Solo PP y PSOE respaldan al Rey en su polémico viaje a Arabia Saudí

La visita que Felipe VI y el nuevo ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, harán a Arabia Saudí entre el 12 y 14 de noviembre ha levantado ampollas en la mayor parte de las formaciones políticas, que no dudan en mostrar su disconformidad con que altos representantes institucionales acudan a un país que no respeta los derechos humanos. Pero, en esta ocasión, las críticas no se han ceñido exclusivamente a dirigentes de Unidos Podemos, que ya pidieron el pasado enero al monarca cancelar un viaje muy similar —anulado finalmente por la situación de interinidad del Gobierno—, sino que se ha extendido a muchos otros grupos parlamentarios, generando un enrevesado debate y dejando a PP y PSOE como los únicos que defienden el desplazamiento por los intereses económicos que suscita para España.

El viaje a Oriente Medio servirá al Rey para recuperar su agenda exterior tras meses de parón con un Ejecutivo en funciones, y se produce en el marco de importantes operaciones empresariales, cuando el acuerdo entre Navantia y el Gobierno saudí para un contrato de más de 2.000 millones de euros que permitirá la construcción de cinco corbetas depende solo del visto bueno del país de Oriente Medio, ya que todos los informes técnicos están listos. En la otra cara de la moneda se encuentran las obras del AVE Medina-La Meca, a falta de unos meses para que entre en funcionamiento la primera línea del tren de alta velocidad de un proyecto de 6.700 millones de euros.

Un destino "poco acertado", en palabras de Íñigo Errejón, en el que la Jefatura del Estado pretende continuar estrechando lazos con una nación amiga para España, especialmente en tiempos del rey Juan Carlos. Precisamente sobre esto se pronunciaron los partidos catalanes y, en concreto, sobre la "persistencia e interés" en mantener esas buenas relaciones —en palabras de Francesc Homs, que aprovechó para reprochar "la poca transparencia" en torno a las mismas—.

Esquerra Republicana de Cataluña, a través de su portavoz, Gabriel Rufián, fue un paso más allá y tildó de "tremendamente cuestionable a nivel democrático" la visita en la que debutará el recién nombrado titular de Exteriores, y la diputada de Unidos Podemos Irene Montero dejó a un lado las medias tintas para afirmar que a su partido le "avergüenza" que el Rey, "la imagen que representa a todo nuestro país", se haga fotografías con dictadores.

En medio de esta tormenta política se situó Ciudadanos, que no se sumó a la ola de duras críticas, pero que sí pidió aprovechar la visita del Rey para "denunciar la falta de derechos" en el país saudí. Albert Rivera aseguró que se hace necesario mantener las relaciones comerciales existentes sin "plegarse". El líder de centro afirmó que "una cosa es la diplomacia y otra es no preservar tus posiciones" para dejar clara su postura: el Gobierno español debería tener un gesto al respecto para defender el modelo occidental, poniendo como ejemplo al todavía presidente de EEUU, Barack Obama, cuando viajó a Cuba y denunció la existencia de presos políticos.

TE PUEDE INTERESAR

El Rey recupera su agenda exterior y viaja a Arabia Saudí con el nuevo Gobierno

Paloma Esteban

De una u otra forma, la visita que se producirá en apenas cuatro días compromete el papel del jefe del Estado y del ministro de Exteriores, después de que una gran parte de la representación de la Cámara Baja cuestione las relaciones con Arabia Saudí. Solo los grupos parlamentarios de PP y PSOE apoyaron que la agenda internacional se reanude al poco tiempo de formarse el nuevo Gobierno en este país, para "defender los intereses económicos" de España y "de sus empresas", en palabras del portavoz socialista, Antonio Hernando, que apartó al monarca de cualquier otra responsabilidad, incidiendo en que deben ser el Gobierno y los partidos políticos quienes reivindiquen la defensa de los derechos humanos.

En la cuestión económica es en la que se centran los populares para defender la presencia del Gobierno y la Jefatura del Estado en Arabia Saudí, donde España tiene "intereses económicos enormemente relevantes", según explicó el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, para insistir además en que "nadie puede cuestionar" que ambas instituciones sean favorables a defender los derechos humanos y que no comulgan con las políticas practicadas en ese país. Eso sí, los populares insisten en que la prioridad es mantener las relaciones comerciales, porque si no fuera así, "las empresas estarían muy limitadas" en su acción exterior.