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La UCO investiga si el PP de Madrid se llevó dinero de 4 carreteras hechas por Dragados
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rastrea 9,4 millones de euros en contratos de publicidad

La UCO investiga si el PP de Madrid se llevó dinero de 4 carreteras hechas por Dragados

La Guardia Civil se lleva expedientes de la Consejería de Transportes, del Instituto Madrileño de Desarrollo, la Dirección General de Justicia y la empresa de Gestión del Medio Ambiente

Foto: La expresidenta del PP de Madrid inaugura el tramo de una carretera. (EFE)
La expresidenta del PP de Madrid inaugura el tramo de una carretera. (EFE)

La investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid en el caso Púnica se extiende como una mancha de aceite. El juez Eloy Velasco ha ordenado que se analicen cuatro contratos de la Consejería madrileña de Transportes para la construcción de carreteras que fueron concedidos a Dragados (Grupo ACS) entre 2007 y 2011, cuando Esperanza Aguirre aún era presidenta del Gobierno autonómico (2003-2012). Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en las últimas horas en esa consejería para llevarse los expedientes e incorporarlos a la causa.

El instructor de Púnica acusa al PP de utilizar esas licitaciones para colar gastos de promoción de las infraestructuras que luego habría aprovechado para pagar facturas de sus propias campañas electorales, según han revelado a El Confidencial fuentes cercanas al caso. Los presuntos responsables de la caja B de la formación habrían contado con la ayuda de algunas compañías adjudicatarias. Velasco apunta a un amplio abanico de licitadores, pero centra el foco en el grupo de comunicación del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, administrador de tres empresas de publicidad ya liquidadas, Over Markenting y Comunicación SL, Traci Comunicación y Link América, como adelantó 'El Independiente'. Las tres mercantiles recibieron contratos de la Comunidad de Madrid por valor de 9,4 millones de euros hasta 2010, según consta en un informe de la Agencia Tributaria incorporado al caso Palma Arena.

En relación a ese grupo de comunicación, el juez investiga un contrato de publicidad adjudicado en 2006 por el ente público Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid SA (Gedesma), por importe de 919.183 euros, para promocionar la “campaña del plan de residuos de construcción y demolición de la Comunidad de Madrid”. Efectivos de la UCO ya han acudido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para llevarse toda la información relacionada con el contrato, que terminó siendo concedido a Over Marketing y Comunicación SL.

Velasco también ha ordenado a la Guardia Civil que rastree un concurso público de 2006 licitado por el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), dependiente de la Consejería de Economía, para "la realización del diseño, planificación y producción de una campaña de publicidad (sin inserción en medios) que transmita la importancia de los autónomos y pymes en el desarrollo de la Comunidad de Madrid". El servicio se adjudicó por dos millones de euros y la empresa vencedora fue, nuevamente, Over Marketing y Comunicación SL.

Como ya reveló El Confidencial este miércoles, la investigación sobre la caja B del PP de Madrid también afecta a partidas presupuestarias del Campus de la Justicia y de la Ciudad de la Justicia, promovidos por los Ejecutivos de Aguirre y de su sucesor Ignacio González. Según ha podido saber El Confidencial, el grupo de Daniel Horacio Mercado se llevó al menos otros cuatro contratos vinculados a esos proyectos. En concreto, recibió 41.550 euros por la colocación de una lona publicitaria en el Aeropuerto de Madrid; 3.996 euros por una maqueta de presentación del boceto del arquitecto Norman Foster; 4.335 euros por el diseño del logotipo del Campus, y otros 92.238 euros por un evento de presentación del proyecto en la Casa de Correos de Madrid.

Además, el empresario argentino se habría llevado numerosos contratos de publicidad del plan de infraestructuras hospitalarias que promovió la Consejería de Sanidad durante el mandato de Aguirre para construir 11 nuevos centros en colaboración con firmas privadas. Velasco también investiga el destino de esos fondos, que salieron nuevamente de partidas de promoción incorporadas al presupuesto de las obras. Entre 2004 y 2007, Sanidad construyó los centros Infanta Sofía, Del Henares, Infanta Leonor, Infanta Elena, Sureste, Del Tajo, Infanta Cristina y Puerto de Hierro-Majadahonda. Y entre 2007 y 2011, promovió los de Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba.

El juez investiga los hospitales madrileños de la época de Aguirre en relación a la trama Púnica

Según fuentes cercanas al procedimiento, los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil han entregado al juez numerosos indicios que acusan al PP de haber utilizado esos capítulos presupuestarios de publicidad incluidos en los proyectos para costear sus propios gastos electorales. Para desviar los fondos a su contabilidad, los encargados de la financiación del partido habrían utilizado facturas falsas por servicios inexistentes.

Se trataría de la misma mecánica que ya descubrió el Instituto Armado en el caso Palma Arena de Islas Baleares. En ese otro procedimiento, se investiga si la Consejería de Sanidad del archipiélago utilizó la construcción del Hospital de Son Espases, adjudicado también a Dragados, para colar una campaña de publicidad de 180.000 euros que fue concedida precisamente a Over Marketing y Comunicación SL y que habría servido para costear actos del PP de Jaume Matas. El empresario reconoció ante el juez Castro que su grupo de publicidad había sido empleado por los populares de las islas para financiarse ilegalmente. Los investigadores de Púnica mantienen ahora que el PP de Madrid habría utilizado exactamente el mismo método para inyectar fondos en su caja B.

La investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid en el caso Púnica se extiende como una mancha de aceite. El juez Eloy Velasco ha ordenado que se analicen cuatro contratos de la Consejería madrileña de Transportes para la construcción de carreteras que fueron concedidos a Dragados (Grupo ACS) entre 2007 y 2011, cuando Esperanza Aguirre aún era presidenta del Gobierno autonómico (2003-2012). Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en las últimas horas en esa consejería para llevarse los expedientes e incorporarlos a la causa.

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