Rafael Catalá: calma y diálogo tras el 'torbellino Gallardón'

Es lo opuesto a su antecesor. El perfil bajo y el diálogo frente al expansionismo sin límite. La calma mediática contra los cientos de titulares que protagonizó Alberto Ruiz-Gallardón con su efusión legislativa. Nada de polémicas. Desde su toma de posesión como ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo (Madrid, 1961) ha dedicado sus esfuerzos a restañar las heridas abiertas por el expresidente y exalcalde madrileño en todos los colectivos que tienen que ver algo con su cartera. Los jueces y fiscales, sí, pero también los secretarios judiciales, los abogados, los notarios, los registradores…

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Ya desde su primer discurso, en septiembre de 2014, se vio su intención de arreglar esos desaguisados. El principal, las tasas judiciales implantadas por Gallardón en 2012 para tratar de “reducir la litigiosidad”, es decir, deshacer el atasco judicial, impidiendo 'de facto' el acceso a la Justicia de los sectores más desfavorecidos. Pero también su intención de dejar aparcados los grandes proyectos del anterior titular, como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o la completa reformulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “No hay tiempo”, vino a decir nada más hacerse cargo del ministerio a un año del final de la legislatura.

Durante sus dos años largos de ministro, el único desencuentro con los operadores jurídicos ha sido la limitación de la instrucción de las causas penales a seis meses, salvo que el fiscal pida y el juez acepte que se declaren complejas, con lo que la investigación se podrá prorrogar. La medida, considerada una "ley de punto final" por el progresismo judicial, ha obligado a jueces y fiscales a revisar las más de 400.000 investigaciones criminales abiertas en España para comprobar si debían ser cerradas —concluidas para su enjuiciamiento o archivadas— al haber transcurrido ese plazo o si podían alargarse debido a las dificultades de las pesquisas.

El gran empeño del titular de Justicia ha sido la digitalización de los juzgados, con el objetivo declarado de "papel cero". Esta iniciativa, articulada a través del programa de notificación telemática Lexnet, también ha causado problemas y el rechazo de algunos juzgados, la Fiscalía y los abogados, que han pedido, sin éxito, una moratoria en la obligación de utilizarlo. Pero ninguna de esas políticas ha causado la oposición de los profesionales y amplios sectores sociales que suscitó su antecesor con su defensa encendida de su restrictivo proyecto de ley del aborto o la implantación de las tasas, finalmente tumbada por el Tribunal Constitucional.

A Catalá se le considera próximo al núcleo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Con ella recién incorporada al PP, Catalá formó parte del equipo que se encargó de redactar el programa del partido en materia de Justicia para las elecciones de 2000. Dos años después, cuando José María Aznar sustituyó a Acebes por José María Michavila al frente del ministerio, se convirtió en su número dos, al ser nombrado secretario de Estado del ramo.

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Justicia, Formento, Hacienda y Administraciones Públicas. Esas han sido las áreas por las que este licenciado en Derecho y miembro del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado ha transitado durante su carrera en el Ejecutivo en los ejecutivos de Aznar y Rajoy. Antes de convertirse en secretario de Estado de Justicia con Michavila, fue subsecretario de Hacienda con el ministro Cristóbal Montoro.

Cuando en 2014 sustituyó a Gallardón, procedía de Fomento, donde ocupó el cargo de secretario de Estado de Infraestructuras. En ese ministerio —dirigido entonces por la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor—, Catalá tuvo que emplear a fondo su talante negociador y dialogante en asuntos como el conflicto laboral de Iberia, el rescate de las autopistas radiales de Madrid o la salida a bolsa de Aena. Todo ello en plena crisis, con la licitación pública a la baja debido a los recortes.

Sin polémicas, sin estridencias, sin soberbia… Su personalidad conciliadora lo convierte en un activo para Mariano Rajoy en el segundo mandato que acaba de emprender. Un periodo muy distinto al de la mayoría absoluta de la que disfrutó hasta diciembre y en el que, con solo 137 diputados, tendrá que negociar en las Cortes cada una de sus iniciativas. Con Catalá, según los que lo conocen, alcanzar acuerdos será más fácil.