de julio de 2016) generó polémica, ya que hizo caso omiso, según los denunciantes, de una resolución que había dictado tres semanas antes el Supremo ordenando a la propia Audiencia a pronunciarse sobre si el empresario Jamal Iglesias (que compró 11 hoteles de Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual) tenía responsabilidad civil en el vaciamiento del Grupo Marsans. Satli Iglesias y su mercantil Al Andalus Management se hicieron con los hoteles de lujo que tenía el grupo Marsans, adquiriéndoselos a Ángel de Cabo, a quien Díaz Ferrán entregó su patrimonio con el fin de que no pudieran cobrar los acreedores como Meliá, AC Hoteles, Iberojet o Pulmantur.

Los establecimientos fueron comprados a precios bajos en el marco de una administración concursal que cifró el agujero patrimonial de Marsans en 373 millones de euros. Tras la petición de aclaración del Supremo, la Audiencia se reafirmó. Ahora, con esta nueva sentencia rechazando los recursos de casación de los demandantes, el Supremo finiquita muchas de las aspiraciones de estos últimos. Pero no todas, según un portavoz de los mismos. "La cuestión no está cerrada y vamos a reclamar en la vía civil". La guerra sigue abierta.