Facturas impagadas, simuladas y opacas... La UDEF describe el ático de Ignacio González

A falta de las evidencias definitivas, la Unidad contra los Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto sobre la mesa del Juzgado número 5 de Estepona (Málaga) un informe con todas las irregularidades que ha detectado en el caso de la adquisición del ático de Marbella por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su esposa, Lourdes Cavero. El abono de facturas a destiempo, la falta de claridad sobre el origen del dinero, el incumplimiento de las obligaciones tributarias del anterior dueño del inmueble, la venta por debajo del precio del mercado o la "simulación de pagos para dar apariencia de verosimilitud" son algunas de las conclusiones expuestas por los investigadores, que han pedido la práctica de nuevas diligencias para esclarecer la polémica operación.

"No queda acreditado que los pagos en concepto de arrendamiento se abonaran en tiempo y forma", asegura el informe policial, que percibe "cierta aleatoriedad en el momento" en que se efectúan los abonos o "en el concepto abonado a los mismos". "Ni siquiera se habrían abonado todas las facturas", deducen los agentes de la Brigada de Blanqueo y Anticorrupción de la UDEF tras analizar los datos aportados por los bancos americanos y españoles, las declaraciones de imputados y testigos, así como las cuentas de las mercantiles implicadas en las diferentes fases de la transacción económica.

"El motivo de esta apariencia descuidada —argumentan los investigadores, en referencia a la mencionada aleatoriedad en los pagos— pudiera ser que no obra en la causa toda la documentación existente, aunque también cabe la posibilidad de que, como se ha apuntado, no exista realmente correspondencia entre facturas y transferencias, tratándose de una simulación en la que se efectuarían ciertos pagos al objeto de dar apariencia de verosimilitud".

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Los policías destacan el hecho de que Coast Investors, la mercantil que adquirió el ático justo antes de que González y Cavero lo alquilaran, bajara el precio del alquiler al matrimonio de 6.000 a 4.200 euros trimestrales a los tres años del contrato de arrendamiento, o que Cavero visitara el piso antes de que el anterior propietario se lo vendiera a la empresa americana, o que Rudy Valner, el administrador de la sociedad radicada en Delaware (EEUU), adquiriera el inmueble sin ni siquiera verlo.

Subrayan que la mercantil "no ha cumplido con sus obligaciones tributarias". Aunque no pueden "hablar propiamente de ocultación a los órganos reguladores y fiscales", señalan los miembros de la UDEF, "sí que" ha habido incumplimiento de obligaciones tributarias "hasta el momento en que fue requerida para ello" la referida sociedad. "Lo que el análisis de la documentación sí ha revelado es una serie de datos objetivos que muestran ciertas irregularidades en el proceso de compraventa, arrendamiento y nueva compraventa que merecen atención", resumen los investigadores.

El ático es puesto a la venta por primera vez a finales de 2006 por quien era entonces su propietario, José Javier V. P., quien lo ofertó por un millón de euros. Tanto él como la agente de la propiedad inmobiliaria Marisa B. L. enseñan el piso a una quincena de potenciales compradores, entre los que se encuentra Cavero, que según la policía visitó la casa en dos ocasiones. Sin embargo, no se decidió a alquilarla hasta que en marzo de 2008 aparece en el escenario Coast Investors, mercantil creada ese mismo mes en Delaware (EEUU) con un claro objeto de negocio, "adquirir intereses sobre bienes inmuebles en España", y con una estructura —según los investigadores— opaca.

Coast Investors, representada por el ciudadano norteamericano Rudy Valner —que posee el 1% de la misma—, es en su mayor parte propiedad de la sociedad Walfort Overseas Investments, que cuenta con el 99% del accionariado. Esta última, a su vez, pertenece a Luis Osvaldo Repetto, según declaró el propio Valner, a quien la policía considera blindado en esa empresa, ya que no se le puede despedir "bajo ninguna circunstancia". Los agentes también destacan que ni Valner ni Repetto tienen experiencia inmobiliaria. Este último, además, según recuerdan los agentes, fue calificado como productor de cine por parte del presidente del Atlético de Madrid y empresario audiovisual también imputado en la causa, Enrique Cerezo, quien a su vez se refiere a Valner como asesor jurídico especializado en el sector del cine.

Coast Investors adquirió el ático en 2008. Valner hizo una transferencia de 100.000 euros en marzo en concepto de anticipo y otra de 650.000 en mayo para formalizar la compra. Ambas fueron realizadas desde una cuenta a nombre de Valner y hacia un depósito propiedad de José Javier V. P. Los investigadores de la UDEF califican de "tremendamente llamativo el hecho de que el pago de la señal se realizase sin que Valner" viera el ático. De hecho, insisten, "no hay constancia" de que el hombre que desembolsó el dinero visitara el inmueble "en ningún momento". Tampoco de que lo hiciera Repetto, a pesar de que —según Valner— fue él quien seleccionó la vivienda. "No hay constancia tampoco de la forma en que ambos tuvieron conocimiento de que la propiedad se encontrara en venta", destacan los agentes.

