La declaración de Cristiano Ronaldo aboca la investigación judicial hacia otro caso Messi

El futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo declaró ayer durante hora y media ante la titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Pozuelo de Alarcón, Mónica Gómez, ante decenas de periodistas venidos de casi una veintena de países. La expectación que provocó el acontecimiento superó al mismísimo deportista, que acudía en condición de investigado, acusado de haber cometido cuatro delitos fiscales y de defraudar 14,7 millones de euros a la Hacienda Pública. La empresa contratada por Cristiano para gestionar la relación con los medios en el marco del procedimiento judicial había preparado un atril y un micrófono para que el jugador leyera un comunicado sin preguntas, pero éste había sudado tanto y había salido tan nervioso que los consultores decidieron que no estaba en condiciones de salir a la palestra para que todo el mundo sacara punta a su gesto más nimio.

Ronaldo había sido sometido a un intenso interrogatorio por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que actúa en nombre de la Agencia Tributaria, cuyos informes fueron la base que utilizó el ministerio público para interponer su denuncia. Desde el entorno del jugador admitieron que fue más vehemente de lo que pensaban en un inicio. Tras insistir una y otra vez en cómo hizo el futbolista para evadir tal cantidad de dinero durante cuatro ejercicios, el madridista no dudó en señalar a sus asesores como los culpables de la creación de un entramado societario radicado en las Islas Vírgenes que le habría servido para distraer el citado montante proveniente de sus derechos de imagen y en asegurar que él no sabía nada porque confiaba en ellos. Sí matizó que esta red de empresas fue creada en 2004, cuando aún tenía su domicilio fiscal en el Reino Unido, donde las Islas Vírgenes no son consideradas paraíso fiscal.

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En concreto, el jugador apuntó a los asesores legales del Mánchester United y al abogado mercantilista portugués Carlos Osorio de Castro, su letrado personal desde hace años, como quienes le recomendaron crear la red empresarial investigada. “Cuando fiché por el Real Madrid, no creé una estructura especial para gestionar mis derechos de imagen, sino que mantuve la que gestionaba cuando estaba en Inglaterra… Los abogados que me recomendó el Manchester United la crearon en 2004, mucho antes de que pensara venir a España; la estructura fue la que era usual en Inglaterra, fue comprobada por la Hacienda inglesa y los abogados ratificaron que era legal y legítima", explicó ante la jueza Gómez.

El luso -defendido en esta causa por los letrados Jesús Santos y Luis Briones- insistió en que él no hizo más que "confiar" en sus asesores, que "eran los mejores", y se mostró convencido de que no hizo nada ilegal, que todo lo hizo así porque es lo que le aconsejaban. "Quienes me conocen, saben lo que les pido a mis asesores: que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero problemas", defendió el futbolista, que únicamente dejó fuera de la creación de esa estructura mercantil al representante de jugadores Jorge Mendes y a su sobrino Luis Correia, quienes sí ayudaron al madridista en sus contratos con equipos pero no -según el declarante- en el objeto de investigación de la causa que instruye el Juzgado 1 de Pozuelo.

El reconocimiento de los hechos -la creación del entramado en un paraíso fiscal- aunque no de la culpa dolosa por parte de Ronaldo es visto por la acusación como el elemento básico que servirá para condenar al imputado. No en vano, argumentan las fuentes jurídicas consultadas, en este punto el asunto tiene gran similitud con el que derivó en un castigo de 21 meses de prisión, multa de más de dos millones de euros y el pago de otros 21 millones de indemnización para el argentino Lionel Messi por tres delitos contra la Hacienda Pública hace ahora un año. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, que posteriormente conmutó la pena de cárcel por 252.000 euros de multa añadidos, no admitió las excusas esgrimidas por el futbolista, que al igual que su rival en el campo culpó a sus asesores.

Según la sentencia del alto tribunal barcelonés -confirmada por el Tribunal Supremo hace apenas un mes-, "la línea de defensa" de Messi fue "la misma" durante todo el procedimiento, "desconocer por completo las decisiones que se tomaban en relación a la explotación de sus derechos de imagen". Durante el juicio, el jugador argentino dijo que no sabía si tributaba por los mencionados derechos, que él "solo jugaba al fútbol", que las decisiones las tomaban sus abogados y que "nunca" le preguntó nada a su padre "porque se fiaba de él".

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Sin embargo, la resolución -que condenó a Messi por defraudar más de cuatro millones de euros- no se creyó sus palabras y calificó sus justificaciones como una "ignorancia deliberada". "No querer saber aquello que puede y debe conocerse pero beneficiarse de la situación (...) supone asumir y aceptar todas las posibilidades del origen del negocio en el que participa", argumentó el alto tribunal catalán, que también condenó al padre del jugador, Jorge Messi, a 21 meses de prisión (rebajados a 15 por el Supremo) y a 1,5 millones de multa.

Desde el entorno de Cristiano, sin embargo, prefieren poner sus esperanzas en el debate interno que hubo en la Agencia Tributaria en torno al supuesto fraude cometido por el futbolista del Real Madrid. Como explicó El Confidencial el pasado junio, la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (dependiente de Hacienda) se opuso a presentar la denuncia al entender que había un problema técnico no resuelto en el caso Ronaldo, pero no una intención dolosa del jugador. Argumentó que éste se había acogido a la Ley Beckham y que, por lo tanto, podía no tributar en España todos sus ingresos; además, añadió que en junio de 2015, antes de que Hacienda le inspeccionara, declaró voluntariamente todos sus contratos de patrocinio mundiales y el entramado societario que culminaba en las Islas Vírgenes.

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Sin embargo, la Unidad de Coordinación de Delitos (también dependiente de Hacienda), cuyo criterio fue el que finalmente se impuso y derivó en la denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía, opinó que esa regularización no fue completa ni veraz -como exige la ley-, por lo que el investigado no tenía capacidad jurídica para acogerse a la "excusa absolutoria" que permite eximir de delito a quien ponga en orden su situación antes de recibir una inspección de Hacienda.

En concreto, la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional entendía, por ejemplo, que si Cristiano había rodado un anuncio en España y, gracias a este spot, había obtenido ingresos en todo el mundo, no estaba claro que tuviera que tributar el montante global en nuestro país, como sí consideraba la Unidad de Coordinación de Delitos que debería haber hecho el jugador. La defensa de Cristiano espera que esta disparidad de apreciación -que fue zanjada en la prácticca en el momento en que se interpuso la denuncia- cale en la instructora y ésta concluya que el futbolista tenía derecho a no declarar todo el dinero en España.