El 'tesoro' de Marsans se queda en manos de uno de los dueños del Málaga Club de Fútbol

Satisfacción, a medias. Los acreedores del Grupo Marsans se han quedado, de momento, sin el tesoro del conglomerado empresarial que un día perteneció a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal española. La Audiencia Nacional, que hace unos días condenó a cinco años de prisión a Díaz Ferrán y al empresario que le ayudó a ocultar su patrimonio, Ángel de Cabo, deja en cambio en un limbo legal que los acreedores puedan saldar las deudas contraídas con Marsans recuperando los hoteles de lujo que formaron parte del imperio del empresario hoy en prisión.

El actual dueño de esos hoteles, bien porque los ha comprado o bien porque los ha arrendado, es el empresario español de origen sirio Jamal Satli Iglesias (que también tiene acciones del Málaga Club de Fútbol), al que los acreedores consideran responsable civil subsidiario. Satli Iglesias se hizo con los hoteles a precios muy bajos, tras comprárselos o alquilárselos a Ángel de Cabo, que a su vez se los adquirió a Díaz Ferrán para que este no tuviera que incluirlos en la masa de los concursos de acreedores. La administración concursal cifró el agujero patrimonial de Marsans en 373 millones de euros. Un portavoz del señor Iglesias afirma que "la Audiencia ha señalado que no somos responsables subsidiarios. Todo se ha hecho legalmente y los jueces nos han dado la razón".

Algunos de los abogados han pedido a la Audiencia que explique mejor su sentencia, ya que no se resuelven varias peticiones de las acusaciones

La sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el 7 de septiembre de 2015, no deja claro cómo pueden los 23 acreedores del Grupo Marsans recuperar, para saldar parte de sus deudas, el patrimonio que en su día perteneció a Díaz Ferrán y que De Cabo ayudó a ocultar. “La sentencia explica que todo se debe decidir en los concursos y que si alguna operación ha sido autorizada por un juez mercantil, ese responsable civil queda exonerado. En fin, que todo se queda abierto”, señalan fuentes del caso. De hecho, los abogados de algunos de los acreedores han solicitado al tribunal que explique mejor algunos puntos de la sentencia, ya que no resuelven varias peticiones de las acusaciones.

Cuatro de los acreedores, Melia Hoteles, AC Hoteles, Viajes Iberojet y Pullmantur, habían puesto sus ojo sobre estos hoteles, la joya de la corona del tesoro, que están funcionando y generando caja, según declaró el propio Satli Iglesias en el juicio. Los hoteles producen 9 millones de euros de beneficios al año, según fuentes presentes en la declaración del empresario de origen sirio. Estos cuatro acreedores reclaman 24 millones a Díaz Ferrán de pagarés impagados.

Traspasos "simbólicos" de los hoteles

Hotetur Club era la cabecera hotelera del Grupo Marsans, que tenía establecimientos turísticos bajo tres marcas: Hotetur, Hotesand y Blue Bay. En total, ambas cadenas tenían trece hoteles en el extranjero, principalmente en el Caribe. El más destacado de todos ellos es el Gran Esmeralda, 949 habitaciones en un complejo de lujo en la Riviera Maya (México). La Caja de Ahorros del Mediterráneo financió a Díaz Ferrán con 120 millones de dólares para la compra de este hotel, préstamos que el expresidente de la patronal nunca devolvió.

Una empresa de Ángel de Cabo, Posibilitum, se hizo por un euro con Hotetur Club en junio de 2010. De Cabo puso a su mano derecha, Iván Losada Castell (condenado a dos años y medio de prisión), a dirigir esta sociedad. Un mes después, en julio de 2010, De Cabo, en connivencia con Díaz Ferrán, traspasó todos los activos hoteleros a Al Andalus Management, propiedad de Jamal Satly Iglesias.

Los acreedores señalan en sus escritos de acusación que "dichas compras o cesiones se realizaron a cambio de un precio, simbólico o inexistente, pactado de forma clandestina entre Díaz Ferrán y Satli Iglesias, burlando de forma deliberada la administración concursal del señor Díaz Ferrán". El portavoz del señor Iglesias no está de acuerdo con esta acusación: "Asumimos una deuda de unos 300 millones de euros, se debían 10 millones a la Seguridad Social, y 25 millones en noches de hotel que había adelantado un operador británico. Gracias a que asumimos esa deuda, 500.000 turistas no se quedaron sin su hotel, lo que hubiera supuesto un gran perjuicio para la marca España".

"Bajo las condiciones que fije el señor Iglesias"

De Cabo cedió la explotación de cinco de los hoteles entre el 1 de julio y el 5 de agosto de 2010. El precio de arrendamiento se fijó en una retribución "variable e irrisoria" equivalente al 50% del beneficio operativo. "Excepto en un caso, no se ha pagado importe alguno de alquiler por Al Andalus a Hotetur". Otros dos hoteles situados en Cuba fueron traspasados a Al Andalus en octubre de 2010 "bajo las condiciones que fije el señor Iglesias". Y el Gran Esmeralda, que costó levantarlo más de 100 millones de dólares, se cedió por 200.000 euros, explican las mismas fuentes.

El portavoz de Iglesias asegura que "solo el hotel Gran Esmeralda tenía deudas por valor de 178 millones, que se asumieron. Este hotel se encontraba en ejecución hipotecaria y lo compramos al juez de lo mercantil. Los acreedores pudieron impugnar esa compra pero no lo hicieron. Ahora lo quieren porque lo hemos hecho rentable".

Hotetur, es decir De Cabo, también vendió a Iglesias por 200.000 euros las acciones de dos empresas, Nican BV (holandesa) y Corporación Hotelera Santa María (española), que se dedicaban a la gestión hotelera. "En estos casos se pactó un precio ficticio o irrisorio, para disimular como compraventa lo que realmente era un burdo expolio de activos hoteleros". Además, en noviembre de 2010, Possibilitum también se hizo por dos euros con dos hoteles en Lanzarote y Gran Canaria, y con 158 apartamentos turísticos en Gran Canaria. "No ha habido expolio. Todo lo contrario. Se han salvado unidades de negocio y hemos mantenido los empleos", concluye el portavoz de Iglesias.

Una vez vaciada patrimonialmente la sociedad Hotetur, De Cabo y Losada instaron el concurso de acreedores de la compañía, alegando que se encontraba en situación de insolvencia. Este concurso fue declarado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Palma de Mallorca el 28 de marzo de 2012. A pesar de la sentencia que condena a Díaz Ferrán y a De Cabo (sus condenas fueron pactadas con la Fiscalía), los acreedores deben ahora abrir un nuevo camino legal para resacir sus deudas o recurrir la sentencia al Tribunal Supremo. El tesoro de Marsans sigue teniendo varios pretendientes.

*Por error, publicamos que el señor Jamal Satli Iglesias era de nacionalidad libanesa. Nació en Siria pero lleva desde los tres años viviendo en España y tiene nacionalidad española, explica su portavoz.