¿Por qué José Javier V. P. rebaja de un millón a 750.000 euros el precio de la vivienda? Según el vendedor, por "la seriedad y la confianza que le transmitió vía telefónica quien para él era un desconocido, Rudy Valner", explican los miembros de la UDEF que suscriben el informe, que considera "insuficiente" esta argumentación, como también ven sospechoso el hecho de que la agente de la propiedad Marisa B. L. no cobrara nada por su trabajo debido a "la amistad y confianza" que tenía con José Javier V. P.

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Justo después de comprar el inmueble, Valner "pone un anuncio en el periódico local" en el que anuncia que lo alquila, notificación que según la mujer de González ella misma leyó y llamó para interesarse, dado que era la vivienda que ya había visitado. "Sin embargo, a lo largo del procedimiento no consta la publicación de ese anuncio, que tanto Valner como González y Cavero citan en sus respectivas declaraciones", resalta el informe policial elaborado el pasado 7 de febrero. También "llama la atención", añaden los autores del documento entregado al Juzgado número 5 de Estepona, "que fuera el propio Valner el que personalmente publicara el anuncio" sin servirse de intermediario local alguno, "cosa extraña dado que se trata de una propiedad de lujo".

"El propio Valner no solo puso personalmente el anuncio, sino que además ni siquiera disponía de un modelo de contrato para el arrendamiento, que fue aportado por los propios arrendatarios", según admitieron ellos mismos en sus declaraciones. Solo un mes después de la compra, el matrimonio firma el contrato de arrendamiento, en el que acuerdan abonar 6.000 euros por trimestre durante 18 meses prorrogables. Es en el pago de estas cuotas donde, según la UDEF, podrían haberse producido las mencionadas "simulaciones" de abono en las facturas. "La documentación aportada por Coast Investors a la Agencia Tributaria siembra dudas sobre el pago de las cuotas debidas por los arrendamientos por parte de González y Cavero, ya que aparentemente no se habrían abonado todas las facturas expedidas por la mercantil, además de la falta de correspondencia entre facturas y pagos", señala el informe de la UDEF.

También es calificado por la policía como "otro dato a tener en cuenta la falta de interés" de Valner para pagar sus impuestos en España. "Los importes correspondientes tanto al IBI como a la tasa de basuras de entre 2009 y 2012 se abonan el día antes de la venta del inmueble a González y Cavero, con el consiguiente recargo", destacan los agentes de la unidad de anticorrupción policial. También la Agencia Tributaria desveló que Coast Investors no declaró los rendimientos obtenidos por el alquiler del inmueble como entidad no residente sin establecimiento permanente ni el gravamen especial sobre bienes inmuebles, conceptos que fueron luego exigidos por Hacienda más los intereses. Ni siquiera abonó sus impuestos en Delaware, destaca el informe policial, que recuerda que de hecho Coast Investors perdió su acreditación en Delaware por este motivo.

El documento de la UDEF subraya asimismo el "ruinoso" negocio que supuso para la mercantil norteamericana el conjunto de la operación inmobiliaria. "Teniendo en cuenta que se desconocen todos los gastos que habría tenido que acometer, la sociedad habría perdido unos 24.000 euros, considerando el total de ingresos y gastos", señala el informe, que concluye que aunque en este momento "no se puede acreditar el origen de los fondos mediante los que se adquirió la propiedad en 2008 (...), sí se aprecian suficientes irregularidades y lagunas de información en todo el proceso que envuelve las sucesivas compraventas y arrendamientos que aconsejan la práctica de nuevas diligencias".

Para conseguir aclarar la operación, la policía reclama al juzgado que requiera al US Bank vía urgente que aporte "toda la información que posea" sobre la cuenta de Coast Investors desde la que se pagó el ático, las personas autorizadas, la fecha de apertura y los movimientos con detalle de motivo y fecha. Recuerdan los agentes que esta comisión rogatoria debe realizarse con prontitud debido a que a finales del presente ejercicio la entidad podría haber borrado la información en cumplimiento de la ley de conservación de datos, como ya ocurrió con este mismo banco en noviembre de 2015 tras otra solicitud.

También piden los investigadores que los servicios de prevención de blanqueo de BBVA, Bankia, CaixaBank y Banco Popular aporten toda la información que tengan sobre las diferentes cuentas utilizadas para abonar el pago del ático y los alquileres desembolsados durante el periodo en que el matrimonio González-Cavero estuvo arrendando el inmueble.