La Audiencia y el Supremo, a tortas por el papel del 'jeque' Iglesias en Marsans

La sentencia que el pasado 22 de julio emitió la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional hizo caso omiso a la resolución dictada tres semanas antes por el Tribunal Supremo (TS) -máxima instancia judicial en España-, que había ordenado a la sala pronunciarse sobre la responsabilidad civil que tenía el empresario Jamal Satli Iglesias -que se quedó con los hoteles de Viajes Marsans- en el vaciamiento de la sociedad propiedad de Gerardo Díaz Ferrán y del fallecido Gonzalo Pascual. Así lo entienden quienes han formado parte de la acusación particular del caso Marsans, las multinacionales Meliá, AC Hoteles, Viajes Iberojet y Pullmantur.

Estas últimas mercantiles han presentado un escrito ante la propia Audiencia Nacional, que elevarán ante el Supremo cuando el primer tribunal previsiblemente lo deniegue, en el que ponen de manifiesto esta supuesta desobediencia por parte de la sala compuesta por los magistrados Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Antonio Díaz Delgado al fallo judicial emitido por la Sala Segunda de lo Penal del TS el pasado 29 de junio.

La Audiencia Nacional, argumentan los operadores, "omite pronunciarse sobre el fondo de la petición de condena como responsables civiles directos de Jamal Satli Iglesias y Al Andalus Management", la mercantil que utilizó el primero para incorporar los hoteles de los que se desprendieron Díaz Ferrán y Pascual. "No se ajusta al contenido de la sentencia del Supremo, que estableció expresamente que la pretensión de esta parte relativa a la responsabilidad civil directa de Jamal Satli fue oportuna y debidamente formulada", denuncian las compañías de viajes, que piden al alto tribunal un auto que complemente su sentencia del 29 de junio, con el fin de que resuelva "expresa y motivadamente" sobre la responsabilidad del empresario.

Los denunciantes entienden que la Audiencia Nacional "debería haber recogido un relato detallado de hechos probados que analizaran las operaciones relevantes que realizó Jamal Satli para adquirir el negocio hotelero en cuestión; se debería haber realizado una valoración jurídica de tales hechos y su relevancia desde el punto de vista de la responsabilidad civil (...) y se debería haber emitido un fallo sobre la calificación jurídica de los mismos". En concreto -reclama la dirección letrada de Meliá, AC, Iberojet y Pullmantur-, la sala debería "valorar si Jamal Satli ha incurrido en la responsabilidad que el Código Penal atribuye a los partícipes a título lucrativo de la comisión de hechos delictivos por terceros".

En concreto, el Supremo -que aceptó los hechos de la sentencia de conformidad dictada por la Audiencia Nacional y ratificó la condena contra Díaz Ferrán- ordenó el pasado 29 de junio "anular" la resolución "en lo relativo al tratamiento [en realidad, la falta de tratamiento] dado a la pretensión de las recurrentes en materia de responsabilidad civil directa (...) para que se dicte nueva sentencia en la que se resuelva expresamente al respecto".

El Supremo también conminó a la Audiencia Nacional a que en la nueva resolución "justifique expresamente la falta de referencia a los hechos que, según los recurrentes, habrían sido operaciones realizadas por los acusados para el vaciamiento patrimonial de las sociedades Hotetur Club -cabecera hotelera del grupo Marsans, que operaba con las marcas Hotetur, Hotesand y BlueBay y que contaba con más de una docena de establecimientos de lujo, principalmente en el Caribe- y Hotesand Inmobiliaria, de las que eran propietarios, a través de Teinver, Díaz Ferrán y Pascual.

Ninguno de estos extremos, sin embargo, ha sido realizado por la Audiencia Nacional, a juicio al menos de los operadores, que han ejercido como acusación en el proceso y que previsiblemente forzarán a que el Supremo vuelva a posicionarse ante lo que podría ser un desafío por parte del primer tribunal.

Satli Iglesias -que es también uno de los principales accionistas del Málaga CF- y su mercantil Al Andalus Management se hicieron con los hoteles de lujo que tenía el grupo Marsans, adquiriéndoselos a Ángel de Cabo, a quien Díaz Ferrán entregó su patrimonio con el fin de que no pudieran cobrar los acreedores como Meliá, AC Hoteles, Iberojet o Pulmantur. Los establecimientos fueron comprados a precios bajos en el marco de una administración concursal que cifró el agujero patrimonial de Marsans en 373 millones de euros.

Posibilitum, mercantil propiedad de De Cabo, compró Hotetur Club por un euro en junio de 2010. Puso al frente a un hombre de su confianza, Iván Losada, también condenado, y un mes después, en connivencia con Díaz Ferrán, traspasó todos los activos hoteleros a Al Andalus Management, propiedad de Satli Iglesias. Según la acusación particular, "dichas compras o cesiones se realizaron a cambio de un precio, simbólico o inexistente, pactado de forma clandestina entre Díaz Ferrán y Satli Iglesias, burlando de forma deliberada la administración concursal del señor Díaz Ferrán".

El empresario de madre asturiana y padre sirio dijo tras la sentencia de la Audiencia Nacional que la justicia le había dado la razón y había determinado que ni él ni su grupo empresarial tienen responsabilidad civil subsidiaria alguna. Sin embargo, el Tribunal Supremo -tras recurso de Meliá, AC y Pumantur- ordenó a la instancia inferior abordar este asunto, cosa que, a juicio de los acreedores que ejercieron de acusación particular, no ha hecho la Audiencia Nacional.