ofensiva del gobierno para sacar los presupuestos

Presupuestos: Hacienda tienta a los barones del PSOE con inversiones y más funcionarios

Mientras abre conversaciones con los responsables económicos del PSOE, el Gobierno ofrece un aumento de personal docente y de sanidad a los consejeros autonómicos y los sindicatos

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (Reuters)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (Reuters)

Como en la investidura de Mariano Rajoy, el Gobierno vuelve a presionar a los barones autonómicos socialistas, esta vez para lograr que el grupo parlamentario del PSOE colabore en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Además de las conversaciones con los responsables del área económica del primer partido de la oposición, Hacienda ha hecho llegar a los consejeros de las principales autonomías el mensaje de que todos sus planes de inversiones y aumento de plantillas en sanidad y educación, vía convocatorias directas o por integración de interinos, depende de que antes del verano estén aprobadas las cuentas del Estado. Y el mismo planteamiento transmite a los sindicatos, que en las cuentas prorrogadas no caben sus peticiones de más empleo público y aumentos salariales.

El Ejecutivo mantiene el calendario previsto para llevar su proyecto de Presupuestos del Estado, y "que cada cual se retrate" en el Congreso: al Consejo de Ministros el 31 de marzo, presentación en la Cámara a continuación y el debate en pleno después de Semana Santa, fase en la que las cuentas tienen que salvar el primer obstáculo, el de las enmiendas a la totalidad.

En fuentes gubernamentales dan por encarriladas las negociaciones con Ciudadanos, el PNV y Coalición Canaria para garantizarse los 175 votos imprescindibles para un empate que frenaría la propuesta de devolución de los socialistas que contará con el previsible apoyo de Podemos y los independentistas. Pero el acuerdo dista de estar cerrado, se reconoce como de alto riesgo hasta en la cifra (175 frente a 175) y no aseguraría después que las cuentas se salvaran en los trámites de las enmiendas parciales. Ministerio a ministerio, sección a sección, cualquier cambio podría descuadrar todo el Presupuesto en mayo.

Una clase vacía.
Una clase vacía.

Por eso en el Ejecutivo insisten en que es imprescindible la colaboración del único grupo que puede garantizar la aprobación de los Presupuestos, el PSOE, aunque sea con acuerdos discretos, con derrotas y cesiones incluidas, con tal de mantener al final unas cuentas del Estado congruentes que sirvan para apuntalar el crecimiento económico y cumplir al tiempo con los compromisos de ajuste apalabrados con la UE.

Esas conversaciones están en marcha desde hace tiempo, pero los interlocutores del grupo socialista que dan buenas palabras a los planteamientos de Hacienda también reconocen que no saben muy bien a quién tendrán que reportar, ahora y menos aún partir de mayo cuando se pongan en marcha sus elecciones primarias. La gestora del PSOE, su dirección interina, sigue acorralada entre la competencia de Podemos y la amenaza de Pedro Sánchez de recuperar el control del partido.

La ventaja que tiene el Gobierno es que los grupos parlamentarios, y el primero el del PSOE, también se examinan ante los gobernantes autonómicos y municipales de sus respectivos partidos. Todos los barones regionales quieren gastar más y empezar a recuperar las cifras de funcionarios, docentes y personal sanitario de antes de la crisis, objetivo imposible sin unas nuevas cuentas del Estado con nuevas tasas de reposición de personal.

Susana Díaz, Emiliano García-Page, Guillermo Fernández Vara, Ximo Puig o el propio Javier Fernández, presidente de la gestora, necesitan unos Presupuestos Generales del Estado cuanto antes para poner en marcha sus propias promesas de aumento de plantillas en las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Asturias.

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz (d), y el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. (EFE)
La presidenta de Andalucía, Susana Díaz (d), y el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. (EFE)

En la reunión de presidentes autonómicos celebrada en enero ya se pusieron las bases para aumentar las tasas de reposición de funcionarios docentes, acuerdo entre administraciones que el Gobierno quiere desarrollar hasta sumar una contratación de 150.000 nuevos docentes no universitarios en tres años. Pero para ello hay que garantizar las correspondientes partidas en los Presupuestos Generales del Estado en los próximos ejercicios.

Cristóbal Montoro informó en el último Consejo de Ministros al resto del gabinete de que ya ha puesto en marcha los detalles de su oferta para aumentar las plantillas de las autonomías, tanto en el sector de la educación como en el de la sanidad, y que examina con los consejeros autonómicos y representantes sindicales las necesidades en esa materia.

El ministro de Hacienda ya ha planteado a los enviados de los barones socialistas un plan de reducción de interinos (con oposiciones internas y libres) como vía para recuperar y mejorar parte del empleo público perdido con la crisis económica y los ajustes posteriores. Es una oferta que depende de que el grupo parlamentario de su partido colabore en el Congreso para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, antes o al tiempo que el PSOE celebra sus primarias porque los calendarios se cruzan.

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