Ignacio González pide salir de prisión por su "grave deterioro físico y psíquico"

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González está desesperado en Soto del Real. Así se desprende del escrito presentado por su defensa ante el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el caso Lezo. En el mismo, los representantes legales de González solicitan al magistrado Manuel García-Castellón que deje en libertad provisional a González debido al "manifiesto" y "grave deterioro físico y psíquico" que presenta el recluso, como aseguran que se puso en evidencia durante la declaración prestada a petición propia por el expresidente madrileño el pasado miércoles en la Audiencia Nacional durante casi tres horas.

Los abogados del exdirigente popular alegan que en la mencionada declaración el investigado colaboró con la Justicia. "Manifestó cuanto conocía respecto a aquellos hechos y contestó a todas las preguntas que tuvo oportuno realizarle el ministerio fiscal, sin rehuir ningún tema de los que se le plantearon ni negarse a contestar a ninguna cuestión", argumentan los letrados, que se muestran dispuestos a aceptar cualquier otra medida cautelar alternativa a la prisión. En concreto, citan la posibilidad de que el imputado sea sometido a un arresto domiciliario, que esté siempre localizable mediante la instalación de aparatos electrónicos que controlen sus movimientos o que se le impongan comparecencias "incluso diarias" o "cualquier otra que se considere adecuada para garantizar su presencia en territorio español".

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El escrito, que ya fue anunciado por la defensa de González, arguye que han pasado ya "más de tres meses" desde que el juez impuso la medida de prisión preventiva y que esta ya no es tan necesaria para el avance de la investigación, dado que —a juicio de los abogados del expresidente madrileño— no existe riesgo de fuga ni de ocultación ni manipulación de pruebas. El juez ha bloqueado sus cuentas, ha investigado a su familia y amigos, está analizando su patrimonio y el de sus allegados y de esas diligencias no ha surgido que tenga nuevos bienes más allá de los conocidos, por lo que no puede huir, alegan los letrados, que defienden además que González "no tiene ningún arraigo en el extranjero" que le sirva para esconderse fuera de España y, sin embargo, sí tiene un "fortísimo arraigo" en nuestro país.

En concreto, se refiere el escrito a que el investigado tiene, además de mujer y tres hijas con trabajo o estudiando en España, también "dos padres de avanzada edad y movilidad reducida a los que la situación de prisión de su hijo les está causando un indirecto daño añadido". "Al estar impedidos para desplazarse al centro penitenciario, temen por que por su edad puedan no volver a verle". Asimismo, agregan los abogados de González, este "no ha dado la menor sospecha de querer eludir la actuación de la Justicia" en los seis años que lleva ya la instrucción del caso ático en los juzgados de Estepona (Málaga) ni cuando tuvo conocimiento de que estaba siendo sometido a intervenciones telefónicas y seguimientos en el marco de la presente causa que instruye la Audiencia Nacional.

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Tampoco consideran los letrados de González que en el presente momento exista riesgo de destrucción de pruebas, dado que durante los 22 meses que lleva la investigación, la mayoría bajo secreto de las actuaciones, los investigadores han registrado su domicilio y su despacho profesional, han grabado sus conversaciones, se han incautado de documentación en papel y en formato electrónico y "toda aquella documentación que pudiera ser fuente de prueba ya obra en poder del juzgado y nada puede hacer" el investigado al respecto. "La prisión provisional no puede depender de la lentitud o rapidez de la investigación", apuntalan los letrados, que insisten en que tampoco es posible que su defendido incurra en reiteración delictiva puesto que "no ejerce ninguno de los cargos" que ostentaba y "no tiene ningún control sobre sociedades, cuentas o inversiones", puesto que todas están bloqueadas o embargadas.

El deterioro "evidente" del imputado, entiende la defensa de González, "requiere de una adecuada respuesta, pues los fines que justifican la prisión preventiva no pueden justificar la lesión de los derechos a la salud y a la integridad moral". Existen, continúa, "suficientes medidas alternativas a la privación de libertad que permiten garantizar los mismos objetivos legales". No se entendería que González siga en la cárcel, añade la defensa, salvo que esta medida sea utilizada "como mero instrumento punitivo", algo "ilegítimo en nuestro ordenamiento jurídico".