la burbuja financiera

El Estado no se opone a la imputación de MAFO y Restoy en el caso Bankia

Sus servicios jurídicos, que actúan en nombre del FROB, rechazan pronunciarse sobre la petición de la CIC para que el juez Andreu los llame a declarar como investigados

Foto: El exgobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez. (EFE)
El exgobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez. (EFE)

Nada que decir. Ni a favor, ni en contra. La Abogacía del Estado ha enviado un escrito al juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, en el que asegura que no tienen nada que alegar sobre la imputación del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el actual subgobernador Fernando Restoy, solicitada por la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC). El documento, que no se opone a que se les llame a declarar como investigados, se limita a reflejar que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) rechaza formular alegaciones con el objetivo de "esclarecer los hechos".

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Tras el duro rechazo de Andreu a su primera petición, la CIC, representada por Andrés Herzog (exlíder de UPyD), volvió a solicitar el pasado 19 de octubre la imputación de Fernández Ordóñez y Restoy. Lo hizo con hechos nuevos sobre la mesa; después de que se conocieran los correos electrónicos intercambiados por el inspector del Banco de España empotrado en Bankia, José Antonio Casaus, con sus superiores en fechas previas al debut bursátil de la heredera de Caja Madrid. En esos 'emails', Casaus aseguraba que la entidad era inviable, auguraba su intervención y rescate, y predecía que gran parte del sufrimiento caería sobre los preferentistas.

Además del exgobernador y el actual subgobernador, la CIC reclama además la imputación de Javier Arístegui, antiguo subgobernador. También la de los cargos del supervisor que ya declararon el pasado julio ante el juez, donde aseguraron, en contra de los peritos designados por Andreu, que las cuentas con las que Bankia salió a Bolsa sí reflejaban la imagen fiel de la entidad y que esta contaba con provisiones suficientes –valoradas en 3.000 millones– para afrontar las posibles contingencias que se pudieran dar. Se trata del ex director general de supervisión, Jerónimo Martínez Tello; Mariano Herrera, que ocupa actualmente ese mismo puesto; Pedro González, director del departamento de cajas; y Pedro Comín, jefe de grupo a cargo de la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su salida a Bolsa.

Tras recibir esa petición de Herzog, que actúa como acusación popular, el juez Andreu la envió al fiscal y al resto de las partes personadas en el proceso para que presentaran sus alegaciones y se pronunciaran a favor o en contra. El informe de Anticorrupción todavía no ha llegado al juzgado, pero sí el de la Abogacía del Estado. "En aras a mantener la objetividad de su participación en el proceso, encaminada, como ha manifestado reiteradamente, a asegurar el adecuado esclarecimiento de los hechos investigados y proteger los recursos públicos, el FROB declara que no va a formular alegaciones respecto a la solicitud formulada", refleja textualmente el documento, firmado por el abogado del Estado Jorge González Cortade.

El juez Andreu rechazó el pasado 1 de julio la primera petición de la CIC al considerarla "impertinente e inútil por infundada". En un auto muy duro, el instructor aseguraba que el delito investigado, la estafa a los inversores, solo puede cometerse intencionadamente, lo que supondría que los funcionarios y cargos del supervisor habrían participado "de forma consciente, voluntaria y materialmente al resultado lesivo, esto es, a la causación del perjuicio a los inversores". "Y ello dentro de un plan delictivo acordado con los querellados", continuaba la resolución, que aseguraba: "Dicha elaboración fáctica es inverosímil". El 17 de octubre, la Audiencia bendijo la decisión de Andreu. Pero solo dos días despues, ya con los correos de Casaus sobre la mesa, la CIC volvió a reiterar su solicitud.

El FROB mantiene en el caso Bankia el estatus de perjudicado como accionista mayoritario de la entidad tras su rescate y ejerce la acusación particular. Hasta hace unos meses, el organismo dependiente del Ministerio de Economía estaba representado por un letrado privado, pero ha decidido cambiar su estrategia procesal y que sean los servicios jurídicos del Estado, integrados en el Ministerio de Justicia, quienes defiendan sus intereses en la causa. Su anterior letrado, Fernando Aizpún, también declinó dar su parecer al juzgado respecto a la anterior solicitud de imputación de cargos del Banco de España presentada por la CIC.

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