El PP de Madrid regó con dinero público las agencias que hicieron su campaña B de 2007
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carat se llevó 56 millones antes de las elecciones

El PP de Madrid regó con dinero público las agencias que hicieron su campaña B de 2007

El Gobierno de Aguirre concedió millones de euros en contratos públicos a las dos empresas de publicidad que aparecen en los papeles de Beltrán Gutiérrez sobre la caja B del PP madrileño

Foto: El exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez. (EFE)
El exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez. (EFE)

Miguel Ángel Rodríguez aterrizó en la presidencia de la central de compra de medios Carat España en 1998 tras dos años como portavoz del primer Gobierno de José María Aznar. Abandonó la compañía en enero de 2006 pero, para entonces, Carat ya se había convertido en uno de los adjudicatarios predilectos de los gobiernos populares de la Comunidad de Madrid. También del propio PP regional. Documentos encontrados por la Guardia Civil en la casa del entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, revelan que Carat ejecutó su campaña de 2007 y que al menos un millón del presupuesto que manejó la agencia en esos comicios salió de tres letras, "CAM", el acrónimo más utilizado para referirse a la Comunidad de Madrid. Gutiérrez lo anotó junto al nombre de la agencia.

¿De dónde salió exactamente ese dinero? Eso es lo que tratan de determinar los expertos en delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) y el instructor del caso Púnica, el juez Eloy Velasco, que investigan en secreto la caja B del PP madrileño desde hace dos años. Documentos como los encontrados en la vivienda de Beltrán Gutiérrez ya han llevado al juez a sostener, por lo pronto, que hay numerosos indicios de que la formación que lideraba Esperanza Aguirre se presentó a las elecciones de 2007, 2008 y 2011 superando los límites legales de gasto, como adelantó El Confidencial.

Según fuentes cercanas al caso preguntadas por este diario, el juez considera que ese millón de euros utilizado por Carat para la compra de espacios “de publicidad exterior” fue desviado de las adjudicaciones millonarias que recibió esa misma compañía de organismos públicos controlados por el propio beneficiario de la campaña: el PP de Madrid. Los ejemplos son numerosos. En abril de 2006, Metro de Madrid, dependiente de la comunidad, otorgó a Carat un megacontrato de 23,6 millones de euros, la cantidad más elevada que el suburbano había dedicado nunca a publicidad.

Ese mismo año, a solo 12 meses de las elecciones de 2007, Carat también recibió otro megacontrato de un organismo tutelado por el Ejecutivo de Aguirre. En concreto, el 31 de marzo de 2006, el BOE publicó la victoria de la central de medios en un concurso del Canal de Isabel II para desarrollar su publicidad por 9,86 millones, cinco veces el importe licitado para ese cometido en el ejercicio anterior. Y en 2007, el ente público del agua volvió a licitar otro contrato de 'marketing' por importe de 19,7 millones y una duración de dos años. La empresa que se lo llevó fue, nuevamente, Carat España. La licitación fue prorrogada y duró finalmente tres ejercicios.

Otras entidades también regaron con millones la cuenta de resultados de Carat antes de las elecciones bajo sospecha. El 27 de noviembre de 2006, por ejemplo, la Consejería de Empleo y Mujer entregó otros tres millones a la agencia para un plan de “prevención de la violencia de género y servicio de información telefónica para mujeres víctimas de violencia de género”. El juez Velasco mantiene que una parte de esa lluvia de millones públicos, al menos 56 millones de euros antes de los comicios de 2007, terminó en la caja B que presuntamente administraba Beltrán Gutiérrez. El desvío de los fondos se habría camuflado mediante facturas por conceptos mercantiles falsos.

La mecánica se habría repetido con al menos una segunda firma de publicidad que también participó en la campaña de Aguirre de 2007, Over Marketing, y que aparece igualmente en los documentos manuscritos por el exgerente del partido. El caso de Over era más conocido. Hace tres semanas, la UCO lanzó un nuevo operativo en Púnica para requerir precisamente los expedientes de todas las adjudicaciones concedidas por la Comunidad de Madrid a esa agencia, propiedad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado. Los agentes sospechan, al igual que en el caso de Carat, que una parte de los contratos que se llevó fueron instrumentalizados para dopar la financiación del PP en sucesivas elecciones. Los papeles del domicilio de Beltrán Gutiérrez reflejan que, al menos en 2007, Over Marketing habría realizado acciones para el partido por importe de 1,1 millones de euros en negro. Y Horacio Mercado ya reconoció en 2012 en un juzgado de Baleares haber hecho exactamente lo mismo para inyectar dinero negro el PP de las islas que presidía Jaume Matas.

En total, como publicó El Confidencial este jueves, Aguirre fue reelegida en 2007 tras destinar presuntamente a su campaña 5,7 millones de euros, más del doble de los 2,6 millones que comunicó a la Cámara de Cuentas autonómica. Esos 3,1 millones en B de diferencia salieron presuntamente de las adjudicaciones otorgadas a las agencias, pero también de donaciones de empresarios y subvenciones públicas que fueron canalizadas a través de Fundescam, la fundación sin ánimo de lucro de los populares madrileños. El juez Velasco apunta asimismo a dinero “en efectivo de procedencia desconocida”. Por su parte, el dinero de los empresarios venía supuestamente de otro nombre clave, “Diego León”, el nombre de la calle en la que tiene su sede la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

En opinión de Francisco Montiel, miembro de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que lidera la acusación popular en Púnica, “aunque falta conocer los informes de la Guardia Civil, todo apunta a que se están cerrando varios círculos al mismo tiempo”. “Por un lado”, sostiene Montiel, “está la financiación ilegal del PP de los papeles de Bárcenas, que está conectada con estos nuevos documentos. Además, por otro lado, también han aparecido vinculaciones con Fundescam, que ya fue investigada en Gürtel en una pieza separada, aunque luego se sobreseyó al concluir que los posibles delitos habrían prescrito. Si se demuestra ahora que Fundescam siguió siendo utilizada por el PP, estaríamos ante un delito continuado de falsedad y de cohecho y podría volver a investigarse todo”, apunta este letrado. “Se está conectando todo, incluso casos de financiación del PP de otros puntos de España que se habían investigado por separado. Parece que todo respondía a un plan conjunto”.

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