El fiscal pide imputar a 3 miembros de CUP y un edil de Podemos por quemar fotos del Rey
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El fiscal pide imputar a 3 miembros de CUP y un edil de Podemos por quemar fotos del Rey

El Ministerio Público toma la decisión tras ver el atestado sobre la manifestación de la izquierda anticapitalista. Cree que cinco manifestantes cometieron un delito de injurias a la Corona

Foto: Miles de personas participan en la diada. (Efe)
Miles de personas participan en la diada. (Efe)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha examinado el informe enviado por los Mossos d'Esquadra por los incidentes en los actos de la pasada Diada Nacional de Cataluña y ha decidido iniciar una investigación sobre la quema de fotos del Rey durante uno de los gastos reivindicativos. El Ministerio Público ha solicitado al juez Fernando Andreu que llame a declarar a cinco personas que, supuestamente, habrían incinerado las imágenes del monarca. Entre ellas se encuentra el portavoz de Som Gramenet, la marca de Podemos y la CUP en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, una candidata de la CUP al Parlament el 27-S, un candidato de esa misma formación al Ayuntamiento de Manresa (Barcelona) y un asesor del grupo municipal de la CUP en la capital catalana.

Un día después de la celebración, la fiscalía anunció que, en principio, no tenía intención de iniciar ningún tipo deinvestigación por esos incidentes salvo que del atestado realizado por la policía autonómica catalana se dedujera la comisión de algún tipo de delito. Tras estudiar el informe, el organismo que dirige Javier Zaragoza ha solicitado que se llame a declarar a Jordi Almiñana Domenech, Nora Miralles Crespo (candidata suplente de la CUP al Parlament el 27-S), Iván Altimira Miralles (asesor de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona), Roger Santacana Hervada y Aitor Blanc Aranjuelo (portavoz de Som Gramenet en Santa Coloma) como investigados por un presunto delito de injurias a la Corona.

Quema de fotos del Rey.

Los hechos se produjeron durante la tradicional marcha de la izquierda anticapitalista que cada Diada recorre las calles de la capital catalana. En esta edición estaba organizada por la CUP y otros grupos de izquierda como Arran y Endavant. Entre los manifestantes se repartieron octavillas que, por un lado, tenían la imagen del rey Felipe VI y en el otro artículos de la Constitución y que fueron quemados con las antorchas que llevaban algunos de los asistentes a la marcha. Entre los manifestantes, unos 5.000, se encontraba la diputada catalana de la CUP Anna Gabriel y la concejal de esa misma formación en el Ayuntamiento de Barcelona Laia Estrada.

El artículo 491.2 del Código Penal castiga con penas de seis a 24 meses "al que utilizare la imagen del Rey o Reina o de cualquierda de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte (...) o del Príncipe o Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona". Ese mismo texto legal también prevé una pena de entre seis meses y dos años para las injurias graves al monarca y de multa de seis a doce meses si las injurias no merecen esa calificación.

El Código Penal castiga con penas de seis a 24 meses "al que utilizare la imagen del Rey o Reina de forma que pueda dañar el prestigio de la Corona"

En noviembre de 2015, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó a los 'mossos', la Policía y la Guardia civil que actuaran si en el proceso independentista catalán se produjera un delito de sedición, ya que encajaría dentro de los "delitos contra la forma de Gobierno", que son competencia de ese tribunal. En su instrucción, el fiscal jefe aseguraba que ese tribunal sería competente para actuar contra cualquier persona que no fuera aforada a otro tribunal, lo que, en los meses siguientes produjo la apertura de causas contra varios alcaldes catalanes. Los asuntos penales dirigidos contra diputados catalanes o miembros del Gobierno de la Generalitat corresponden al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Según la instrucción de Zaragoza, la Audiencia podría actuar en casos de "rebelión y sedición" cuando la finalidad de los actos realizados sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". En esos casos el texto compelía a las fuerzas de seguridad a impedir esos actos desde el momento en que el Tribunal Constitucional invalidara la resolución independentista aprobada por el Parlamento catalán a finales del pasado año.

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