financiación convergencia

El nuevo jefe de Anticorrupción corrige a Moix y mantiene a los fiscales del 3%

El anterior responsable del ministerio público decidió quitar a los dos investigadores para que no siguieran cobrando dietas por desplazarse a Cataluña

Foto: Alejandro Luzón. (EFE)
Alejandro Luzón. (EFE)

El fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón ha anulado la decisión de su antecesor, Manuel Moix, de sustituir a los fiscales encargados del caso del 3%, que investiga la presunta financiación ilegal de Convergencia a través del cobro del mencionado porcentaje a empresas adjudicatarias de obras públicas. El antecesor de Luzón decidió entregar la investigación a los miembros de la fiscalía especializada ubicada en Cataluña para evitar de ese modo, según argumentó, que los responsables de las pesquisas -José Grinda y Fernando Bermejo- tuvieran que desplazarse desde Madrid cada vez que era necesario, dado que eso conllevaba un gasto en dietas.

Luzón deja sin efecto de este modo el decreto de 10 de abril de 2017 que firmó Moix para sustituir a los referidos fiscales, que han dirigido desde el principio las diligencias 112/2013 (caso del 3%) que instruye el Juzgado número 1 de El Vendrell. El nuevo responsable de Anticorrupción aprueba un nuevo decreto para anular el anterior y recuerda que su antecesor tomó la decisión por el asunto de las dietas mencionado y con el fin de "distribuir" mejor la carga de trabajo entre fiscales y dar más protagonismo a los delegados territoriales en los asuntos que competen a su territorio.

El fiscal jefe evita criticar o posicionarse a favor de estos argumentos y se limita a asegurar que existen otros de mayor peso, como la antigüedad del procedimiento o el tiempo y el esfuerzo dedicados a su preparación por parte de los fiscales responsables. Entiende que la sustitución de los encargados de las pesquisas requeriría de un notable trabajo para un fiscal que se incorporara nuevo y sería desaprovechar el que ya han realizado Grinda y Bermejo, que han seguido al frente también durante los últimos meses.

La decisión de Moix, unida a las pegas que puso antes de la detención de Ignacio González y a la sociedad en Panamá que poseía el entonces fiscal jefe Anticorrupción, provocaron la dimisión del máximo responsable del ministerio público especializado, que desde que fue nombrado por el PP no tuvo fácil su encaje en una de las fiscalías más mediáticas. Su elección había sido ya polémica desde su inicio dado que su nombre fue mencionado por dirigentes del PP en conversaciones intervenidas en el marco del caso Gürtel como alguien muy bueno para los intereses del partido.

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